Alegato contra un retroceso
La historia se repite. Empiezan a escucharse las voces de quienes, con acento de reformadores, proponen regresar al pasado, haciendo caso omiso de la vigencia de los principios que inspiraron los cambios.
Algunas de las reformas que se hicieron en el 91, de nuevo, son descalificadas con soberbia.
Lo que se hizo no ha servido para nada, dicen, como si el mantenimiento de lo que existía antes hubiera sido la alternativa aconsejable. Olvidan ellos que cuando se tomó la decisión de hacer esos cambios, los colombianos reclamaban, exigían mejor, apertura política, participación, en fin, más democracia.
Tampoco tienen en cuenta el ambiente político y social que hizo posible la promulgación de la Constitución de 1991.
Desestiman que el movimiento que dio origen a la nueva Carta, nació de la protesta organizada y civilista de los ciudadanos cansados de no poder decidir directamente sobre las reformas constitucionales.
Y quieren revivir el antiguo debate acerca del reemplazo del Presidente durante sus faltas temporales o absolutas, con el evidente propósito de retroceder.
La verdad es que el campo para la imaginación en dicha controversia es muy precario.
La historia institucional del país ha oscilado entre la figura del designado y la del vicepresidente, desde 1810 hasta nuestros días. En ese lapso de tiempo, se han ensayado innumerables versiones y combinaciones de las dos instituciones al vaivén de las coyunturas. Por tal razón, quizás la principal virtud que tiene la decisión de haber adoptado la vicepresidencia en 1991, radica en que su raíz se hunde en un sentimiento mayoritario en favor de la participación, que fue creciendo a lo largo de muchos años.
Esa tendencia que se vivió en Colombia explica el mandato que recibimos los constituyentes, en el sentido de consagrar en la Carta todos los principios y mecanismos de la democracia participativa. Se trató de una manifestación de voluntad popular clara y expresa, que se tradujo en lo que ahora contempla nuestro estatuto básico en esa materia.
La idea, pues, de institucionalizar que el colombiano llamado a reemplazar al Presidente sea elegido popularmente hace parte de una visión democrática integral.
Quienes defendimos la creación de la figura, abogamos también, en su momento, por la elección de los alcaldes, votamos a favor de la elección de los gobernadores y respaldamos todas las herramientas que existen hoy para garantizar la expresión de la voluntad de los ciudadanos.
Era muy difícil entender y apoyar las razones que esgrimían destacados protagonistas de la vida nacional quienes, en la práctica, sostenían que los votantes estaban maduros para elegir Presidente pero no para escoger a los mandatarios regionales y locales.
Todo parece indicar que el debate habrá que darlo otra vez, porque ya se ventila una iniciativa que busca regresar al pasado.
Como si fuera poco, se dice que la vicepresidencia ha sido inútil. Ese argumento, además de desconocer el fondo del asunto, se estrella contra los hechos. ¿Puede alguien ignorar, para poner solo un ejemplo, la importancia del papel de apoyo a la política exterior que jugó Francisco Santos?. ¿O la significación de la tarea que hace el actual Vicepresidente en los escenarios internacionales?
No nos equivoquemos. Lo que se avecina es un nuevo intento, otro más, de romper la columna vertebral de la Carta del 91.
Quienes proponen el retroceso son los mismos que dicen que hay que echar para atrás la elección de alcaldes y gobernadores, y sostienen que tanta participación es dañina.
De lo que se trata, entonces, es de impedir que progresen los intentos de convertir en pedazos el diseño democrático que se consagró en la Constitución, en cumplimiento del mandato de la gente.
Esto es lo de fondo.
