El mal comienzo de las bandas emergentes

“Cualquier cosa que pueda ir mal, irá mal y es susceptible de empeorar” es una de las famosas leyes de Murphy que parece hecha para dar cuenta del errático proceso de desmovilización   y reinserción de los grupos de autodefensa o paramilitares. Y allí está el “trauma de nacimiento”  de las macabras Bandas Emergentes que el pasado lunes cobraron la vida de los estudiantes de la U de los Andes, Margarita Gómez y Mateo Matamala a manos del grupo criminal “Los Urabeños” en el departamento de Córdoba. Y es verdad que el proceso de desmovilización con los paras empezó mal. Se ocultó el carácter mafioso de tales grupos para simular una negociación con una organización típicamente contrainsurgente y se ofreció un generoso marco jurídico de perdón y olvido. En el trayecto de la reinserción, el gobierno Uribe extraditó a Estados Unidos a 16 capos de las autodefensas como si apenas descubriera sus vínculos con el narcotráfico. Y por fortuna, el Congreso de la República y luego la Corte Constitucional produjeron la Ley de Justicia y Paz como una corrección jurídica del proceso. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y los medios de comunicación nos revelaron hasta donde llegaron los tentáculos de la parapolítica. Mientras tanto, paras de primera y segunda línea echaban mano de estructuras ilegales que no desmovilizaron, realizaban nuevos reclutamientos  y se disputaban a sangre y fuego los territorios y sus negocios. Ahora sabemos por cuenta de un reciente informe de la Unidad de Fiscalías para Justicia y Paz que los miembros de las AUC son responsables de 173.183 homicidios,  34.467 desapariciones forzadas, 1.597 masacres, 3.527 secuestros, 3.532 menores de edad reclutados y 74.990 comunidades desplazadas. Lo grave es que una parte de las hordas que produjeron semejante campaña de terror ahora se reciclaron en una versión más explícitamente mafiosa y criminalmente más degradada. La nueva geografía es tenebrosa. Según la propia Policía Nacional para el año 2009 las denominadas BACRIM (Bandas Criminales) contaban con 4.000 miembros operando en 173 municipios y 24 departamentos. La misma fuente gubernamental, en enero de 2010, señaló que se han identificado seis bandas: “Los Urabeños”, “Los Paisas”, “Los Rastrojos”, “Los Machos”; “Renacer” y el “Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia”. Resulta impensable que este fenómeno criminal se pueda enfrentar con soluciones negociadas como se hizo con las AUC en el pasado reciente. El presidente Santos, la justicia y los demás poderes públicos están aún a tiempo de corregir en parte la reinserción paramilitar. Y hay señales positivas en ese sentido. Pero sobre todo, el gobierno está obligado a movilizar todos sus recursos institucionales en función de desactivar un fenómeno que promete superar a los grupos que deben su origen. Y para ello no deberíamos esperar el sacrificio de otra Margarita y otro Mateo, como si las víctimas anteriores no nos conmovieran.  Esta situación será susceptible de mejorar si aprendemos a cerrar bien nuestras guerras y a superar adecuadamente nuestras violencias.