Con respecto a los primeros 100 días de mandato de gobernadores y alcaldes, cabe indicar que este es tan solo el 7% de un gobierno de cuatro años. Es un periodo exiguo de tiempo para evidenciar resultados puntuales en los objetivos planteados en campaña y en el desarrollo de sus primeras ejecuciones al frente de sus correspondientes administraciones.
Aun así, es prioritario realizar esta evaluación la cual busca identificar cómo será en el futuro el desempeño de los mandatarios locales en su periodo de gobierno. Este primer corte de tiempo para rendir cuentas tiene un significado simbólico y es interpretado como un barómetro sobre el poder de gestión y el cumplimiento de sus promesas electorales, los planes de gobierno y las obligaciones constitucionales.
Referente a los retos en seguridad, en Colombia persiste un conflicto de más de 50 años que demanda la intervención de los fenómenos del crimen en su amplia gama de manifestaciones, a partir de la identificación y sanción respectiva a los perpetradores de actos delincuenciales; tengamos claro que la improvisación, la falta de diagnósticos y la impunidad no garantizan el orden, por el contrario, generan consecuencias que afectan el cotidiano transcurrir ciudadano.
Para abordar la seguridad en los territorios, es obligatorio por la Ley 62 de 1993 la implementación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) por parte de los mandatarios locales en los primeros seis meses de gobierno, como el principal instrumento de planeación en materia de seguridad y convivencia ciudadana, para poner el foco en las medidas necesarias y prioritarias, y atender el fenómeno de orden público de las regiones.
La formulación, implementación y seguimiento de los PISCC debe contar con la participación de actores institucionales, de la sociedad civil y del sector privado, es ineludible que se encuentren articulados con otros instrumentos de política pública, tales como el Plan Nacional de Desarrollo, la Política de Seguridad, Defensa, Convivencia Ciudadana y el plan de desarrollo local, lo que permitirá hacerlos coherentes y crear sinergia entre los diferentes niveles del Estado.
El PISCC debe estar pensado como mínimo para los cuatro años del periodo de gobierno, y tiene que establecer el programa de inversiones en materia de seguridad y convivencia ciudadana, estrechamente relacionada con las competencias de las autoridades territoriales presentes en la región, asignando recursos a las diferentes líneas de acción, programas y proyectos formulados en la concertación estratégica del mismo, definiendo el alcance de los recursos disponibles y muy importante revisar las fuentes de cofinanciación por parte de otros sectores de la administración pública.
Crear una arquitectura de la seguridad en Colombia no debe remitirse a elaborar una lista de tareas que obedezcan a medidas mediáticas y aisladas, todo lo contrario, es necesario que los responsables en el territorio, en cabeza de la primera autoridad local, desarrollen procesos de planeación basados en diagnósticos que se conviertan en el “libro blanco”, como herramienta del conocimiento de las realidades en cada región, y, desde luego, en planes, proyectos y acciones que permitan con la multidisciplinariedad y la interinstitucionalidad local atender las manifestaciones del delito y la violencia.
En consecuencia, los PISCC son la base para la toma de decisiones en los asuntos de la seguridad en el territorio y para los ciudadanos, los cuales deben ser acordados con los principales actores sociales en el territorio, estableciendo objetivos, responsables e indicadores con evaluaciones periódicas y el análisis del impacto de sus resultados. Estas medidas además tienen que implicar un abordaje comunicacional para ser interiorizadas con la sociedad y evitar la desinformación que genera horizontes desesperanzadores en el corto, mediano y largo plazo.
