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La ausencia de una política de drogas

Históricamente se ha debatido en el mundo y particularmente en Colombia cuál es la mejor estrategia ...
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Históricamente se ha debatido en el mundo y particularmente en Colombia cuál es la mejor estrategia para enfrentar el problema de las drogas ilícitas, teniendo en cuenta que  somos uno de los principales países productores de droga de Colombia hacia el mundo. Eso significa que sus efectos no sólo competen a los colombianos sino a los ciudadanos de otros países a los que les llega de manera ilegal nuestra droga. Convirtiéndose en un fenómeno transnacional.

El problema está en que el consenso internacional ha estado dirigido a la criminalización de las drogas, es decir, perseguir la cadena del narcotráfico que se ubica desde los eslabones de cultivo, pasando por la comercialización y el tráfico. Sin embargo, algunos países como Colombia a través de decisiones de la Corte Constitucional han permitido la dosis mínima y en otras normas recientes la permisividad de usos medicinales de cannabis o marihuana. Lo que genera confusión ante la comunidad internacional sobre cómo combatir las drogas ilícitas.
Es una discusión entre criminalistas y legalistas de la droga, es por ello que todos los gobiernos colombianos han tenido que enfrentar la necesidad de diseñar una política de lucha contra las drogas, e incluso algunos exgobernantes han cambiado actualmente su posición respecto de la que aplicaron en su gobierno, este es el caso del expresidente Cesar Gaviria recientemente criticado por el Presidente de Filipinas ante algunos comentarios suyos en una columna del New York Times.
Pero más allá de la gestión de cada gobierno, sigue permaneciendo la incertidumbre de cómo enfrentar la problemática. Si fortaleciendo las fuerzas armadas para impulsar la criminalización o legalizando y aumentar el consumo. Uno de los casos más difíciles es el del gobierno Santos que se ha enfrentado a una disyuntiva y es la de enfrentar el narcotráfico monopolizado por el grupo guerrillero FARC bajo la presión de las fuerzas militares y de policía, y al mismo tiempo negociando la paz siendo su actor principal.
Durante 6 años y medio de gobierno ha sido prácticamente imposible perseguir el narcotráfico en medio de las treguas de paz. En el 2010 estaban 62.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia y para la medición del 2015 habían 96.000 con un crecimiento del 50%. Esto demuestra la complejidad actual que deja el proceso de paz cuando las principales zonas de concentración están en medio de cultivos ilícitos. No ha habido claridad por parte del gobierno actual del control que se le dará a la comercialización ilícita por parte de las células disidentes de las FARC o bandas criminales que ya están en zonas desocupadas por el grupo guerrillero.
Si a esto se le suma el hecho de que en Colombia sigue creciendo el consumo de drogas en colegios y universidades, siendo los principales consumidores de drogas sintéticas en la comunidad andina según recientes informes, la evidencia es clara en que el problema ya no está solo en las drogas naturales sino en las sintéticas, que cobra sus principales efectos en niños, jóvenes, adolescentes y universitarios que son el futuro del país.
Desde otro punto de vista, uno se pregunta ¿quién está a cargo? ¿quién es el competente? existen entidades encargadas para tratar el tema en Colombia y diseñar una política pública pertinente a la realidad colombiana, por ejemplo, el Ministerio de Salud debe realizar de manera permanente ojalá anuales, encuestas sobre consumo de drogas y al revisar las fuentes oficiales encontramos que la última encuesta nacional de hogares se hizo en el 2009 y en colegios solo hay un estudio del 2013. Lo que hace aún más difícil tomar decisiones de política pública sin estadísticas actualizadas. Por otro lado, encontramos el Ministerio de Justicia que preside el reconocido Consejo Nacional de Estupefacientes y la Comisión Nacional de Drogas, escenarios donde están importantes expertos y entidades conocedoras del tema que no han podido evitar el crecimiento de los cultivos de coca o el consumo de drogas sintéticas.
Gran esfuerzo el que se evidencia por parte de la policía y el ejército en las incautaciones que a diario se realizan bien sea de drogas hacia el exterior y al interior del país, pero desafortunadamente eso no es suficiente para el control o mitigación de la problemática dado que donde se acaba con una olla de microtráfico al otro día se instala una nueva en zona diferente.
Es casi imposible pensar en la solución perfecta, ni siquiera las mejores prácticas internacionales han sido exitosas, esto se escuchaba a finales del 2014 y 2015 por parte de voceros de la Unión Europea (pioneras de la legalización de la droga) hoy dicen que hay que retroceder y volver a la criminalización, dado que tanta libertad generó el aumento de enfermedades como hepatitis B y VIH por uso excesivo e infeccioso de agujas. Esto sin contar los efectos negativos en la productividad laboral y los altos costos de los tratamientos costeados por los Estados.
Nos queda una inquietud y es lograr ese punto medio de la política pública, por un lado entender que el consumo es un problema de salud pública y por tanto los Estados deben asumir responsabilidades frente a la regulación y creación de programas de salud que atiendan al adicto no para mantenerle la adicción sino para eliminarla de su cuerpo e impulsarlo a una vida sana. Por otro lado concentrarse en la criminalización de la comercialización y tráfico que afecta no solo a los colombianos sino al resto del mundo, desde el punto de vista de aquellos delitos que surgen a partir de la cadena de la droga, por ejemplo, la prostitución, la trata de personas, entre otros.
Hacer una erradicación permanente de los cultivos de coca que no permita la resiembra, evaluar los conceptos de químicos ya utilizados y probados que no afectan la salud humana, diferentes al glifosato; que se erradique manualmente cuando sea posible con esquemas productivos y económicos sostenibles para los campesinos con garantías de desarrollo hacia el futuro. Queda la duda sobre cómo se han erradicado a lo largo del año 2017, 3.000 hectáreas de coca por parte del gobierno nacional (Consejo de Seguridad, Caucasia) , si esto es así, a finales de este año tendríamos 30.000 hectáreas menos y en 3 años estaríamos en 0. Ojalá siga esta estrategia que tampoco es clara cuál es, sin glifosato y sin planes de erradicación a largo plazo.
Colombia tiene responsabilidades muy altas ante el mundo por el flagelo del narcotráfico, no podemos de manera autónoma e irresponsable tomar decisiones que trasciendan las fronteras, es esencial que la implementación de los acuerdos de La Habana incluyan una estrategia segura de eliminación de cultivos, control y mitigación de los riesgos de las fumigaciones, campañas de prevención al consumo de drogas especialmente en población adolescente y juvenil. Tenemos normas y jurisprudencia suficiente sobre el tema.
No se trata de determinar cuál política fracasó y cual no, sin salir del debate, lo relevante es tomar decisiones de política pública de manera articulada e integral con todas las entidades del Estado y realizar estadísticas anuales que permitan fijar la trazabilidad del fenómeno año tras año.

 

 

 

 

 

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