Blanca Nubia a sus 67 años se ve tranquila, serena, pero por dentro lleva un karma que la carcome. Suma 14 años buscando a sus dos únicos hijos hombres, que la cuidaban y velaban por su bienestar. La inquieta saber que el mismo Estado, al que culpa de su desaparición, ha obstaculizado su ubicación. En estos años de búsqueda ha recibido amenazas y desesperanza.
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Blanca nació en Risaralda, pero su desgracia la viviría a cientos de kilómetros de distancia, en el Guaviare. En el 2001 empezó la desgracia para esta menuda mujer, a la que ni el cansancio, ni la pena, han logrado convencerla que desista de seguir buscando la verdad, una reparación, y sobre todo el cuerpo de su hijo menor.
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“En el 2001 vivíamos con mi hijo menor Wilmer Alexander en el Guaviare, y cuando cumplió sus 18 años decidió viajar para donde mi hija que vivía en Granada, Meta, y celebrar allí su cumpleaños y sacar la cédula.
Wilmer prestó el servicio militar obligatorio, estuvo dos años en el Batallón de Granada. Al poco tiempo de salir fue a visitar a unos familiares en el Guaviare en compañía de un primo.
“Se fue por el río Ariari rumbo a San José, y más arriba del municipio de Concordia había un retén de paramilitares, hicieron bajar a todas las personas, los tuvieron media hora ahí, les esculcaron la maleta a todos y les dijeron que se fueran pero retuvieron a mi hijo, y le dijeron al primo con el que iba que lo iban a dejar pero al día siguiente lo soltaban. Sin embargo, pasaron dos días y mi hija me llamó desde Granada diciéndome que está desaparecido”.
Doña Blanca, presintiendo lo peor, salió a buscarlo en compañía de un familiar. Viajó hasta Concordia pero no encontró pista alguna, en medio de sus pesquisas recibió amenazas de personas que no logró identificar.
“Desde el ocho de marzo del 2003 no he sabido de él nada. Un fiscal me dijo hace dos años que tocaba seguir esperando, pues de pronto podría aparecer en medio de varios restos que había en Medicina Legal. Y pues como he estado en el proceso de búsqueda de mi otro hijo José Antonio, no puedo con los dos al tiempo”.
Como si este dolor hubiera sido poco, el 18 de marzo del 2006 sucedió una desgracia igual o peor. El otro hijo varón de doña Blanca, José Antonio, de 23 años, se encontraba solo en la finca en el Guaviare. “Cuando llegó el Ejército a asentarse por unos días en la zona, mientras yo estaba donde mi hija en el Meta porque se encontraba enferma. Ese día que llegó el Ejército, el vecino le dijo a mi hijo que se quedara en la casa de él, porque allá los soldados no llegaban a protegerlo a uno, y cuando llegaban siempre teníamos que correr, ya que si encontraban a mujeres solas en las casas las violaban”.
Según relató, en varias oportunidades cuando escuchaban que había llegado el Ejército, empacaban las cosas que podían y dejaban las casas solas, “y cuando regresábamos las encontrábamos saqueadas, dañadas, los animales muertos”.
“Nosotros vivíamos a media hora de donde llegó el Ejército el 18 de marzo de ese año, pero el 21 de marzo el vecino volvió a la casa preocupado de que mi hijo no aparecía, todavía estaba el Ejército ahí, y como a las once de la mañana llegó un helicóptero y pensó que se habían llevado detenido a José Antonio, pero sin embargo, era algo impensable, porque él es una persona humilde, trabajadora, buen hijo, era el único con el que contaba, pues mi hija ya tenía su hogar”, relató Blanca.
El 22 de marzo, el vecino volvió a la casa, y cerca encontró unas botas semiquemadas que José Antonio usaba, y una carpa donde al parecer lo habían tenido retenido. El vecino con otras personas fueron hasta La Macarena, donde se supone había ido el helicóptero del Ejército, y allá un militar le dijo que ahí no tenían ningún detenido, y que si no había algún familiar del desaparecido no brindaban información.
Doña Blanca se enteró de la posible desaparición de su hijo un mes después. “Apenas supe, me fui con mi hija a la vereda del Guaviare donde vivíamos, y el mismo vecino nos acompañó hasta La Macarena y allá buscamos al sacerdote del lugar para que nos ayudara a averiguar con las autoridades qué había pasado con mi hijo”.
