El pasado 11 de junio, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció sobre catorce nuevos casos de perfilamientos y vigilancia ilegal a periodistas en Colombia.
En mayo, la Flip ya había documentado los casos de 38 periodistas que hacían parte de los perfilamientos mencionados por la revista Semana en su publicación “Carpetas secretas”. Es decir, hasta el momento, son 52 los periodistas en total que habrían sido objetos de seguimientos.
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De los catorce nuevos casos la Flip obtuvo autorización de los siguientes periodistas para ser incluidos en el comunicado, son ellos: Damien Fellous, Gerald Bermúdez, Julián Martínez, Gustavo Rugeles, Javier Alexander Macías, Ibéyise Pacheco, Alberto Federico Ravell, Sandra Paola Soto, Vivian Fernández y Miguel Mattus. Los restantes han preferido que su nombre no se haga público o no ha sido posible contactarlos.
La Flip define los perfilamientos como la información recogida por el Ejército que incluye, además de árboles de contactos, anotaciones sobre la raza, religión, datos de sus familiares, amigos, fuentes o direcciones de domicilio, entre muchos otros.
También contempla anotaciones o “conclusiones” que refiere a deducciones realizadas por los analistas militares sobre las orientaciones políticas de los reporteros. En algunos casos, muestran información de georeferenciación, es decir los puntos geográficos visitados por los reporteros durante varios meses. Por otro lado, incluye la interacción que tienen los periodistas en sus redes sociales.
En la investigación la fundación encontró oficios del Ejército en los que "se hace mención a un sistema informático móvil para instalar aplicaciones en teléfonos Android o BlackBerry. A uno de estos planes se le denominó “Proceso Operacional Troya”, a través del cual se solicitaban herramientas de administración remota para hacer un rastreo continuo desde sitios web con el fin de obtener información de los afectados y estar al tanto de su localización".
Estos hallazgos contradicen lo que se había asegurado inicialmente de que en los perfilamientos solo se habían usado fuentes abiertas de información.
En diálogo con KienyKe.com, Julián Martínez, uno de los periodistas perfilados, afirmó que emprenderá acciones legales contra el Estado por distintos delitos que atentan contra su labor. “Hay evidencia y oficios de que se está desarrollando una operación del más alto nivel para espiar e identificar mis fuentes de información” afirmó Martínez.
El periodista, co-autor del artículo de la Nueva Prensa que reveló la historia de los delitos cometidos en Estados Unidos por el hermano de la vicepresidenta señaló a través de Twitter que ha recibido amenazas contra su vida.
Aseguró que el Ministerio de Defensa no ha hecho nada para protegerlo, por el contrario se le ha comunicado que será demandado a través de Abelardo de la Espriella por una investigación sobre el “Ñeñe” Hernández donde menciona al ministro Carlos Holmes Trujillo.
Otro de los periodistas perfilados es Gerald Bermúdez, quien afirmó que pueden ser muchos casos más de perfilamiento a periodistas.
“Esta puede ser la punta del iceberg, puede ser algo más oscuro, más monstruoso, porque una cosa es perfilar entre comillas porque ese término perfilar me parece un sofisma de distracción, es espionaje ilegal lo que se hizo, porque no me dio una orden judicial para intervenir ningún canal de comunicación”, le dijo Bermúdez a Kienyke.com.
El periodista expresó que además de la intranquilidad que le genera ser espiado por las fuerzas militares se suma la indignación por el hecho de que los impuestos de los colombianos estén siendo utilizados para financiar espionajes a los reporteros.
Bermúdez también dijo que no hay una voluntad del Estado para proteger a los periodistas y que los comunicadores han sufrido de un espionaje sistemático y sostenido en el tiempo que no respalda su labor de informar. También responsabilizó al Ejército de Colombia por cualquier cosa que le pase.
Hasta el momento las respuestas parciales se han limitado a insistir sobre la ya conocida posición del Gobierno frente a los hechos, pero los afectados señalan que las autoridades están evadiendo responder preguntas fundamentales como la ubicación y entrega de las carpetas a los afectados, los niveles de decisión en que se ordenaron los perfilamientos y las personas que tuvieron acceso a dicha información.
