¿El Gabinete del Postconflicto?

Un remezón político.  Fue lo que produjo el Presidente Juan Manuel Santos en días recientes con los cambios en su gabinete ministerial. En su coalición de gobierno las reacciones no se hicieron esperar. La U parece poco contenta y el Partido Liberal por boca de su jefe Horacio Serpa se apresura en expedir partida de defunción a la denominada “Unidad Nacional”, mientras que Cambio Radical mantiene su cuota de representación y su propia agenda. También en el Polo y en la Alianza Verde  se han escuchado voces a favor y en contra de la designación y aceptación de los nombramientos de Clara López como Ministra de Trabajo y de Jorge Londoño como Ministro de Justicia. Como un Gabinete para la paz y el Postconflicto lo denominó el propio Presidente. Y el hecho de incluir los nombres de dos personas provenientes de dos fuerzas políticas que mayoritariamente lo apoyaron en la segunda vuelta y que ayudaron decisivamente a su reelección presidencial para que terminara el conflicto armado mediante acuerdos de paz con las guerrillas, le sirve como argumento para tal calificativo. Porque en honor a la verdad la designación de Clara López y Jorge Londoño no corresponden a la milimétrica repartición de mermelada que tanto trasnocha a la unidad nacional. No implica el ingreso del Polo y el Verde a la coalición de gobierno. No compromete la posición de oposición o independencia de estos dos partidos. Ni significa la renuncia a propuestas presidenciales propias para el 2018. Y puede ser un apoyo significativo a tareas como la reinserción económica y social de los excombatientes o la implementación de la justicia transicional que se deriven de los acuerdos. Pero un gabinete para la paz, para que lo sea, debe ir más allá.  Para lograr el cierre completo del conflicto, obvio que debe garantizar la plena implementación de los acuerdos. Y ello implica la movilización de todos los recursos institucionales y financieros del Estado y la seguridad jurídica expresada en reformas constitucionales y legales. Una tarea que seguirá siendo urgente es la celeridad en aplicación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Victimas y Restitución de Tierras que enfrenta duros opositores en los enemigos del proceso de paz. Y junto a ella el combate decidido a las bandas criminales que favorezcan la seguridad en los territorios del postconflicto, la protección de los demandantes de tierras, defensores de derechos humanos, militantes de izquierda y voceros de los movimientos políticos surgidos de los acuerdos de paz. Un plan especial para los 300 municipios que han sido escenario de la guerra, sustituyendo las economías ilegales y reterritorializando al Estado, debe ponerse en marcha al día siguiente de la firma de la paz. Está suficientemente documentado que la sostenibilidad de la paz exige el esfuerzo de un ciclo de gobiernos sucesivos. En la campaña presidencial del 2018 las fuerzas políticas independientes y alternativas  deben presentar su propuesta de gobierno de transición a la paz. Pero en lo que resta del gobierno, el Presidente Santos podría dar señales de que quiere convertir el postacuerdo en un postconflicto de larga duración. Y para ello debería jugársela por unas políticas sociales que disminuyan desigualdades y segregaciones sociales y espaciales, un viraje a la política mineroenergetica, un compromiso cierto con enfrentar el cambio climático y el calentamiento global y una disminución radical de la corrupción. Para que este remezón ministerial sea de verdad un paso adelante.