Aprobada por el pueblo

El Congreso es objeto de constantes agravios de la prensa. Con frecuencia los parlamentarios dan pie para ello. Quizá por eso a la gente no le alcanzan los adjetivos para insultar al Parlamento, estimulada por el tono desmedido de los comunicadores sociales y sus titulares. Ser congresista en Colombia, es vivir en la caverna del desprestigio nacional, pues todo lo que hace esa rama del poder público es criticado y mal visto. Sin embargo, las leyes las hace y aprueba el Congreso, y el Marco para la Paz no es la excepción, ni yo soy la excepción entre quienes ven en él un cuerpo deslegitimado por su mediocridad. Por eso voy a pedir coherencia y unidad de criterios para sopesar este tema: Juan Manuel Santos logró que el Congreso estudiara y aprobara una ley marco para la paz; una ley que hizo trámite ante los mismos congresistas a quienes nadie respeta, y fue impulsada mediante el mismo tráfico de gabelas que sucede entre la Presidencia de la República y el Congreso, cuando los presidentes tienen apremio en sacar una reforma. Este Parlamento no se puso más inteligente, ni más juicioso, o más responsable. No. El Marco para la Paz fue aprobado por los mismos protagonistas y con los mismos métodos que el Acto Legislativo de reforma a la Justicia. Por eso, no hay razones para creer que la reforma a la Justicia fuera una vergonzosa traición a la patria y un abuso del Congreso, mientras en cambio el Marco para la Paz sí fue un esfuerzo noble, brillante, minuciosamente analizado y generosamente pensado con el más alto sentido republicano, para el mejor porvenir de la nación y la felicidad de los colombianos. Ese doble rasero para medir al Congreso es hipocresía pura. ¿Lo uno pecado mortal y lo otro virtud plena? ¿Cómo? Ambas son criaturas del mismo vientre, de la misma gestación, tienen el mismo ADN, y fueron procreados en la misma fornicación... Es un descaro argumentar que una ley salida del mismo órgano, pudiera haber sido hecha en representación de los más altos intereses de la patria. Es ilógico aceptar que tamaña decisión, de tan complejas y eternas consecuencias, pueda ser enmarcada dentro de una norma pensada por el gobierno con más ansiedad que responsabilidad, o "estudiada" y aprobada por los parlamentarios con una ansiedad de peores apetitos, desprovistos de cualquier consideración sobre el bienestar colectivo hacia el futuro. La ley que conocemos como Marco para la Paz, carece de legitimidad ante los ciudadanos por venir del mismo Congreso que la aprobó a ciegas como contraprestación al visto bueno que dio el gobierno para que los congresistas se despacharan a sus anchas en la, después mal-hundida, reforma a la Justicia. Esa es la verdad. El presidente Santos, sus ministros y todo el gobierno supieron todo el tiempo lo que el Congreso estaba aprobando en la reforma a la Justicia, lo supieron, lo calibraron, fueron consultados y lo aceptaron a cambio de que el Parlamento aprobara sin remilgos el Marco para la Paz, porque sabían que lo necesitaban para concretar lo que se filtró esta semana. El Ejecutivo transó con el Congreso lo uno por lo otro. No calcularon la arremetida de Julio Sánchez Cristo, el verdadero verdugo del engendro judicial. Por eso, por su origen, porque ese marco legal para la paz fue "comprado". Por la irresponsabilidad de los congresistas que no actuaron en nombre de sus electores. Por la ligereza del gobierno, dispuesto a pagar cualquier precio para concretar un acuerdo con la guerrilla, y porque ese "teje-maneje" dejó al pueblo sin autodeterminación ni participación en lo que será su destino, por todo eso, este gobierno debería considerar la posibilidad de implementar un camino verdaderamente incluyente y democrático en las formas de llegar a una situación de orden público que derive en lo que aquí llamamos "la paz". Para subsanar la traición a la representación del pueblo malversada por los congresistas, que no pensaron en los ciudadanos al votar el Marco para la Paz. También para que el acuerdo de inserción a la vida civil y política de combatientes, y todas las amnistías disfrazadas que les piensan dar, no pueda ser vilipendiado, como se despotrica hoy del proceso de Uribe con las AUC, o del mismo Caguán, para todo eso, el gobierno Santos debería curarse ante la historia y proceder a suscribir un pacto escrito con las guerrillas, con tantos puntos como sea necesario. Un contrato social nuevo, comprensible, fácil de entender, y ese texto debería ser sometido a una votación nacional que lo aprobara o improbara, de manera que sea el constituyente primario y no nuestro Congreso desprestigiado, el que modifique o claudique los principios que fundamentan el Bloque de Constitucionalidad, que rige esta masa en formación que es nuestra patria y con gran optimismo llamamos país. Entreguemos lo que sea, ¡pero sabiendo! O decidamos juntos no entregarlo, al costo que traiga. Este tema de "la paz", resuelto a tan alto precio, no puede ser decidido por un gobierno de coyuntura ni enmarcado en una ley negociada por prebendas personalistas. Para eso es que son los mecanismos de participación ciudadana, para que el pueblo decida sobre los más cruciales temas del porvenir, y este tema lo es, más que todos los otros. Por eso esta "paz", con todo lo que costará, debe ser aprobada por el pueblo: Colombia debe votar. Al fin y al cabo, para bien o para mal, ahora sí se trata de refundar la patria. Es justo que lo haga toda la nación y no unos pocos a espaldas de la mayoría. Solo así se pactará un orden indiscutible, para disfrutar por fin el derecho a la libertad. Libertad y Orden, eso es la paz, dos principios diezmados con sangre hermana en medio siglo de confrontación. @sergioaraujoc