Ni inquisidor, ni fanático, simplemente Procurador.

En medio de la radical polarización de la sociedad colombiana, nos encontramos con un tema bien particular; Respaldo mediático y calentano al proceso de paz, que tiene más de cálculo electoral y estadístico, que contenido temático; Y por otro lado una jauría de supuestos progresistas que piden por medios de comunicación y redes sociales la hoguera para el Procurador Alejandro Ordoñez, con el hash tag#NomasProcurador. Porque genera censura y odio el Procurador General en sectores capitalinos, que lo tiene en medio de la más aguda polémica por su reelección. Para poder entender y digerir la ráfaga de noticias y trinos que desean colocar al Procurador como el precursor de la inquisición, repasemos legalmente la figura del Procurador: La Constitución Política artículo 275 dispone, “es el supremo representante del ministerio público”  y en el artículo 276 incorpora las funciones, 1ª) “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las Leyes ….”3ª) “Defender los intereses de la sociedad” 4ª) “Defender los interés colectivo…..”  Básicamente por disposición Constitucional y en castellano, el Procurador es garante de la sociedad para el pleno cumplimiento del ordenamiento jurídico Colombiano y defensor de los intereses colectivos de la sociedad. El desempeño del procurador y sus fallos han generado todo tipo de controversias, pero la opinión general es que ha cumplido con rigurosidad con sus funciones, en especial, aplicar justicia a políticos y sectores privilegiados que en el pasado parecían intocables. Esas decisiones disciplinarias devolvieron confianza a una institución que como todas las públicas no cuentan con la mejor imagen de favorabilidad entre los ciudadanos. Decisiones como la destitución e inhabilidad contra Piedad Córdoba fue celebrada con pólvora por un sector de la sociedad. Cuando el peso de sus determinaciones cayó contra aliados del Presidente Uribe como Andrés Felipe Arias, los otros hicieron carnaval. Cuando se pronunció con firmeza y criterio en temas de familia, aborto, derechos de los homosexuales, coloco a arder el rancho en sectores generadores de opinión, catalogándolo de ortodoxo e irracional, al vulnerar derechos fundamentales de las minorías. Lo cierto es que Alejandro Ordoñez ha sido un funcionario público diferente, que rompió esquemas en una sociedad inmensamente permisiva y silenciosa con funcionarios mediocres y cobardes, que solo utilizan lo público para congraciarse con quienes los eligen o nombran, o con quien los  puedan señalar o incomodar. El Procurador a quien no le preocupa las vanidades de la fría capital, marco la diferencia en el desempeño de sus funciones, diciendo las cosas como son, por su nombre, sin adornos, ni hipocresías, si cálculos mediáticos y sin ser mandadero de nadie. Le exigen rabiosamente que se distancie de sus creencias religiosas, de sus convicciones familiares y de la manera particular de concebir la sociedad. Difícil, bastante difícil que lo logren. Cuando se crece y se forma con carácter, disciplina y doctrina, es imposible con el paso de los años exigirle al ser humano, al funcionario público, al procurador, distanciarse de su formación personal. La vida pública y la vida privada  se fusionan, conviven, se necesitan en el día a día, permite el necesario equilibrio de lo particular a lo colectivo. Alejandro Ordoñez representa la sociedad: discreta,  trabajadora, honesta,  cristiana, la de provincia, de dónde venimos casi todos. El Procurador es el vocero de la sociedad que no tiene medios de comunicación, que  no tiene matricula partidista, que no espera el reconocimiento público, Representa la familia colombiana. Exigirle que no defienda sus orígenes, su fe, lo que es, lo que somos, es de una desproporción absurda, por no decir que estúpida. La Procuraduría tiene la obligación de defender los intereses de la sociedad. Esa defensa implica que los derechos colectivos no se vulneren o acaben por imponer intereses particularísimos que pretenden convertirse a través de tutelas y sentenciasen normas colectivas de comportamiento para la sociedad. Ese proceder es imposición, es dictadura, es abusar de los beneficios del ordenamiento Jurídico. El proceso de elección lo quieren satanizar porque a través de su poder nominal se generan favores burocráticos a sus electores y nominadores. Pretender ahora que en el país de los favores, de los padrinos, de los recomendados, no se realicen nombramientos por recomendación de un senador o magistrado, es pretender hacer una cruzada “moralista” donde todos estamos sujetos a pedir favores o hacer favores. En esta euforia de unanimismos, de unidad nacional, de procesos de paz, de reconciliaciones, necesitamos de alguien, que sin miedo, sin palidecer,  diga las cosas por su nombre, así muchas de sus palabras nos incomoden en el fuero personal.   @laureanotirado