Dios quiera que no se cometa otro error
Preocupa mucho lo que se lee en estos días acerca de la eventualidad de un nuevo proceso de diálogo con las Farc.
Superar la pesadilla del terrorismo es el sueño de los colombianos. Sobre ese sentimiento nacional no puede haber duda alguna.
Pero así como es de fuerte el anhelo de vivir y trabajar tranquilos, también lo es el rechazo a que el esfuerzo del Estado y de la sociedad, en su conjunto, conduzcan a una más de las tantas frustraciones que hemos padecido.
Es muy difícil imaginar que el final exitoso de los empeños conducentes a lograr la paz no contenga elementos políticos.
Empero, para llegar a ese punto se requiere la existencia de condiciones previas que hagan posible ver la luz al final del túnel.
Y dichas condiciones no se observan todavía por ningún lado.
Ante la ausencia del clima que cubra de credibilidad unas posibles conversaciones, sería, a todas luces, un error, precipitarse a iniciarlas.
Es evidente que los gobiernos tienen el deber de explorar caminos. No obstante, así mismo están obligados a tener presente la historia del país para no incurrir nuevamente, de buena fe, en errores que le hagan daño a la Nación.
A lo largo de los años, los presidentes han ensayado distintos mecanismos. Por eso, en los textos históricos, se encuentran páginas que dan cuenta de las más variadas aproximaciones al asunto de la paz y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de conservación del orden.
Voluntad, tal como la entendemos los amigos de la institucionalidad, se ha tenido.
Se han otorgado amnistías en indultos, así como también se han aprobado leyes sobre materias a las que las Farc le otorgaban el carácter de reivindicaciones políticas y sociales necesarias para avanzar hacia la reconciliación.
Con muchas dificultades, se aceptó dialogar en medio de la violencia; no faltó decisión para superar el bloqueo que impedía la incorporación del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra a nuestra legislación y, con base en lo anterior, se plantearon acuerdos humanitarios como un primer paso en las negociaciones.
La Constitución del 91 se concibió como la Carta de la paz, ha habido despeje de territorios, tuvimos presidentes que se fueron al monte a buscar a Tirofijo para conversar, y se ha negociado en el exterior.
En fin, son innumerables los intentos al igual que los fracasos.
En consecuencia, hemos aprendido. Hoy sabemos que el país no acepta zonas de despeje y rechaza que se converse al tiempo que las Farc hacen terrorismo.
También conocemos que esa organización rechaza la confidencialidad porque no le sirve; tenemos claro que a los espacios políticos los consideran apenas una pieza en el marco de la combinación de las formas de lucha y sería una ingenuidad creer que abandonaron el objetivo de alcanzar el poder.
Para rodear de credibilidad un hipotético proceso se requiere que su conductor, el Presidente de la República, tenga un gran liderazgo, que cuente con el apoyo del pueblo colombiano.
Y ese escenario solamente existiría si las Farc dejan de hacer terrorismo y aceptan que el final de la negra noche es el desarme y la desmovilización.
Es mejor que nadie se deje tentar por la idea según la cual es posible dialogar mientras ese grupo armado ilegal sigue delinquiendo e intimidando a los colombianos a sus anchas.
Basta recordar lo que sucedió en Tlaxcala y, posteriormente, en el Caguán.
En las circunstancias actuales, el único camino viable consiste en que el Estado siga cumpliendo con el deber constitucional de combatir la violencia, al tiempo que la sociedad en su conjunto le reclama a las Farc que dejen de hacer terrorismo para que resulte posible pensar en un proceso creíble que nos lleve a la paz.
Dios quiera que no se cometa otro error.
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