Son contundentes. Y esperanzadores. Los dos hechos que se produjeron esta semana desde lugares contrapuestos, constituyen un nuevo paso en el difícil, complejo y apremiante proceso de cierre definitivo del conflicto armado y en la construcción de un proyecto de reconciliación nacional. Desde una orilla, las FARC y los familiares de los 11 diputados del Valle del Cauca, secuestrados y muertos en cautiverio por esta organización guerrillera se encontraron cara a cara en un doloroso e inspirador acto de perdón entre víctimas y victimarios. En la otra, el Presidente Juan Manuel Santos reconoció ante la dirección de la Unión Patriotica, la responsabilidad del Estado Colombiano, al menos por omisión, en el genocidio contra esta fuerza política de izquierda.
La no repetición es el mensaje en común de estos dos episodios. Porque una paz estable y duradera supone que nunca más los miembros de las FARC caigan en la tentación de usar las armas con fines políticos. Y mucho menos que se prive de la libertad a civiles o se les use como botín de guerra o se les asesine como sucedió con los diputados vallecaucanos. Y porque una paz estable y duradera supone también que el Estado, ni permita ni patrocine, el ejercicio de la violencia oficial o paramilitar contra expresiones políticas alternativas, independientes, de izquierda o de oposición como sucedió con la Unión Patriotica. Nunca más la oposición política debe ser perseguida violentamente en Colombia.
Hay quienes dirán que estos actos son insuficientes en materia de perdón. Que como lo reclamaron las víctimas en La Habana sigue haciendo falta toda la verdad de los hechos, de sus responsables directos para que el perdón sea completo. O que el Estado Colombiano debe reconocer que su responsabilidad en el genocidio de la UP no sólo fue por omisión, sino también por acción, que fue el resultado de una macabra alianza de políticos locales, bandas armadas asociadas al narcotráfico y agentes del Estado. Que en el caso de la UP, el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas se constituyó en un patrón de conducta producto de la mentalidad de "guerra fría" que dominó en los círculos castrense a lo largo de esta confrontación armada.
Pero resulta innegable que este es un paso inmenso. Que como gestos de reconciliación, el reconocimiento de responsabilidad política de los actores de la guerra frente a sus víctimas es el comienzo de la catarsis nacional que debemos hacer para sanar profundas heridas y pasar la página. Que estos gestos, como está acordado, se complementará con la concurrencia de los máximos responsables ante la Jurisdicción Especial de Paz o Justicia Transicional. Y que el resto correrá por cuenta del debate político y la deliberación ciudadana que hará presencia en el postconflicto o el postacuerdo. Es la fórmula que "a la colombiana" nos permitirá superar el conflicto armado aplicando verdad, justicia, reparación con garantía de no repetición.
Estos gestos de reconciliación deben multiplicarse. Las víctimas directas nos están dando verdaderas lecciones en la construcción de La Paz. Resulta aleccionador que todas ellas coinciden, en su mayoría, en anunciar su voto por el Sí en el plebiscito. En no dejarse manipular por quienes insisten en hacer de la continuidad de la guerra su causa política.
