Costos de una guerra fratricida

3 de febrero del 2015

“Los últimos 10 años de guerra, han costado cerca de 220 billones de pesos.”

Es una preocupación recurrente, saber cuántos son los costos que nos genera este enfrentamiento social y armado, que ya lleva más de cincuenta años,  que por fin va a terminar, si nos atenemos a las esperanzadoras palabras  del presidente Santos y a  los comunicados que emiten  en forma juiciosa, los delegados de las FARC,  reunidos en La Habana,  Cuba.

Según estudios hechos con rigurosidad académica por distinta universidades, los últimos 10 años de guerra han costado cerca de 220 billones de pesos al erario público, contabilizados los costos de sueldos de todo el personal humano comprometidos en las tareas de defensa:  salarios para más de 400.000 personas vinculadas  a estas actividades, además de gastos en logística, intendencia  y armamento. Los anteriores son los costos a nivel macro, ya que es difícil  saber a ciencia cierta,  cuanto le ha costado la guerra al país. Basta con decir que  no están cuantificados los costos  que se invierten en hospitales y clínicas que genera el terrorismo en sus múltiples expresiones como emboscadas, atentados y minas antipersonales.   Tampoco están relacionados los costos generados por asesinatos, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados. Desastre apocalíptico  que ya suma más de seis millones de víctimas.

Sin embargo, con esta sola cifra de  gastos de defensa, el  Estado colombiano hubiera podido invertir estas ingentes sumas presupuestales en otros rubros de solución a la problemática social, para aliviar la dura situación de millones de colombianos que no tienen una vivienda digna, se  hubiera podido construir más de 3.000.000 de casas de interés social a lo largo y ancho de la geografía nacional, resolviendo en esta forma un pedido clamoroso que  desde hace años hace la sociedad colombiana.

Para la investigadora Ana María Ibáñez  de la Universidad de Los Andes, los graves daños no son solo en los rubros presupuestales, también “la violencia genera incertidumbre y miedo, debilita las instituciones estatales y pone en riesgo los derechos de propiedad, entre otros. Estos estudios muestran que debido al conflicto armado, las firmas manufactureras salen más del mercado e invierten menos; los productores agrícolas dejan de producir o se dedican a actividades de bajo riesgo, pero baja rentabilidad; los niños asisten menos al colegio y  se vinculan al mercado laboral; y la salud de las personas se deteriora, pues los niños nacen con bajo peso y aumentan los abortos en regiones de aspersión con glifosato”.

Decidir la paz que ponga fin a la desastrosa guerra que llevamos entre hermanos, la que hace muchos años perdió toda razón de ser para la misma insurgencia, pues si bien, no ha podido ser exterminada por las fuerzas del Estado, tampoco ha mostrado avances significativos en su lucha, ni desde el punto de vista militar, ni mucho menos desde la perspectiva política de organización de fuerzas sociales participativas, jugando con habilidad y astucia en coyunturas políticas, que definan la llegada de fuerzas de oposición a los puestos de poder, desde donde se construye e implementa la política pública con sentido de equidad y justicia. Hoy firmar un acuerdo de terminación del conflicto, significa la posibilidad de una negociación  gana- gana para parte y contra parte, esto es insurgencia y gobierno.

La Constitución política de 1.991 instauró nuevas y más eficaces herramientas para hacer política de oposición y de organización con expectativas reales y concretas para llegar al poder, no solo a nivel local, sino además a nivel nacional, como ya lo han hecho otras hermanas repúblicas de Latinoamérica, casos concretos: El  Presidente del Uruguay, Pepe Mujica, excomandante del movimiento guerrillero Tupamaro, así mismo Evo Morales, el presidente indígena de Bolivia, quien ya suma tres periodos seguidos.

Del mismo modo para el Estado es la gran oportunidad de plantearse verdaderas opciones de crecimiento y desarrollo económico, social y político, así como dar los pasos necesarios  para asumir la promoción, reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos y  la  significativa tarea de  articular acciones que permitan responder por los millones de víctimas del  conflicto cuya razón histórica se impone cada día.

Por eso son tantas las manifestaciones de apoyo popular a los esfuerzos que se hacen en La Habana- Cuba, por poner fin a la guerra  fratricida colombiana, que no dudamos en resaltar y reconocer el cerrado aplauso y la ovación de pie, que recibió en el Hay Festival de Cartagena el doctor Humberto de la  Calle Lombana, cuando se presentó con la premio Nobel de Paz Jody Williams, para  ratificar los compromisos del  presidente Juan Manuel Santos con la Paz. Y no es para menos, los colombianos sabemos que ese presupuesto que ahora  está destinado a la guerra, después de los Acuerdos de Paz, pasará  a la construcción real de la Paz, con inversión que beneficie los campesinos: con hospitales y escuelas, los niños con fortalecimiento del Instituto de Bienestar Familiar,  los destechados con la implementación de políticas que mejoren su situación, entre otros.  !!! Paz…Que bendición para la sufrida sociedad colombiana¡¡¡

Exembajador de Colombia.

* Los comentarios, textos, investigaciones, reportajes, escritos y demás productos de los columnistas y colaboradores de Kienyke.com, no comprometen ni vinculan bajo ninguna responsabilidad a la sociedad comercial controlante del medio de comunicación, ni a su editor, toda vez que en el libre desarrollo de su profesión, pueden tener opiniones que no necesariamente están acorde a la política y posición del portal.

Ver comentarios
KONTINÚA LEYENDO