El show de La Habana

El acuerdo de justicia transicional al que llegó el Gobierno con las Farc ha dejado más dudas que claridades en la opinión pública. Desde el miércoles de la semana pasada hasta hoy, las confusiones, dudas e interpretaciones han estado al orden del día. Las condenas y el sitio donde los cabecillas de las Farc pagarían sus penas, han sido el primer tema de polémica. El jueves, con la euforia a flor de piel, el exmagistrado, rector de la Universidad Externado de Colombia y asesor del Gobierno en el proceso de paz, Juan Carlos Henao, salió a decir en los medios de comunicación que ‘Timochenko’ y demás cabecillas podrían pagar sus condenas restrictivas de la libertad incluso en una casa. Luego, el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, dijo que va haber “un lugar con un régimen de vigilancia y control que asegure que están cumpliendo con esas condiciones”. A estas contradicciones se sumó ‘Iván Márquez’, miembro del Secretariado y negociador de la guerrilla, quien afirmó en Twitter que las penas serán solo para aquellos que no digan toda la verdad. La jurisdicción de los llamados Tribunales Especiales de Justicia también ha creado confusión. En este sentido fue el mismo ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien con mucha facilidad salió a decir que ninguna persona quedaba exenta de declarar ante dicha justicia. A este anunció se sumó el Fiscal General quien afirmó que Álvaro Uribe podría ser llamado a responder por actuaciones como gobernador de Antioquia antes de ser Presidente de la República. Pero como en el caso anterior, de nuevo De la Calle salió a desmentir tales afirmaciones calificándolas como inaceptables. Las primeras reacciones a este punto reflejan las verdaderas motivaciones de odio y venganza de las partes contra el expresidente Uribe, en un proceso en el que se repite todos los días el perdón y la reconciliación. Asimismo, se habla de dejación de armas y no de entrega. Profunda diferencia que para el Comisionado de Paz se resolvería con la entrega de estas a un organismo internacional con un destino poco claro, pero esto es solo una hipótesis ya que el tema tampoco se ha definido. O sea, como quien dice, una paz armada mientras resuelven qué hacer con las armas de la guerrilla. Las víctimas han sido otro asunto que no ha quedado claro a pesar que el presidente Santos grita a los cuatro vientos que el acuerdo de justicia se ha hecho sobre esta base, pero resulta que este ítem sigue pendiente en la agenda de negociación. Tampoco hay claridad sobre cuáles serán los delitos conexos al político y si el narcotráfico será delito conexo. A esto se suma el mecanismo sobre cómo se elegirán los magistrados de los Tribunales Especiales de Paz. Otro asunto clave en el proceso que, como se vislumbra, serán en ellos que recaerá gran parte de estos vacíos. Con este panorama podemos afirmar que los temas definidos en justicia transicional son generalidades, propuestas sin completar, vacíos legales que dan vía libre a la interpretación y que dejan abierta la posibilidad a que la agrupación responsable de miles de muertos en el país se beneficie en detrimento de los derechos de las víctimas. Finalmente lo que vimos el pasado miércoles fue un show con el cual el Gobierno intentó, con fines electorales, mejorar la percepción de los colombianos de las negociaciones en La Habana perfeccionando en apariencia un acuerdo sobre justicia que, al examinarlo en detalle, se descubrieron los desacuerdos entre el Gobierno, las Farc, la opinión pública colombiana y la comunidad internacional. Representante a la Cámara @sanvalgo