Planes exequiales: ¿Otra pirámide?

El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. Así solía referirse Diomedes Díaz a los que entre ventaja y desventaja se dejaban aprovechar o se aprovechaban de las condiciones de las personas. Y así empieza otra de las tantas historias que embargan a este país de tinte picaresco, donde ya la gente no sabe si peca por ignorancia o por simple capricho consentido con quien les hace el daño. De moda está el Contrato de Prestación de Servicios de Servicios Exequial, donde una sociedad debidamente constituida, llámese como se llame, ofrece unos paquetes exequiales, sean tradicionales o preferenciales, con distintos precios y con inclusión de personas como a la (el) cónyuge, hijos matri o extramatrimoniales, tíos, sobrinos, parientes en segundo o cuarto grado según la condición que se imponga y/o todos aquellos que a bien quiera incluir aquel que suscriba dicho contrato y recibir un ataúd, servicio de funeraria, flores, traslado del causante y posterior “entierro” del mismo en su respectiva bóveda. Hasta ahí todo va bien, cuando se trata de tener un asistencia de esa naturaleza. Pero el problema no radica propiamente en esa prestación general, sino en las obligaciones y deberes para las partes, específicamente para quien lo presta –y no quien lo recibe- dentro de los plazos –que ni existen- en ese tipo de contratos. Es decir, los montos a pagar por un número determinado de personas circunscritas en un tiempo supuestamente determinado. Regularmente, quien ofrece el envoltorio, suele señalar que entre un grupo familiar, los contenidos serán inferiores en costos si existe mayor afiliación, pudiéndose cancelar en menor tiempo si así se quiere. Sin embargo, hasta ahora no ha sido la cosa así tan fácil, ya que muchos afiliados llevan más de 5 años pagando, sin que exista un termino de pago y sin que se mencione por escrito como los extractos bancarios, lo rubricado y los verdaderos valores pagados y el estado de la cuenta. Lo más curioso, es que muchos trabajadores en distintas compañías, con conocimiento de causa, autorizan los descuentos o suscriben de forma externa esos “beneficios”. U otros, según cuenta uno de los tantos afectados, que los obligan a suscribirlos, sin conocer a ciencias ciertas, cuál es el propósito entre el representante legal de la empresa y/o empleador y el prestador de esos designios. Deja muchas suspicacias, en razón a que esas compañías están percibiendo rubros anuales por más de los 5.000 millones de pesos, sin que exista un estricto control por parte del órgano objeto de investigación –Superindustria o Fiscalía-, adicionando, que dentro de esos tampoco se señala a quien acudir en el evento de que exista contrariedad de pretensiones entre uno o todos. Todos los días vemos casos de pirámides donde la estafa anda al por mayor, y solo se resuelve e interviene el Estado cuando el orden público empieza a sufrir los estragos y cuando los grandes captadores autorizados empiezan a perder en el negocio. Ojalá ete no sea este caso. @JorgePerezSolan