Hacia un gobierno de transición

La sensación pública es que en la mesa de negociaciones de La Habana hay algo que confunde y desorienta. Cada vez que el gobierno y las Farc anuncian un acuerdo, de inmediato salen, cada uno por su lado, a dar su propia interpretación. Peor sucede cuando a partir de ese comportamiento esquizofrénico tanto protagonistas políticos como periodísticos entran a debatir con aparente rigor un acuerdo que no conocen y como si fuera poco a tomarse la libertad de interpretarlo. Tal vez la falta de claridad en La Habana la tienen ambos bandos y probablemente no actuén de mala fe cuando cada uno da su sesgada lectura a lo acordado. Lo que si es un hecho es que ambos ignoran de plano eso que se ha dado en llamar la sociedad civil. Quizás por esta razón es la misma sociedad, que al final es la que paga los platos rotos, quien debe ayudar a los actores del conflicto a interpretar en medio de esta particular crisis de interpretación. Por eso no es raro que se dejen oir voces que  ya anticipan que firmar la paz será mucho más fácil que sostenerla. Ahí resultan pertinentes las peguntas que se hacen algunos opinadores en el sentido de que a escasos meses del día D, aún no se nota cuáles han sido las tuercas y tornillos de la maquinaria estatal que se han ajustado para evitar el fracaso de la paz firmada. Se habla olímpicamente del posconflicto, se genera un superministerio sin ministro, sin recursos y sobre todo sin tener en cuenta que hay que pensar seriamente en la trancisión. La ciudadanía debe poner ojo avisor para que el gobierno no se conforme con la inercia paquidérmica de un Plan de Desarrollo que a pesar de todo logra pensar en atender los orígenes del conflicto como la inequidad y las deficiencias en la educación, sino que se debe repensar necesariamente en el aquí y el ahora del preacuerdo, del acuerdo y del postacuerdo. El gobierno, y no necesariamente por petición de la guerrilla, debe ajustar ya el aparato del estado para garantizar una paz sostenible. No es solo la refrendación por parte de la ciudadanía. Eso de cierta manera es lo formal. El gobierno tiene que ocuparse de lo sustancial. Debe ser conciente de que ha de producirse alguna transformación en la concepción del estado y mucho más en la forma de manejarlo para pensar que en un país escéptico, desconfiado y suspicaz, gracias a las traiciones de parte y parte del conflicto, se comience a sembrar confianza, a construir nuevas relaciones de convivencia y armonía y sobre todo a reconstruir la fe en el futuro inmediato para poder reimaginarse el devenir lejano. Pero para esto hay que cambiar el chip. Se necesita un compromiso ciudadano para exigir al gobierno el cumplimiento de su obligación con la ciudadanía, de cara al postacuerdo, por apuntarle seriamente al posconflicto. Por eso se equivoca el gobierno si cree que esto se resuelve con paños de agua tibia o si cae en el facilismo de pensar que al asunto es de mera comunicación e imagen. El problema señores, como canta Silvio Rodríguez, sigue siendo sembrar amor. Y la falta de compromiso social tanto del gobierno como de la guerrilla no los deja ver por qué no se ha logrado generar confianza en la justicia trancisional. Porque lo serio sería hablar de refundar el país, de repensar la justicia pero no solo desde la necesidad circunstancial. Habría que repensar el legislativo y aún el ejecutivo para incluir a los contrarios. La transición a medias como la que se ha pretendido con la justicia transicional terminará siempre por estrellarse con la cruda realidad. Nadie puede pensar en soluciones coyunturales si no van atadas o las estructurales. No se puede pensar en resolver el tema de orden público, sin resolver las causas generadoras de violencia y sin enfrentar el lastre de la exclusión, las cuales en la mayoría de los casos van más allá de ser solo un aspecto judicial. Pagar penas o no ha concentrado un debate que finalmente es jurídico. Curules o no es un aspecto político y de inclusión pero no tiene en cuenta el todo. Por eso la justicia trancisional termina cojeando porque el gobierno no ha comprendido que la transición debe cobijar a todo el estado. Y el corolario natural de esta lógica es que el presidente Juan Manuel Santos debe pensar ya en un gobierno de transición. No hay que llamarse a engaños. Hay que enmarcar la justica transicional bajo un paraguas más amplio y más promisorio. De alguna forma ya se piensa en un legislativo de transición cuando se aterriza forzosamente en una Comisión Especial Legislativa, en el Cogreso. Algo así como una prima hermana de la cosntituyente. Incluso el audaz senador Roy Barrera ya propuso tamaña genialidad, que sea con la generosidad de voz pero sin voto, como si los otros fueran bobos. En fín, se llegará por vía del afán coyunturalista de permitir particiapación a las FARC, a una miniconstituyente, o constituyente derivada o constituyente limitada. Pero tarde o temprano su radio sera un Philips. Y a pesar de que el gobierno la ha evadido por miedo al articulito releccionista del expresidente Alvaro Uribe, esta será la última carta de las FARC ya que al igual que el uribismo están convencidas de que ese es el rio revuelto que necesitan para hacer su pesca milagrosa en el legislativo. Y ya lo han dicho algunos estudiosos. La paz necesita mostrar urgentes beneficios. Se requerirá una nueva jurisdicción agraria, un tribunal especial para seleccionar y priorizar entre millones de casos y una comisión de la verdad que opere a nivel nacional. Y ¿cómo evitar que esta nueva institucionalidad se vuelva mermelada y corrupción? Ahí es donde viene el compromiso serio de Santos para que el nuevo legislativo incluya tanto a los intérpretes de la guerrilla, incluida el ELN, como a los representantes de la derecha que ha hecho posición a los diálogos y a la justicia transicional. Y lo mismo ha de hacer con el ejecutivo. Es hora de pensar en nombrar no superministros para compensar a los quemados electoralmente de la Unidad Nacional, sino de constituir un gabinete de transición, dondee quepa por ejemplo un Alvaro Leyva o una Piedad Córdoba o en quien la guerrilla confíe y por otro lado se nombre un Carlos Holmes Trujillo, por ejemplo, para representar esa oposición radical de la derecha. Santos puede pasar a la historia si aprende del Rey Juan Carlos de España que ya va para un segundo gobierno de transición.