Cuando se habla de Luis Eduardo Beltrán Farías casi nadie lo recuerda. Pero si se dice que es el juez "borrachín", de inmediato la gente lo identifica. Celebró recientemente, tras las rejas, sus 51 años. Beltrán Farías, separado, con cuatro hijos, no ha logrado superar su adicción al alcohol. Permanece en la cárcel La Picota, en las frías laderas al sur de Bogotá, desde que llegó allá hace 17 meses y no ha cambiado mucho. Sigue siendo un “huraño, retraído, malgeniado, poco amigo de sus compañeros de prisión y con una inconfundible expresión de rabia en su mirada”, como lo describió un compañero de patio.
Este polémico juez, a quien los periodistas llaman "de cafetines y buseta”, pasó los últimos 29 años de su vida entre expedientes judiciales, audiencias y fallos. Pero ha sido esclavo del alcohol, un hábito que adquirió desde niño. En medio de borracheras y lagunas, guayabos y temblores por la falta de licor en su sangre, despachó y resolvió casos sin que jamás sus superiores ni subordinados hubieran reportado su adicción a la bebida.
Fue el mismo que en junio de 2009 dejó en libertad a Jhon Fredy Manco Torres, alias ‘el Indio’, a Carlos Torres Martínez, alias ‘Fritanga’ y al empresario antioqueño Juan Felipe Sierra. Estos hombres fueron señalados como miembros de la organización criminal del narcoparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, y eran testigos clave en el proceso contra el ex director de Fiscalías de Antioquia Guillermo León Valencia Cossio, condenado a quince años de prisión por este caso.
El juez precluyó en la disputa entre los ex ministros Valenzuela y Ramírez y el empresario Armando Lloreda.
En 2009 la vida de Beltrán Farías le cambió por varios tragos amargos: fue capturado por haber concedido la libertad de varios narcotraficantes. Días después quedó libre porque Medicina Legal certificó que su salud mental se había afectado por el consumo de alcohol pero que esta adicción no había llegado al grado de impedirle tomar decisiones como juez. Sin embargo, fue enviado a un centro de rehabilitación y reposo en Suesca, Cundinamarca.
Tres semanas después llegaron miembros del DAS escoltados con ambulancia y equipo médico para realizar los exámenes de rigor que demostrarían que no había motivos para dejarlo libre. Tenía encima otro proceso penal: favoreció, con una sola tutela, a 500 supuestos pensionados de Cajanal, decisión que al parecer contribuyó a la quiebra de esta entidad estatal.
Días después, un juez lo privó de la libertad con detención domiciliaria para que tuviera acceso a un tratamiento de rehabilitación. Sin embargo, Beltrán burlo la confianza de la justicia: en varias visitas de control del Inpec, los guardias se sorprendieron al comprobar que no estaba en la casa de su madre doña Luisa o que cuando estaba, se encontraba ebrio.
Diez meses más tarde perdió el beneficio de la detención domiciliara y el 31 de mayo de 2010 fue condenado a 16 años de prisión y trasladado a la Picota. Una fiscal logró demostrar que este hombre, quien impartió justicia durante décadas, se había inventado una figura jurídica que no existe en la legislación para dejar libre al confeso narcotraficante Edgar Salazar Corredor el 5 de marzo de 2009. Para rematar, esta misma fiscal comprobó que a Beltrán también se le fueron las luces en uno de los más sonados casos de violación de secreto empresarial entre pesos pesados.
Luis Fernando Ramírez, ex ministro de Defensa, y Luis Carlos Valenzuela, ex ministro de Minas y Energía.
Al día siguiente de haber beneficiado al narcotraficante Salazar, Beltrán resolvió "cesar el procedimiento” en contra de los ex ministros Luis Carlos ‘el Chiqui’ Valenzuela, Luis Fernando Ramírez y del ex viceministro de Minas y Energía Felipe Riveira. Es decir, desestimó todas las pruebas y le puso fin a toda una investigación que había logrado recopilar una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Dichas pruebas fueron avaladas por el propio Fiscal General de ese entonces, Mario Iguarán, quien los acusó de haber abusado de información privilegiada para quedarse con una acciones de Transgas de Occidente, en la cual Armando Lloreda era miembro de la junta directiva. El 30 de diciembre de 2008 los llamó a juicio. Sin embargo, tres meses después, el juez Beltrán Farías, en cuatro páginas sin ningún fundamento jurídico, decidió que el señor Lloreda Zamorano no era un querellante legítimo, o sea que no tenía derecho a presentar la denuncia porque según el juez la información era pública y no confidencial. El caso precluyó. Fue una pelea jurídica de ocho años en la que un controvertido y polémico juez echó por la borda todo el esfuerzo de la fiscalía.
Cero en conducta
En el mismo año, 2009, ya el nombre de Beltrán tenía un tufillo de mala reputación. Entonces su conducta tuvo que ser investigada. La responsabilidad cayó en manos de un personaje clave en esta historia: Maritza Escobar Baquero, Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá para casos de corrupción de servidores de la justicia.
Esta llanera tenía una impecable hoja de vida y un brillante desempeño en diferentes cargos en la Fiscalía. Antes de investigar la conducta de jueces y fiscales, era una destacada fiscal antimafia, que trabajaba junto a investigadores de la Policía y el Ejército y agentes de la DEA.
Con ellos logró desmantelar al cartel del Norte del Valle, con golpes como la captura de Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’, la desarticulación de su ejército privado al mando del militar retirado Juan Carlos Rodríguez, alias ‘Zeus’ y la desarticulación de la tenebrosa banda de “Los Machos”, al servicio del capo.
Por estos logros la fiscal Escobar recibió todas las condecoraciones y reconocimientos por parte de los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido.
Cuando Mario Iguarán culminó su periodo como Fiscal General, nombró a esta funcionaria como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y le asignaron algunos de los casos más delicados sobre conductas punibles de jueces y fiscales. En ese momento inició el estudio en detalle del caso de Luis Eduardo Beltrán Farías, el juez "borrachin", a quien comenzó a seguirle los pasos.
Sorpresivamente hace unas semanas, cuando ya tenía las pruebas listas para el juicio oral por prevaricato en contra de Beltrán, que arrancó esta semana en el Tribunal por el sonado caso de los ex ministros, la juez fue notificada que sería trasladada como Fiscal Delegada ante el Tribunal de Cartagena. Sus procesos pasaban a manos del fiscal cartagenero Demóstenes Camargo De Ávila, quien tiene poca experiencia en el sistema acusatorio. Infructuosamente, Escobar Baquero solicitó una entrevista personal con la Fiscal General, Vivianne Morales, para poder conocer las razones de su traslado, pero ésta le delegó la audiencia a su secretario privado, Andrés Alfredo Araujo Ariza.
Durante esta semana que sigue se definirá la suerte jurídica del juez más polémico de los últimos tiempos en Colombia. Una historia con ingredientes que incluyen la pelea a muerte entre dos ex ministros de Estado y un prestigioso empresario. El enfrentamiento entre los más connotados y polémicos abogados penalistas. Un caso judicial que tiene como protagonista, un juez alcohólico que sólo atina a decir en la celda en donde está recluido que “la vida hay que sobrellevarla con trago, porque si no, uno se enloquece”.
