Bogotá, la paz y las víctimas

No hay que permitir irresponsabilidades. En estos tiempos de calentamiento electoral es muy fácil que ocurra. Y ocurre. Hay quienes irresponsablemente quieren gobernar Bogotá para ponerla de espaldas al compromiso de construir un postconflicto sostenible. O peor aún, para convertir el Palacio Liévano en una trinchera desde la cual se dispare sin tregua al proceso de paz. Y también hay quienes haciendo gala de un ilimitado derroche de populismo pacifista, quizás para ocultar su ignorancia sobre la ciudad, proponen irresponsablemente que toda la agenda de la ciudad dependan del proceso de paz en curso. Responsable es asumir que tenemos el 10% de las víctimas de este conflicto atroz asentadas en Bogotá. Más de 600 mil personas son tanto como albergar la población de cualquier ciudad intermedia de Colombia. Saludable que Petro haya creado una Alta Consejería para las Victimas, la Paz y la Reconciliación. Que se hayan establecido compromisos concretos para la restitución de derechos de las víctimas en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Humana”. 48 metas bajo la responsabilidad de 11 entidades. Y que solo en el 2014 se destinaran más de 230 mil millones de pesos para la restitución de  sus derechos. La actual política pública de victimas de Bogotá tiene como afortunados antecedentes los programas de atención al desplazamiento adelantados desde los tiempos de Lucho Garzón que no hizo caso al argumento de que programas de ese tipo incrementaban el fenómeno en la ciudad. También el Centro de Memoria Histórica fue el resultado de un Acuerdo en el Concejo de Bogotá. Y la aprobación de la Ley de Victimas sirvió de referente para un nuevo Acuerdo del Concejo que establece los lineamientos a tener en cuenta para la formulación de la política pública en la materia. Todavía falta mucho por hacer. El Presidente Santos ha puesto la primera piedra para un gran museo a la memoria de las víctimas. 30 mil metros cuadrados se destinarán en pleno centro de Bogotá a un corredor dedicado a los derechos de esta población y a la reconciliación. Una creciente movilización ciudadana rodea esta causa humanitaria y los procesos de paz han colocado los derechos de las víctimas en el corazón de los acuerdos por lograr. Lo más importante es que junto al discurso, la agitación política y lo simbólico, se incorpore una buena dosis de gerencia pública para garantizar la restitución y reparación plena de los derechos pisoteados de este sector de la sociedad. En Bogotá no hemos sido del todo afortunados en ello. De las 40 mil viviendas previstas para las victimas hemos entregado un poco más de 5.000. Y en desarrollo productivo y empleo, el otro asunto clave en la reparación, seguimos dando palos de ciego. También es responsable colocar el tema en sus justas proporciones, porque toda la agenda de Bogotá no pasa por las tareas del postconflicto. Las urgencias en movilidad, en seguridad o en medio ambiente requieren soluciones creativas y gerenciales que no hacen parte de la Mesa de La Habana. Decir que todos los problemas de la Capital dependen de la paz es sencillamente populismo barato. @AntonioSanguino