El sacerdote habló con un fiscal y le preguntó cuántos muertos habían llegado en el mes de marzo. Sólo uno - fue la respuesta - el 21 de ese mes, precisamente el día que llegó el helicóptero a La Macarena.
“El fiscal le pasó al sacerdote el libro donde tenían los registros de los muertos, yo estaba con muchos nervios, angustiada, y con mi hija empezaron a buscar hasta que hallaron la foto de mi hijo ahí y ella me dijo aquí está. Empecé a gritar y a decir por qué me lo mataron, y ahí el fiscal cerró el libro y me preguntó qué documentos tenía de él y le mostré la cédula de mi hijo. Me enteré que lo tenían enterrado en el cementerio como N.N., y el fiscal me dijo que valía dos millones de pesos la sacada de los restos de mi hijo de la fosa, y me dijo que de todas maneras era un proceso largo”.
Al día siguiente Blanca Nubia y su hija fueron a interponer la denuncia pero el fiscal ya no estaba, todo el día lo esperaron pero nunca llegó. “Entonces el sacerdote me dijo que era mejor que me fuera y dejara eso quieto, porque hay mucho Ejército y me podían desaparecer a mí y a mi hija, además me dijo que en uno o dos años cuando ya estuviera más tranquila podía venir a poner la denuncia. Nos atemorizaron y nos regresamos”.
Sin embargo, antes de devolverse para su pueblo, averiguaron con el sepulturero si sabía de la suerte de su hijo mayor. “Le mostré una foto de mi hijo y me dijo que efectivamente él lo había enterrado, que había llegado con un fusil y municiones, y me mostró en qué parte del cementerio quedó enterrado, y yo estaba preocupada porque me habían dicho que a las tumbas les cambiaban la plaqueta para que cuando fueran a reclamar el cuerpo, entregaran el de otro, pero el sepulturero me dijo que estaría pendiente del cuerpo”.
No obstante, las dos mujeres por temor no presentaron la respectiva denuncia. Tres años después llegó una delegación de derechos humanos al Guaviare. “Nos reunieron, contamos los casos, y nos han ayudado mucho. El 22 de julio del 2010, cuando inició el proceso para esclarecer lo que sucedió con mi hijo, con las pruebas de ADN sacaron los restos de mi hijo y los trajeron a Bogotá, donde duraron tres años en Medicina Legal, y finalmente el 10 de mayo del 2013 me lo entregaron”.
Por ahora, aunque es incrédula, doña Blanca aseguró que se encuentra esperando una reparación por parte del Estado. “Se dice que el Gobierno da muchas ayudas, pero hasta el momento no hemos recibido nada”.
Doña Blanca, víctima de los falsos positivos, sólo pide que le informen dónde se encuentran los restos de su hijo menor. Pide saber la verdad de lo que pasó a sus dos hijos y exige justicia.
Doña Blanca, presintiendo lo peor, salió a buscarlo en compañía de un familiar. Viajó hasta Concordia pero no encontró pista alguna, en medio de sus pesquisas recibió amenazas de personas que no logró identificar.
“Desde el ocho de marzo del 2003 no he sabido de él nada. Un fiscal me dijo hace dos años que tocaba seguir esperando, pues de pronto podría aparecer en medio de varios restos que había en Medicina Legal. Y pues como he estado en el proceso de búsqueda de mi otro hijo José Antonio, no puedo con los dos al tiempo”.
Como si este dolor hubiera sido poco, el 18 de marzo del 2006 sucedió una desgracia igual o peor. El otro hijo varón de doña Blanca, José Antonio, de 23 años, se encontraba solo en la finca en el Guaviare. “Cuando llegó el Ejército a asentarse por unos días en la zona, mientras yo estaba donde mi hija en el Meta porque se encontraba enferma. Ese día que llegó el Ejército, el vecino le dijo a mi hijo que se quedara en la casa de él, porque allá los soldados no llegaban a protegerlo a uno, y cuando llegaban siempre teníamos que correr, ya que si encontraban a mujeres solas en las casas las violaban”.
