Hablando de reciclaje, contratos y política

Jue, 15/11/2012 - 09:00
Como una difícil ¨Batalla¨ anunció el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, lo que se iniciará a partir del 17 de diciembre próximo, fecha en la que se vencen los contratos de prestaci

Como una difícil ¨Batalla¨ anunció el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, lo que se iniciará a partir del 17 de diciembre próximo, fecha en la que se vencen los contratos de prestación del servicio de aseo de la capital. Sus contendores, de una parte,  son los actuales prestadores del servicio: Lime, Atesa, Ciudad Limpia, y Aseo Capital; de otra, el Gobierno Nacional: Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua; y, hasta la Procuraduría General de la Nación. En el año 2009 propuse formalmente al Concejo de Bogotá un serio debate sobre el asunto. Nunca se hizo.

El Alcalde personalmente está al frente de su denominada batalla, descargando su munición conceptual sobre la materia. Ha llegado a decir que hay libre competencia y luego afirma que no. También pide al Gobierno Nacional respeto por sus decisiones. Advierte que con la Policía evitará que empresas diferentes a la EAAB presten el servicio después de la fecha indicada y que no van más los contratos de facturación conjunta. Todo esto en contraposición de las apreciaciones de los especialistas en el tema de la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD), la Comisión de Regulación (CRA) y la misma Procuraduría General de la Nación. Todos son claros en manifestar que la prestación del servicio de aseo en Bogotá, desde septiembre de 2011, se halla regida por el esquema de la libre competencia. Lo cual  efectivamente es así. En su momento advertimos oportunamente de lo propio al Alcalde Mayor.

El Distrito ha tratado de centrar la discusión y justificar su actuación sobre la base de no continuar con un supuesto esquema anacrónico existente desde hace 20 años, para darle paso y jugársela por el reciclaje (debería hablar de aprovechamiento). Sin embargo, las no pocas manifestaciones públicas del alcalde Petro dejan advertir que más allá de la puesta en marcha de una política ambiental en materia de gestión de residuos, también pareciera existir un propósito claro de emprender importantes contrataciones como discusiones político-electorales con réditos hacia futuro.

