Apartándonos del análisis sobre las razones de la presidente de Argentina para nacionalizar la petrolera española YPF, el hecho nos obliga a insistir en la necesidad de abrir los ojos sobre nuestra propia realidad.
A raíz del embrollo, y en medio de nuestro panorama de crecimiento económico (que favorece a unos pocos —los inversionistas—, y no redistribuye beneficios como corresponde entre la mayoría, nunca nos cansaremos de repetirlo), varios de los nacionales que aplauden el modelo económico han salido en coro a llamar la atención sobre la seguridad jurídica que debe regir en las relaciones económicas. Ni más faltaba que no exista tal seguridad.
El problema en nuestro caso, y en el de los países que optaron por el libre mercado a ultranza, es que nos negamos a ver que esa seguridad jurídica descansa sobre un común denominador de desventajas para los receptores de inversión y de beneficios abusivos para los inversionistas.
Es ya abundante la información, tratada inclusive en varias entregas de esta misma columna, sobre las laxitudes y decisiones nada técnicas del anterior y del actual gobierno, que han facilitado las cosas a la inversión extranjera, en menoscabo de las rentas del Estado, de las condiciones de vida de las comunidades y del medio ambiente.
En este punto es donde no se entiende a gobernantes y líderes empresariales, propios y extraños, que pretenden convencernos de defender esa seguridad jurídica, pasando de agache que ésta, en aplicación plena del estándar neoliberal, se ha venido pactando a espaldas delas más elementales conveniencias nacionales.
La administración Santos, antes de salir a vanagloriarse por la clasificación del país como el primero de Latinoamérica en protección al inversionista, debería pensar primero en la protección de los intereses de los colombianos, y, luego sí, construir la seguridad jurídica sobre esa base. No como también se ha hecho con los TLC negociados y en proceso de negociación, que dejan a su suerte a grandes grupos de población nacionales dedicados a actividades económicas tradicionales, sin más previsión que las ventajas de la contraparte.
A Santos le va a tocar decidir a qué le juega: a la obediencia ciega a los dictados del modelo económico impuesto o al beneficio verdadero de sus gobernados. En sus manos estaría marcar la diferencia con nuestros últimos mandatarios. En Brasil tiene un buen ejemplo de cómo modificar con autonomía y buenos resultados la aplicación del modelo, poniendo en primer lugar lo que necesita la gente. Allá, por ejemplo, dijeron no a los TLC y protegen lo que consideran que deben proteger. Lo mismo que hacen las grandes potencias con varios de sus productos importantes. Ellas se amparan obligándonos a comprárselos a través de los TLC y si nosotros producimos de lo mismo en cualquier escala, pues de malas, a extinguir esa actividad y a quienes viven de ella. Mientras tanto, hablar aquí de protección, nos lo cobran como un sacrilegio.
Presidente… presidente…: el campanazo no es para expropiar, ni nada por el estilo; pero sí nos indica que al país deberíamos tomárnoslo en serio.
A propósito, independientemente de los ruidos contradictorios de recientes encuestas, los colombianos deberían basar en realidades determinantes como las aquí descritas su calificación a nuestros gobernantes.
