De acuerdo con el más reciente Informe sobre el desempeño fiscal de los departamentos sus ingresos propios alcanzaron los $8,1 billones en 2015, de los cuales $6,7 billones corresponden a ingresos tributarios y $1,4 a ingresos no tributarios. Por su parte los ingresos tributarios tuvieron una dinámica importante, con un crecimiento real cercano al 13,6% de 2012 a 2015. No obstante, este crecimiento se basó en un aumento generalizado de las estampillas, que pasaron a convertirse en el segundo ingreso más importante de los departamentos con un recaudo de $1,1 billones en 2015. En contraposición, tanto el recaudo del impuesto al consumo de licores como de cigarrillos, tuvo un retroceso en términos reales cercano al 14%, afectado principalmente por el contrabando.
La evidencia en la ejecución de ingresos tributarios de los departamentos, muestra una estructura tributaria agotada, poco representativa y de bajo crecimiento, que busca opciones de expansión en gravámenes como las estampillas, que son considerados antitécnicos y que significan en sí una reasignación del gasto más que un ingreso, porque es pasar dinero de un bolsillo para el otro. Esto hace pensar en la pertinencia de una modernización de los impuestos departamentales que deberá incluirse en la reforma tributaria estructural que acaba de radicar en el Congreso de la República el Gobierno Nacional. Esta necesidad también se hace evidente en términos de la dependencia de los ingresos departamentales con respecto a los recursos de transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), que alcanza a ser en promedio de 36% (¡!) del total de ingresos.
Por el lado de los ingresos departamentales provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), estos tienen también una tendencia decreciente, ya que pasaron de $9,3 billones para el bienio 2013-2014 a $8,9 billones para el 2015-2016 y se prevee una caída mayor para el bienio 2017 - 2018. El desplome de los precios de los comoditties y la caida de la producción de petróleo están impactando de manera directa la generación de regalías. Para contrarestarlo se creó en su momento el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) dentro del SGR, que actualmente maneja más de $10 billones. Dado que el sentido y la finalidad de este es ahorrar en la época de las vacas gordas para cuando llegue la época de las vacas flacas y en las vacas flacas estamos, los departamentos han propuesto que se haga efectivo el año entrante el desahorro de los recursos del FAE y además reformar la ley para establecer que el desahorro del Fondo pueda alcanzar un porcentaje superior al 10% definido actualmente.
Otro de los avances en los ingresos departamentales y que beneficia la inversión territorial, se ha dado con base en la depuración del pasivo pensional que implica un mayor desahorro del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). Ello se posibilita a partir del momento en que sus recursos superan el 125% del cálculo actuarial del pasivo pensional de cada Departamento. Este desahorro pasó de $115 mil millones en 2012 a $465 mil millones en 2016, además en un contexto en el que del total de las administraciones centrales territoriales, el 67% de ellas dejaron cubierto su pasivo pensional al cierre de 2015. En este sentido, desde hace un tiempo se viene promoviendo la idea de reasignar algunas de las fuentes territoriales direccionadas al FONPET y que ya han cumplido su finalidad primigenia, como el caso de la partida del SGP destinada para este fin.
En cuanto al análisis del gasto departamental la inversión continúa siendo la más representativa, con una participación promedio del 82% del gasto total (sin tener en cuenta el SGR), seguida por el funcionamiento y servicio de la deuda. Los gastos de funcionamiento departamental alcanzaron los $3,9 billones de pesos, y dentro de estos, los gastos pensionales representan cerca del 38%.
Así mismo, se está planteando la necesidad del fortalecimiento del fisco territorial, dado que en los últimos años se ha venido imponiendo una descentralización disfuncional, delegándole más funciones a las entidades territoriales pero sin transferirles los recursos necesarios y suficientes para asumirlas. En este contexto, el Proyecto de reforma tributaria y los ajustes que demanda el SGP, ahora que se retrotrae al Acto legislativo 01 de 2001, se convierten en dos ventanas de oportunidad para los departamentos que no se deben desaprovechar.
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