En estricto sentido y haciendo una interpretación exegética del derecho natural y del origen del derecho mismo, debemos decir que son sujetos de derecho y de sus consecuencias, los seres humanos, luego sería contrapuesto pensar en el concepto derechos inhumanos. Sería también inconcebible que entendido lo primero, en Colombia como en otros Estados se deshumanicen los derechos, lo cual resuelve en la siguiente lógica: sencillamente ausencia de derechos y garantías.
La exégesis contrasta con la eiségesis que no es otra cosa que hacer inserciones particulares de un tratado, ordenamiento o incluso de una tesis o de un texto determinado. En resumen, en el primer caso se trata de un análisis objetivo y en el siguiente postulado de una incorporación subjetiva del ordenamiento, que sin duda debe ser concebido de manera exegética.
Visto lo académico que se hace necesario como introducción al contenido del título de esta columna, debo decir que leí con gran asombro hace un par de días, cómo Estados Unidos de Norteamérica según Noticias Caracol, certificó que Colombia cumple con la normatividad de Derechos Humanos. Esto puede tener dos interpretaciones. Una, que las buenas relaciones entre los dos gobiernos con miras a la firma del TLC, sean tan cercanas que se estén abriendo las puertas a la concreción del tratado usando esta cortina de humo, lo cual sería ilegitimo. La otra, no menos ilegítima, ofrecer un pseudo reconocimiento a la labor de la Fiscalía General de la Nación, a las instituciones colombianas y a los grupos subversivos y delincuenciales que a diario están violando las normas de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, para dar un tinte de legalidad a las malas prácticas en esa materia en nuestro país y seguir disfrazando las alianzas narcoterroristas y sociedades entre el Estado y los grupos ilegales. Lo anterior, porque para nadie es un secreto que el mejor cliente de toda esa maquinaria inhumana es Estados Unidos de Norteamérica.
Dice el artículo que me sorprendió, que “durante el período de certificación, el gobierno colombiano tomó una serie de pasos importantes para mejorar el respeto a los Derechos Humanos, tanto de las Fuerzas Armadas como en el país en general. Ha fortalecido los esfuerzos para desmantelar a grupos armados ilegales y firmado leyes que endurecen las penas para los delitos contra activistas de derechos humanos. La nueva fiscal general Viviane Morales se ha comprometido a mejorar la administración de justicia y ocuparse del trabajo atrasado en casos pendientes de derechos humanos, asegura el Gobierno estadounidense” (cursiva fuera de texto). En lo referente a los activistas de DD. HH. y los líderes de restitución de tierras nada ha cambiado. Casos como el de Fernando Vargas (Presidente del Comité VIDA) y el mío (Presidente de la Fundación Colombia con Memoria), reflejan que acá las garantías que solicitamos al Estado son un verdadero saludo a la bandera. Cuando hemos pedido seguridad por el riesgo de nuestra vida e integridad personal y el de nuestras familias la respuesta ha sido negativa. Cuando denuncié a Miguel Maza Márquez por todo lo que ya sabemos, fui amenazado e intimidado y eso no bastó sino para que pusieran a un policía de un CAI a que pasara por mi casa cada vez que tenía tiempo. En el caso del Dr. Vargas, contra su vida han perpetrado dos atentados a bala y tampoco es suficiente. Vemos que cotidianamente líderes regionales de restitución de tierras son asesinados y colectivos de DD. HH. son masacrados por su gestión humanitaria. En la actualidad hay procesos pendientes de gran calado, radicados en la Unidad de Derechos Humanos de la FGN quietos por la mano negra, entonces tampoco hay tal interés de la Señora Fiscal en estos temas. Un ejemplo claro de que estamos en el podio de orgullosos ganadores en la competencia de violar derechos, es la Corte Constitucional o mejor, Corte Inconstitucional. El miércoles pasado radiqué un recurso ante esta corporación donde solicito a la Sala Plena que no discrimine a las víctimas del narcotráfico, que no apalanque la impunidad y que por el amor del Divino Creador no excluya a quienes han padecido los vejámenes de la violencia narcoterrorista de la década de los 80. Parece increíble pero esta institución se niega a reconocer estos derechos y de rodillas hemos rogado haciendo uso de los recursos legales que nos asisten, para que se pronuncien como obligatoriamente tiene que hacerlo, pero los resultados hablan por sí solos: rechazo a la única demanda que pide la reparación de estas víctimas.
Se hace impensable decir que Colombia es un país observante de la legislación de los Derechos Humanos, cuando a diario vemos su flagrante violación por parte de sus garantes y de la guerra de guerrillas que vivimos. Veamos otro ejemplo: en tiempos del debate sobre si la inserción de la frase ocurridas con ocasión del conflicto armado Interno, de la discriminatoria e inconstitucional Ley 1448 de 2011, otorgaría estatus de beligerancia a las Farc, se concluyó que claramente este grupo narcoterrorista es violador sistemático de las normas internacionales de la guerra. Entonces viene la pregunta: ¿a qué le están jugando EE. UU. y Colombia?, ¿cuál es ese juego sucio y dónde quedan las verdaderas conductas que se manejan de manera subrepticia?, ¿por qué los delitos de lesa humanidad y las persecuciones políticas siguen pendientes?
Concluyamos: Esto no es más que una interpretación amañada de la realidad colombiana, o sea estamos frente a una eiségesis y cada vez más alejados de una exégesis; mejor dicho, abajo los Derechos Humanos y arriba los Inhumanos. Estamos rajados en la materia pero seguimos trabajando!
