Una ley ingenua que pretende exaltar el tamal tolimense, se puede convertir en una peligrosa bomba nacional si a los padres de la patria se les ocurre colgarle unos cuantos micos. Y un homenaje a un prócer nacional puede conducir a la erogación de millonarias cifras, de por vida, para que una sola familia sostenga una fundación o empresa, como ocurre hoy con distinguidos apellidos de renombre, porque fueron presidentes o mártires.
También ocurre, como está pasando, que una ley para controlar las empresas de seguridad sirva para dos cosas: 1- Anular investigaciones que por cartelización viene haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio. Y 2- Que se aproveche la ocasión para desterrar el capital extranjero o la presencia misma de empresas foráneas de seguridad.
En la discusión nacional sobre el tema, los focos iluminan a tres personajes: el Superintendencia de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, que investiga; al senador Mauricio Lizcano, ponente del proyecto en el Senado y promotor de la ley; y a Jorge Moreno Ojeda, llamado el zar de la seguridad, porque tiene varias empresas que compiten entre sí en grandes licitaciones estatales, que obviamente resulta ganando. Contra él y su cartel van dirigidas las investigaciones.
Robledo ha dicho en distintos medios que un 'mico' en el proyecto de ley que pretende regular el sector de la vigilancia y seguridad, tumbaría las investigaciones que actualmente adelanta la entidad por el presunto cartel de la seguridad privada.
El articulito es el 85 del proyecto en referencia, que conduciría a obligar el archivo de las investigaciones. Robledo sostiene que “se pondría en riesgo el trabajo que tiene la entidad de control y también la Fiscalía General de la Nación contra el señor Jorge Arturo Moreno Ojeda, el mayor controlante de las empresas de seguridad privada en el país”.
Las empresas de capital extranjero
La decisión de desterrar las empresas con capital foráneo se ha manejado de manera simplista, según conocedores. El argumento se centra en la inconveniencia de que la seguridad y las armas (de cualquier tamaño o alcance, incluyendo la información) puedan estar en manos de extranjeros, que eventualmente puedan ser enemigos del país.
-¿Qué tal que socios del presidente Maduro de Venezuela se apoderen de una de estas empresas?, pregunta alarmado un congresista. Y con ese razonamiento edifican otras “películas”: -¿Se imaginan a un batallón de “gringos” armados hasta los codos manejando la seguridad del país?
Y cuando hablan de “gringos” se refieren a empresas de seguridad muy poderosas en el mundo, que tienen capital invertido en Colombia: Brinks, C42, Securitas y Prosegur, entre otras, de España, Suecia, Reino Unidos y Estados Unidos.
Por salir del horno
El proyecto, elaborado a tantas manos, como suele suceder en el Capitolio, estaría a punto de salir del horno y convertirse en ley de la República, si el gobierno –además del Superintendente- no utilizan su influencia política para frenarlo. A no ser que estén a gusto con la iniciativa y Robledo sea apenas el “llanero solitario” que trata de detenerlo, por lo menos en los artículos lesivos, micos y orangutanes.
Las mañas en el Congreso permiten toda clase de abusos, como por ejemplo que el Súper diga que por escrito envió sus críticas a algunos artículos del proyecto, y el senador Lizcano sostenga públicamente que el alto y valiente funcionario no ha dicho nada sobre el proyecto, o que se refunda el documento.
El poderoso Moreno
Preocupa a muchos que en comitivas oficiales haya estado en La Habana –conversando con negociadores del gobierno y la cúpula guerrillera- el todopoderoso señor Jorge Moreno Ojeda quien –por lo que dice el Super Robledo- se ha ganado muchas licitaciones a través de su cartel de empresas: Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig, Sejarpi y Security Management Group.
Informaciones de prensa afirman que “habría estado en 252 licitaciones entre el 2010 y el 2012 para 149 entidades estatales como la Contraloría, Fiscalía, Ministerio de Trabajo, Rama Judicial, Ministerio de Comercio, Superservicios, Supernotariado e ICBF, lo mismo que para 13 gobernaciones y 37 alcaldías. Los montos suman 320 mil millones de pesos y finalmente las empresas ligadas a él se habrían quedado con 25 contratos por 63.000 millones de pesos”.
