Los hechos ocurrieron en abril de 2009, en el entorno político y personal del senador Carlos Ferro Solanilla, el otrora secretario privado de Leonor Serrano de Camargo, un individuo silencioso, de bajo perfil público, quien llegó a ser Presidente del Partido de la U.
Los familiares de Eduardo Díaz Pinzón (el muerto) no han logrado que la investigación avance ni que el proceso se adelante en Bogotá, convencidos de que en Fusagasugá todos los resortes de la justicia (Fiscalía, jueces, Procuraduría) están controlados por el –ahí sí- acucioso senador.
Nada se ha movido desde que conocí el asunto, hace un par de años, y lo denuncié públicamente.
Para todos –desde ese entonces- era protuberante que Ferro Solanilla protegía obsesivamente a John Harold Arias Berján, patrullero de la Policía sobre quien recaen las mayores sospechas del homicidio. El agente era miembro del esquema de seguridad del congresista e hizo parte del círculo de amigos de los dos, de Díaz y de Ferro.
Díaz, de 52 años, quien fue secretario de Gobierno de la entonces gobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo, mantenía una relación homosexual con Arias Berján, de 25 años. Compartían apartamento y estaban juntos hasta la noche en que, misteriosamente, Díaz desapareció. Su cuerpo fue hallado cinco días después, en la vía Bogotá-Sibaté. El congresista dijo estar de viaje por África.
Existe un video (registrado en las cámaras del edificio donde convivían) donde quedó esta evidencia: los dos (Díaz y Arias) entran de manera normal. Una hora después el ascensor desciende al sótano, con el policía que arrastra un bulto muy pesado, claramente un cuerpo. Otro hombre lo espera en un vehículo que rápidamente se acerca a la puerta del ascensor. “La carga” es introducida al baúl. Y el carro sale raudo del lugar. Cinco días después las autoridades descubren el cadáver, con señales de tortura.
El caso es investigado por funcionarios de la Fiscalía en Fusagasugá, donde Ferro ejerce autoridad y control casi general. Corriendo riesgos, dicen ellos, familiares de la víctima han adelantado sus propias pesquisas, pero siempre se encuentran con la muralla de un superior que dilata el proceso. El sospechoso siguió en la Policía y conocidos lo vieron prestando servicios de seguridad en el Congreso, muy cerca de un alto oficial.
Díaz Pinzón y Carlos Ferro mantuvieron siempre una estrecha relación política y personal. Fue Díaz el principal promotor de su candidatura al Senado y habría invertido mucho dinero de su propio peculio, que no era poco.
Según fuentes allegadas a la investigación, Díaz y Ferro se relacionaron estrechamente con el policía Arias Berján y con su hermano, con quienes se les veía con frecuencia. Entre Díaz y el patrullero Arias surgió una relación sentimental.
No es claro que el patrullero haya asesinado a su amante y mecenas, pero la familia de Díaz Pinzón no encuentra explicación a las presiones de Ferro y sus influencias para resguardarlo. Lo impuso como miembro de su esquema de protección y después promocionó su traslado, en el mismo Congreso de la República, a un cargo policial más importante.
Curiosamente, el senador Ferro nombró en la unidad legislativa a un hermano del occiso, Roque Julio Díaz Pinzón, quien no ejercía trabajo alguno como apoyo a las labores del congresista y, al parecer, tampoco recibía el sueldo correspondiente. Lo reclamaban otras personas, con destino a los ahorros de la siguiente campaña política. Roque Julio solo esperaba pensionarse y aguardaba tranquilo en Moniquirá, Boyacá. En este momento (noviembre 2012) ya no pertenece a la nómina del Senador.
Ferro Solanilla enfrentó dos escándalos públicos de los cuales ha salido bien librado. El primero, cuando fue denunciado por ocupar el cargo de secretario de Gobierno de Cundinamarca sin haber obtenido el título de abogado, registrado en su hoja de vida. Como por arte de magia, la Universidad Católica desempolvó el diploma, supuestamente perdido.
El segundo, con la gobernadora Serrano de Camargo fueron destituidos por presunta participación en política, queja que presentó en su momento el candidato Miguel Santamaría Dávila. La Procuraduría los retiró e inhabilitó por varios años. Después de una fuerte presión jurídica, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo de la Procuraduría y les reintegró los derechos y funciones públicas. Los dos anunciaron demandas contra el Estado.
Ferro fue concejal de Fusagasugá en representación del Partido Conservador. Después se volvió liberal con Leonor Serrano y terminó en La U, cuando la congresista —su madrina— partió a Cambio Radical. La derrotó en las últimas elecciones.
Además de abogado es comunicador social y se precia de haber realizado el Curso Integral de Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Fue condecorado con la Medalla al Mérito de la Policía Militar y la Medalla Miguel Antonio Caro, que otorga el Ejército Nacional. La Fuerza Pública lo ha destacado “por servicios distinguidos” y casi todos los municipios de Cundinamarca le han puesto alguna insignia, cruz o collar.