Sobre el aprovechamiento de residuos, hay que decir que nada contradice las intenciones del Alcalde Mayor para darle la debida gestión a los mismos. En Suecia solo el 4% de sus residuos van a un relleno sanitario, los demás se transforman en electricidad y calefacción para miles de hogares. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos países emprenden este tipo de políticas ambientales lejos de la motivación comercial, sino como resultado de su verdadero compromiso con el hábitat. Es un error creer que el aprovechamiento de residuos es un magnífico negocio mercantil. Si así fuera, no necesitaría del apoyo estatal. Aprovechar los residuos es un magnífico negocio pero ambiental, que requiere del comprometido apalancamiento estatal para que su sostenibilidad sea financiera como económicamente factible, aún para países ricos como Suecia. Apostarle a reducir la cantidad de residuos que van a ser dispuestos en rellenos sanitarios no admite discusión alguna. Lo que exige discutirse seria, abierta y técnicamente, es la capacidad económica real que tenemos los bogotanos para emprender intensamente y mantener vigente esa política ambiental. No es con las tarifas del servicio se aseo que se logra el objetivo. Se requiere un importante compromiso presupuestal del Distrito para lograrlo. Retomando el caso sueco, hay que decir que para que sus plantas de aprovechamientos de residuos pudieran seguir funcionando a costos sustentables y eficientes, frente al agotamiento de sus residuos aprovechables, han debido importar residuos desde Noruega. En Colombia, el caso del aprovechamiento efectuado en La Pradera de los residuos de Medellín y el área metropolitana generó en su momento tal sobre-producción de compost que su disposición resultaba aún más costosa. Este tipo de decisiones requieren de un serio estudio de factibilidad sobre la verdadera capacidad de comercialización en el mercado de los residuos aprovechados, como del apalancamiento público disponible que lo permita. Ese nivel de detalle no ser advierte en los documentos distritales. La gestión integral de residuos y la prestación del servicio de aseo se refieren a residuos, pero son conceptos distintos. La primera, es entendida como un conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final. El segundo, es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. Las acciones que la Administración Distrital viene adelantando, so pretexto de la puesta en marcha del programa de Basura Cero, se reducen sorprendente y simplemente a plantear y adelantar gruesas contrataciones. En algunos casos injustificadas, como la de los vehículos o la de un nuevo relleno sanitario. A esto hay que sumarle que se evidencia también el propósito de contar con nuevos operadores bajo contratos con la EAAB y la no despreciable pauta publicitaria que la UAESP ha puesto en marcha en los medios de comunicación. Pero de aprovechamiento de residuos poco o nada se avanza. Denuncia el alcalde que el servicio de aseo en Bogotá y sus operadores han dejado de lado el reciclaje. Olvida decir que las Administraciones de Luis E. Garzón y Samuel Moreno no fueron capaces para poner en marcha los centros de aprovechamiento, la separación en la fuente de los residuos como la ruta selectiva para su recolección, no obstante fueran previstos y financiados en la contratación de 2003. También, que la ley a quien le exige un plan de gestión de residuos (PGIRS) es al Distrito y no a los operadores. Señala el Alcalde que los actuales operadores nos cobran a los usuarios hasta un 25% más en las tarifas. Ese incremento injustificado es cierto, pero pasa por alto mencionar el mandatario que ese mayor valor obedece a su decisión de firmar unos contratos bajo la figura de la urgencia manifiesta. En su momento le pedimos se abstuviera de hacerlo. Aún así, la Administración Distrital por conducto del Dr. Guillermo Asprilla procedió a firmarlos. La SSPD, la CRA y la Procuraduría guardaron silencio, entonces, frente a nuestras advertencias. Resulta menos comprensible el anuncio en el sentido que los vehículos de los actuales operadores son chatarra, para justificar la millonaria compra en curso a través de la EAAB, cuando a la vez se exige la reversión de esa chatarra a la UAESP. Igual sucede con la situación del relleno sanitario Doña Juana, donde se han invertido grandes sumas de dinero del presupuesto distrital como vía tarifa por parte de los usuarios, en temas como el aprovechamiento del gas. Aún así, se anuncia su muerte y la contratación de un nuevo relleno sanitario en una clara e indebida actitud de promoción de los terrenos de un particular en el sector de Mondoñedo en el Municipio de Bojacá, Cundinamarca. Hay que develar quien está detrás de esto. Los hechos confirman nuestras percepciones. Creemos por ello que en todas estas decisiones existe, además de una alta dosis de desconocimiento técnico por parte de la Administración Distrital, como del claro deseo de adelantar y adjudicar dichas  contrataciones, otro motivo de fondo. Es inevitable dejar de percibir el sentido político-electoral que sobresale de las palabras y tono utilizados por el Alcalde Mayor al referirse al asunto. Solo así pueden comprenderse las referencias que se hacen respecto de empresas como Atesa o Aseo Capital. A la primera, se le cuestiona pertenecer a un grupo empresarial de propiedad de William Vélez, quien mantiene cercanía con el expresidente Uribe Vélez. Similar reproche se ha escuchado en relación con la segunda, gracias a la cercanía de Alberto Ríos con el Ministro Germán Vargas Lleras. Tanto el expresidente como el Ministro han sido antagónicos políticos de Gustavo Petro en el pasado, lo son en el presente y lo seguirán siendo en el futuro. Si esto no tiene un tinte político, no sé que es lo que tienen las palabras del Alcalde Mayor. Bogotá merece respeto. No solo de la Administración. También de los actuales operadores y quienes desean entrar a prestar el servicio. Esto no se trata de quién gana una puja política o subasta mercantil, como se ha planteado. Se trata de la atención de un servicio público esencial y la puesta en marcha de una política pública. El Acalde y los prestadores actuales, como los potenciales, están en la obligación de asegurar que la Ciudad Capital gane en cualquier escenario. Ni las acciones públicas del Alcalde hacia los operadores y el Gobierno Nacional, ni las estrategias emprendidas por aquellos para mantener su mercado, están contribuyendo a lograr una solución pronta y adecuada. Acá está en juego mucho más que la discusión jurídica de si la Corte habilita al Distrito para imponer monopolios o si hay o no libre competencia. Ni la Corte dice que hay monopolios y libre competencia.  ¡Claro que hay! Pero también hay la obligación de sentarse de inmediato a la mesa a buscar una salida transitoria, entre tanto se cursa la licitación que le dará a la Administración la herramienta de poder legal para definir los prestadores del servicio bajo el esquema de exclusividad y monopolio, previa licitación  pública adelantada por la UAESP.
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