El momento coyuntural que está atravesando el país contrasta con la realidad de las víctimas de la ‘Operación Orión’, quienes 14 años después no saben el paradero de sus familiares desaparecidos durante la arremetida del Estado en la comuna 13 de Medellín.
Descarado es que el Uribismo haya utilizado la impunidad como contraargumento para desacelerar la implementación de los acuerdos logrados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, toda vez que el pasado domingo se conmemoraron los 14 años de las víctimas de la operación militar más macabra en la historia de Colombia, perpetrada en el gobierno del hoy Senador.
Basta con escuchar los relatos cargados de drama acerca de lo ocurrido entre el 16 y 20 de octubre del 2002, cuando el Estado, representado por cinco batallones de la IV Brigada del Ejército, la Fuerza Área, la Policía, el DAS, junto a miembros paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, la emprendieron contra todo lo que oliera a guerrilla en la comuna 13 de la capital antioqueña.
Las víctimas narran cómo las ráfagas de proyectil pasaban por los techos de las viviendas. El único consuelo que vieron en el momento fue sacar pañuelos y sábanas blancas para demostrar su inocencia en la inexplicable oleada de disparos.
Las milicias urbanas de las FARC, el ELN, los CAP (comandos armados del pueblo), se tomaron el control del occidente más vulnerable de Medellín para operar desde la zona. Todo esto como consecuencia de los años 90, época en la que el matrimonio inseparable entre las guerrillas y el narcotráfico selló otra década de dolor en el país.
La entrada al nuevo siglo no se distanció mucho, demostró que la comuna perteneció a los grupos insurgentes que se batían por el control del territorio, pues lo utilizaron desde masacrar ciudadanos, esconder secuestrados, transportar armas hacia el Urabá, hasta para comercializar droga.
El gobierno de Andrés Pastrana ordenó varias operaciones en el lugar, sin resultados que impactaran de manera positiva a los más de 180 mil habitantes en ese entonces; sin embargo la historia cambió el 26 de mayo del 2002 cuando Álvaro Uribe Vélez logró la presidencia. Después de posesionarse el 7 de agosto al mandatario solo le bastaron 61 un días para firmar el operativo militar urbano más sangriento que Antioquia haya vivido, la ‘Operación Orión’.
Las fuerzas armadas del Estado ingresaron a los barrios frágiles como Belencito Corazón, 20 de Julio, El Salado, La Independencia II, con el único objetivo, dar de baja o aprehender a los ilegales. La respuesta no fue menor, plomo a plomo en un ambiente donde ancianos, mujeres y niños hacían parte de convivir local.
Los habitantes de la comuna entendieron aquel 16 de octubre la inclemencia del Estado, lo lamentable es que la acción violenta dejó como saldo más de 100 desaparecidos, un civil muerto y 38 heridos. Se logró la captura de 355 personas sindicadas, entre guerrilleros y miembros de grupos armados ilegales, luego solo 82 sería judicializados, y posteriormente 81 dejados en libertad.
Es decir, la orden de Uribe de ejecutar Orión, fue un movimiento fallido y victimizante por parte del gobierno.
¿Quién responde?
Han transcurrido 14 octubres que vestidos de impunidad recuerdan a los familiares de esas personas desaparecidas, la inoperancia de la disfrazada justicia colombiana.
Otros personajes que tuvieron incidencia fueron: Luis Pérez, hoy gobernador de Antioquia, fungió para ese tiempo como alcalde de la ciudad; asimismo, Martha Lucia Ramírez, ex candidata presidencial, fue la jefa de la cartera de defensa de Uribe. El General Mario Montoya Uribe también luce como victimario del desgarrador caso.
Ya el extradito Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’ declaró en la instancia de Justicia y Paz, la participación del Bloque Cacique Nutibara en la operación, sin que sus declaraciones hayan tenido repercusiones en las investigaciones que se “adelantan”.
Paradójicamente, miembros que hoy le dicen no a la culminación del conflicto entre el Estado y la guerrilla de las FARC, ordenaron hechos de violencia en el pasado, donde la población civil fue la más afectada. ¿Impunidad?
Aun sin alejarnos del contexto, el ex presidente Uribe tampoco ha respondido con detalles hacia los señalamientos que lo vinculan con los paramilitares. Se limita a ofrecer declaraciones difusas que solo determinan su grado de irresponsabilidad en lo que se denominó la política de ‘Seguridad Democrática’.
Luego, 14 años después tiene el cinismo de tergiversar los acuerdos por medio de una campaña mentirosa, para manipular el voto de los colombianos, con el único objetivo de poder tener injerencia en las negociaciones y cambiar puntos específicos que favorezcan a sus colaboradores. Los medios de comunicación se han mostrado bastante cooperantes ante las peticiones del Centro Democrático, sin ir más allá, son los propios columnistas los que deben destapar las verdaderas intenciones de un personaje que hoy sigue siendo inconveniente para Colombia.
La Escombrera
Ha sido el lugar donde se han posado las esperanzas de las víctimas por encontrar los cuerpos de sus familiares desaparecidos; pero con la cruenta realidad del aparato judicial, más que las víctimas, quedará enterrada la verdad, la misma que perjudicaría al Álvaro Uribe Vélez.
La dilación en los mecanismos que lleven a un grupo de expertos a excavar en la zona es frecuente, es así como se terminará un año más sin que la verdad vea la luz del occidente de Medellín.
Escaleras Eléctricas
Son una respuesta del gobierno para acallar a las voces que siguen reclamando lo que les corresponde, la verdad. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín no ha podido resolver ni un 50 por ciento de lo que le corresponde, y mientras la realidad no se transforme, se tendrá que comprar a la comunidad con proyectos innovadores que no dejen a Medellín en la sombra ante la comunidad internacional.
La violencia de la comuna no cesó, se transformó y los paramilitares con medida de aseguramiento siguen comandando desde la cárcel las llamadas BACRIM (Bandas Criminales). El corredor de las escaleras eléctricas es el único que goza de tranquilidad, pues los ‘duros’ de la comuna, administran el resto.
Finalmente, mientras los colombianos se baten en las declaraciones de Juan Manuel Santos y las manifestaciones públicas de Uribe, la historia de violencia nos recuerda los hechos para así desestimar las versiones de uno y otro; pero lo más aberrante es desenmascarar la verdadera impunidad, a sus progenitores.