Según relató, en varias oportunidades cuando escuchaban que había llegado el Ejército, empacaban las cosas que podían y dejaban las casas solas, “y cuando regresábamos las encontrábamos saqueadas, dañadas, los animales muertos”.
“Nosotros vivíamos a media hora de donde llegó el Ejército el 18 de marzo de ese año, pero el 21 de marzo el vecino volvió a la casa preocupado de que mi hijo no aparecía, todavía estaba el Ejército ahí, y como a las once de la mañana llegó un helicóptero y pensó que se habían llevado detenido a José Antonio, pero sin embargo, era algo impensable, porque él es una persona humilde, trabajadora, buen hijo, era el único con el que contaba, pues mi hija ya tenía su hogar”, relató Blanca.
El 22 de marzo, el vecino volvió a la casa, y cerca encontró unas botas semiquemadas que José Antonio usaba, y una carpa donde al parecer lo habían tenido retenido. El vecino con otras personas fueron hasta La Macarena, donde se supone había ido el helicóptero del Ejército, y allá un militar le dijo que ahí no tenían ningún detenido, y que si no había algún familiar del desaparecido no brindaban información.
Doña Blanca se enteró de la posible desaparición de su hijo un mes después. “Apenas supe, me fui con mi hija a la vereda del Guaviare donde vivíamos, y el mismo vecino nos acompañó hasta La Macarena y allá buscamos al sacerdote del lugar para que nos ayudara a averiguar con las autoridades qué había pasado con mi hijo”.
El sacerdote habló con un fiscal y le preguntó cuántos muertos habían llegado en el mes de marzo. Sólo uno - fue la respuesta - el 21 de ese mes, precisamente el día que llegó el helicóptero a La Macarena.
“El fiscal le pasó al sacerdote el libro donde tenían los registros de los muertos, yo estaba con muchos nervios, angustiada, y con mi hija empezaron a buscar hasta que hallaron la foto de mi hijo ahí y ella me dijo aquí está. Empecé a gritar y a decir por qué me lo mataron, y ahí el fiscal cerró el libro y me preguntó qué documentos tenía de él y le mostré la cédula de mi hijo. Me enteré que lo tenían enterrado en el cementerio como N.N., y el fiscal me dijo que valía dos millones de pesos la sacada de los restos de mi hijo de la fosa, y me dijo que de todas maneras era un proceso largo”.
Al día siguiente Blanca Nubia y su hija fueron a interponer la denuncia pero el fiscal ya no estaba, todo el día lo esperaron pero nunca llegó. “Entonces el sacerdote me dijo que era mejor que me fuera y dejara eso quieto, porque hay mucho Ejército y me podían desaparecer a mí y a mi hija, además me dijo que en uno o dos años cuando ya estuviera más tranquila podía venir a poner la denuncia. Nos atemorizaron y nos regresamos”.
Sin embargo, antes de devolverse para su pueblo, averiguaron con el sepulturero si sabía de la suerte de su hijo mayor. “Le mostré una foto de mi hijo y me dijo que efectivamente él lo había enterrado, que había llegado con un fusil y municiones, y me mostró en qué parte del cementerio quedó enterrado, y yo estaba preocupada porque me habían dicho que a las tumbas les cambiaban la plaqueta para que cuando fueran a reclamar el cuerpo, entregaran el de otro, pero el sepulturero me dijo que estaría pendiente del cuerpo”.
No obstante, las dos mujeres por temor no presentaron la respectiva denuncia. Tres años después llegó una delegación de derechos humanos al Guaviare. “Nos reunieron, contamos los casos, y nos han ayudado mucho. El 22 de julio del 2010, cuando inició el proceso para esclarecer lo que sucedió con mi hijo, con las pruebas de ADN sacaron los restos de mi hijo y los trajeron a Bogotá, donde duraron tres años en Medicina Legal, y finalmente el 10 de mayo del 2013 me lo entregaron”.
Por ahora, aunque es incrédula, doña Blanca aseguró que se encuentra esperando una reparación por parte del Estado. “Se dice que el Gobierno da muchas ayudas, pero hasta el momento no hemos recibido nada”.
Doña Blanca, víctima de los falsos positivos, sólo pide que le informen dónde se encuentran los restos de su hijo menor. Pide saber la verdad de lo que pasó a sus dos hijos y exige justicia.
