Desmovilización, extradición y cosa juzgada

El Gobierno nacional ha anunciado su interés de explorar alternativas jurídicas que impidan que los desmovilizados, en el marco de un proceso de paz, puedan ser extraditados. Evidentemente, se trata de una exigencia de las Farc en la mesa de La Habana. No son tontos: saben que no pueden dejar ese “demonio” gravitando sobre ellos, cual espada de Damocles. Y tienen razón. ¿De qué sirve acogerse a la ley en Colombia, si al poco tiempo los montan en un avión de la DEA con rumbo a una prisión federal en el país del norte? La sala penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de producir una interesante jurisprudencia, en la que los magistrados de esa corporación ratifican que el delito de narcotráfico es conexo con el de rebelión, cuando esa actividad ilegal ha sido cometida para financiar organizaciones insurgentes. Dicha postura jurídica podría ayudar a aclarar el panorama, pero no es suficiente, debido a que el máximo tribunal de la justicia ordinaria precisó que el hecho de pertenecer a la guerrilla y haber participado en actividades de narcotráfico no es obstáculo para la extradición de integrantes de grupos armados. En otras palabras: sí pero no. la Corte reconoce la relación o conexidad entre los delitos de narcotráfico y rebelión, al tiempo que indica que, a pesar de ello, la extradición puede tramitarse. A continuación, apartes del pronunciamiento de esa corporación: “De ninguna manera puede considerarse como un factor impediente de una solicitud de extradición, no sólo (sic) porque el legislador, no lo ha estimado así, sino porque la misma comunidad internacional le niega ese carácter”. Aquí surge un problema muy delicado, del que estoy seguro las Farc y sus asesores no se han percatado, pero no demoran en pillarlo: el alcance de los delitos por investigar. Más allá de la conexidad, lo que se debe hacer es investigar, en los procesos de justicia transicional, los temas relacionados con la financiación de las organizaciones armadas al margen de la ley, incluyendo el flagelo del narcotráfico, a fin de no saldarlos vía extradición. De lo contrario, la suerte de los desmovilizados estará sujeta al arbitrio de los jueces, y estoy seguro que dicha situación de inseguridad jurídica daría al traste con el acuerdo de paz. Por lo tanto, es mejor tocar este tema ahora y subsanarlo, antes de que sea demasiado tarde. Otro asunto no menos importante para garantizar la sostenibilidad de los acuerdos es el control previo de constitucionalidad de las medidas adoptadas en desarrollo del acto legislativo del marco jurídico que habrá de implementarse, toda vez que ello evitará, por una parte, la aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, y, por  otra, la proliferación de diversidad de criterios interpretativos y de jurisprudencias variables en las diversas instancias de la Rama Judicial. Para evitar tales fenómenos adversos al cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc, también es imprescindible que la ley estatutaria que materialice las medidas adoptadas en desarrollo del mencionado acto legislativo, contenga un artículo que establezca la obligación de acatar por completo lo allí contenido, en cuanto hace tránsito a cosa juzgada. Históricamente, la guerrilla le ha quedado muy mal a Colombia, pero el Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, quedarle mal a los insurgentes: hay que darles seguridad jurídica, con las respectivas garantías constitucionales y legales. Ahora las Farc son nuestros enemigos, pero, una vez se desmovilicen, entreguen las armas y reparen a sus víctimas serán nuestros aliados en la construcción de un mejor país, y, como tales, deben ser tratados. La ñapa 1: Con el Alcalde Mayor de Bogotá, no hay manera: a pesar de que las encuestas lo rajan, él insiste en echarle la culpa a la selección de la muestra. En este caso, como dice el dicho, “no hay peor sordo que el que no quiere oír”. La ñapa 2: El alcalde Petro piensa terminar su período desde un submarino, porque le dijeron que en el fondo era bueno. abdelaespriella@lawyersenterprise.com