Después de la corrupción en el sistema de salud, el saqueo en el sector de educación es uno de los más aberrantes. Un ejemplo de ello es el millonario pago por servicios no prestados, que denunció recientemente el gobierno nacional, acusando al municipio de Soledad, Atlántico, como uno de los más corruptos del país.
De don Miguel de Cervantes a Jaime Cervantes Varelo y una Procuraduría vacilante
Con todo, esto es apenas la punta del iceberg, pues hay modalidades de desgreño más complejas que entremezclan el ejercicio parlamentario –léase aprobación de leyes y sus conciliaciones como la 1169 de 2007, 1260 de 2008, 1176 del 2007 y ley 1294 de 2009, entre otras– con voluminosas contrataciones y colosales ejercicios nepóticos a favor de familiares y aun de subalternos directos del Congreso como lo reiteramos en la audiencia de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado contra el representante del Atlántico, Jaime Cervantes Varelo, donde reposa ingente material probatorio, más de 60 evidencias documentales que prueban de manera abundante lo que hemos catalogado como el ejercicio nefasto para la sociedad colombiana de legislar en causa y beneficio propios dejando de lado el interés general, incurriendo abiertamente en un conflicto de intereses. Es decir, la actividad parlamentaria pasa de asegurar la imparcialidad legislativa para convertirse en una industria que danza al ritmo que marca el codiciado Presupuesto General de la Nación, en desmedro de los niños y niñas que buscando la garantía del derecho fundamental a la educación terminan golpeados por una minoría superable de la miseria patria en cuanto la revista Semana tituló “Votos por cupos escolares” mostrando cuanto hemos afirmado. Desafortunadamente, en tal proceso como cerrando la pieza de sainete –una vez más– el titubeante concepto de la procuraduría delegada, Cristina Grueso Sánchez, traslucía no haber estudiado y por ende entendido suficientemente los más de quince cuadernos, y cientos de pruebas que militan contra el congresista.
Carrusel educativo en marcha
Se demostró que el congresista participó en la votación de la ley que permitió contratar servicios educativos con entidades sin ánimo del lucro. Esto cuando la fundación de su cercanía podía contratar con el municipio. Y que posteriormente aprobó la contratación de estos servicios con entidades con ánimo del lucro, cuando su exesposa, excompañera permanente, compañera permanente, sobrinas, e hijas así como una funcionaria de su grupo de asesores podían participar o representar sociedades unipersonales constituidas con capitales de 500.000 pesos, que manejaron recursos superiores a los 10.000 millones. Siendo entre sí contratistas –Colegio Don Bosco– e interventores –Fundación Fases– entre sí. Un carrusel de la educación integrado por un ejército de 30 planteles “educativos”, 23 de los cuales recibieron recursos de la nación vía el municipio de Soledad, gracias a las leyes, que como hemos anotado, el propio congresista aprobó para permitir la contratación inicialmente con organizaciones sin ánimo del lucro, y posteriormente extendió mediante otra ley a aquellas con ánimo del lucro, y como si fuera poco les asegura recursos aprobando las leyes de Presupuesto Nacional, que dejaban de ser generales en el caso de Soledad pues ya tenían nombre propio. Un entramado de educación privada prefabricado con tal propósito, e incluso en marcha a través de familiares y allegados suyos.
Cuando el “Juego Limpio” es juego sucio
Adicionalmente, a los padres de los menores les exigían entre tres y diez votos, que debían registrar antes de las elecciones, reconformarlos en las mesas que el parlamentario había dispuesto, y confirmarlos en un listado una vez sufragados, a efecto de que los estudiantes pudieran tener el cupo educativo.
El parlamentario obtuvo no menos del 97% del total de votación en ese municipio, donde en el día de votación, sin justificación alguna, se cambiaron cerca de 450 jurados de votación.
Paralelo al esquema contractual se desarrolló un andamiaje político al servicio del congresista Cervantes, a través de la fundación eufemísticamente llamada “Juego Limpio”, pues tal macabro uso de los recursos destinados a la educación de los niños y las niñas más desprotegidas del país mal puede calificarse de “limpio”. Un aparato político, léase maquina aplanadora, se desplegó abiertamente, al amparo de la Alcaldía de Soledad. Claro, olvidé mencionar que un hermano del parlamentario fue concejal, del mismo partido político del alcalde municipal.
¿A tapar a tapar que el mundo se va acabar?
Una vez destapado el escándalo, fueron cedidos los derechos de tales sociedades educativas unipersonales –o de un solo propietario–, a otros allegados, se rotaron, por el mismo precio de constitución, 500.000 pesos, lo cual es sencillamente absurdo. Allí terminó una asesora del congresista –cuya casa es sede de una de las mayores contratistas de la cual era representante legal la más reciente compañera permanente del congresista, y madre de su última hija– como reemplazo de su compañera permanente.
Frente a decenas de pruebas esgrimidas la Procuraduría insistió que había “una manto pálido de nieblas” contra el parlamentario, adicionando que solicitaba investigar a la asesora del congresista por al mismo tiempo haber contratado varias veces con el municipio de Soledad. Pero una vez más le tembló la mano para pedir la cabeza del parlamentario “estrella”. Será el propio Consejo de Estado el que entonces deberá velar por la imparcialidad congresarial, el derecho a la igualdad y transparencia electoral, para contener el ejercicio despótico del poder derivado del representante a la Cámara.
Posdata
Birry: Bien por la sanción a Rojas Birry que anunciamos semanas atrás en esta columna, mal por lo tarde, pues no teníamos que esperarnos cuatro años para que la Procuraduría resolviera un asunto que se conoció públicamente igual número de años. Ese proceso debió ser fallado mucho antes que el de los Moreno, y quizás nos hubiéramos evitado muchos dolores de cabeza en la ciudad…
Nule: Bien por los Nule que esta semana comenzaron a colaborar…mientras uno se pregunta ¿qué pasa con Julio Gómez, Emilio Tapia, Álvaro Dávila, e incluso Manuel Sánchez los otros contratistas señalados, que aún están libres? ¿Será que hay dos justicias? ¿Cuándo terminarán también los privilegios de los Moreno en materia de detención preventiva en sus envidiables clubes privados resorts?
