Entre los próximos dos y cinco de junio, se reunirá en Cartagena la XXXII Conferencia Internacional para el Control de Drogas. En ella las autoridades colombianas recordarán, como siempre, que acabaron con los infames carteles de Medellín y Cali pero pasarán de puntillas sobre la realidad de que hoy hay carteles de droga tan poderosos o más que esos dos, y sobre el hecho de que el negocio de la droga sigue viento en popa.
Cada vez que cae un narcotraficante y las autoridades lo enseñan como un gran trofeo y un paso más para acabar con ese delito, lo único que pasa es que corre el escalafón, un nuevo capo reemplaza al muerto o detenido y el negocio sigue tan próspero como en tiempos de Pablo Escobar.
El narcotraficante es un negociante de riesgo, un eslabón necesario en un asunto de oferta y demanda. Una masa de consumidores en Estados Unidos y Europa demanda cocaína y unos negociantes en Colombia se apuntan a llevarla, la ilegalidad de la operación es otra cosa. El problema es la droga, término que implica consumidores, intermediarios y, por supuesto, cultivadores en el caso de la coca que es de lo que más se habla.
Una hectárea de tierra produce unas dos cosechas anuales de maíz, pongamos por caso, cosecha que puede valer cerca de 800.000 pesos. A lo que hay que restarle el alto costo de sacarla al mercado en Colombia. Esa misma hectárea puede producir tres o cuatro cosechas anuales de hoja de coca que, haciendo un cálculo muy bajo, vale 2.500.000 de pesos cada una, que se le pagan al productor en origen. ¿Quién puede pedirle a ese campesino que siembre maíz?
El drama de Colombia es que hace 30 años este país no tenía este problema. La hoja de coca se producía fundamentalmente en Bolivia, en donde tenía un uso ancestral; su derivado, la cocaína, se llegó a producir legalmente en Perú para uso farmacéutico; y, cuando fue ilegal, la exportaban a Norteamérica los chilenos, encabezados por la familia Huasaf.
El hecho es que este país asumió en la década de los años 1970 el cultivo de hoja, la producción de cocaína y la exportación del alcaloide. Y la inmensa mayoría de la sociedad colombiana asumió encantada un negocio que inundó el país de dólares.
Esa es la razón para que Colombia sea hoy el único país de Latinoamérica que cuenta con una guerrilla como las FARC. El razonamiento de la guerrilla es muy sencillo: “de la cocaína se benefician la burguesía, la banca y los políticos ¿por qué no nos vamos a beneficiar nosotros para hacer la revolución?”
Las FARC comenzaron “protegiendo” al campesino cultivador de hoja de coca y terminaron metidos en el negocio. Puesto que las condiciones de oferta y demanda seguirán intactas cuando se firme el acuerdo de paz -–si es que se firma algún día— entre el gobierno colombiano y las FARC, el negocio continuará tan lucrativo y sangriento como siempre.
Las bandas ya existentes y las que creen los guerrilleros descontentos con el acuerdo serán sus continuadores. Y los delegados de los países a futuras conferencias internacionales sobre el control de drogas, se seguirán reuniendo e intercambiando experiencias y estrategias.
