Los que más debieron lamentar el tiempo perdido con la decisión del Consejo de Estado de tumbar el proceso de licitación del tercer canal son los Santos, la familia presidencial integrante accionaria del grupo Planeta, que por cuenta de los errores de los uribistas en la Comisión de Televisión, ahora van a tener que repetir la tarea, si aún mantienen sus aspiraciones a competir con RCN y Caracol en el mercado de la televisión privada.
Los uribistas de la CNTV en su afán por entregar el tercer canal, con nombre propio y a toda costa antes de que terminara el gobierno de Álvaro Uribe, se petaquiaron la posibilidad de otorgar limpiamente una licencia en la que muy probablemente habría ganado el grupo Planeta y sus socios sin necesidad de que les hubieran echado una manito, que a la postre resultó una mano por lo menos gris que ennegreció el entorno. Esas ayudas parecen hechas por los enemigos dirán ahora los directivos de Planeta que deben sentir que perdieron todo el tiempo en la licitación.
Como lo que mal empieza mal acaba, los grandes perjudicados con este proceder, que poco y nada respetó las normas jurídicas establecidas, fueron los empresarios españoles que ingenuamente creyeron que su cercanía con José Obdulio Gaviria, como hombre fuerte del gobierno de Uribe y el haber adquirido el control de la casa editorial de El Tiempo, los colocaría en ventaja sobre sus competidores del Grupo Prisa, dueños de El País de España y del Grupo Cisneros del magnate de la televisión venezolana.
Hoy los empresarios españoles deben recordar con arrepentimiento las voces de quienes les advirtieron que tal como lo lideraba Eduardo Osorio, director de la CNTV, el proceso estaba montado sobre frágiles conceptos jurídicos y llevaría la licitación al fracaso, como lo acaba de demostrar el Consejo de Estado. Nunca se olvidarán de quienes les sugirieron no confiar en la concepción jurídica de los uribistas, ya que ellos siempre encontraban la forma de interpretar la normatividad con una visión cortoplacista, maniobrera y a todas luces desafiante del Estado Social de Derecho.
Aunque en realidad los principales perdedores fueron los colombianos, que ven aplazados sus deseos de tener mejor oferta televisiva, más pluralidad informativa y mayor calidad en los contenidos. También fueron gravemente afectados los trabajadores del sector de la televisión que hubieran encontrado más posibilidades de trabajo y mayor desarrollo de sus experticias en una industria que en Colombia funciona inversamente proporcional en la ecuación talento versus oportunidades.
Se perjudicó además la confianza de los inversionistas extranjeros que tuvieron que presenciar como la irresponsabilidad de los comisionados uribistas cambiaban repentinamente las reglas de juego y generaban un permanente clima de inseguridad jurídica, tesoro primordial para un país que quiere atraer la voluntad del capital extranjero. Y se perjudicó la democracia porque con el actuar de la CNTV se logró dejar en evidencia que el ente rector de la televisión era completamente inoperante, lo que facilitó el reversazo constitucional que terminaría en que el control de la televisión quedara otra vez en manos del gobierno de turno.
El estilo poco ajustado a las normas jurídicas que caracterizó el mandato anterior hizo mella en la ilusión de los colombianos de tener un tercer canal de televisión desde un comienzo. Uno de los comisionados enviado especialmente de la Casa de Nariño, el periodista Ricardo Galán manifestó prontamente su interés en impedir que el grupo Cisneros quedara en el escenario. Su argumento sectario no se ocultó en la Junta cuando afirmó que había que evitar que el canal quedara en manos de Cisneros porque eso era como darle canal al presidente venezolano Hugo Chávez.
Más adelante se escucharon las voces de otros comisionados enviados por Palacio con el temor de que la izquierda internacional, según ellos representada en el diario El País de España, se ganara la licitación. Para algunos uribistas que resultaron más papistas que el Papa, eso era como ponerle un parlante a la subversión y semejante despropósito no se podía permitir desde la entidad facultada constitucional y legalmente para otorgar la licencia a un tercer canal.
Lo que se confirma una vez más es el flaco servicio que se le hace a la televisión, a la democracia y al país que subsistan empotrados en la CNTV, aquellas personas que no comprendieron nunca la obligación de respetar derechos, de actuar en defensa del bien común. Aquellos que confunden la derecha con el derecho. Esos funcionarios del gobierno anterior que solo saben obedecer órdenes palaciegas, y a actuar con agenda propia en contrasentido con el propósito autónomo e independiente que pretendió una vez el constituyente primario con esa entidad.
Peor ahora que antes de que empiece a operar la Agencia Nacional de Televisión, la entidad que reemplazará a la Comisión, los comisionados actuales querrán correr a abrir la licitación para hacer méritos con el presidente Juan Manuel Santos, creyendo que va a necesitar una manito, y para que los tenga en cuenta a la hora de hacer nombramientos en la mueva agencia gubernamental que decidirá sobre la televisión.
Presidente Santos, los demócratas colombianos quieren que para que no haya que llorar más sobre leche derramada, para que no sigan dando palos de ciego en esa entidad de sordos, para que los aspirantes a un tercer canal se animen y no sientan como la vez pasada que las cartas estaban marcadas, es urgente como mínimo que reemplace a Osorio, el más furibista de la CNTV, ahora que se le vence su periodo. No se lo prolongue por la vía de los hechos, ya que no le sirve a nadie que supervivan esos conceptos jurídicos acomodaticios que después las autoridades defensoras del derecho tendrán que tumbar para enderezar el proceso.
