Hechos como la Operación Orión no se pueden repetir

Al igual que muchos colombianos me encuentro a la espera de los resultados que arroje la búsqueda de personas desaparecidas en la Comuna 13 de Medellín, en el sector de ese lugar conocido como La Escombrera, sitio donde posiblemente esté la mayor fosa común en Colombia. Lamento eso sí, que las autoridades solo hasta este momento hayan tomado la decisión de darse a esta tarea, cuando desde mucho tiempo atrás se viene denunciando la desaparición de personas en la Comuna 13 de Medellín, luego de que al señor Álvaro Uribe Vélez se le ocurriera ordenar la retoma del lugar, mediante la operación «Orión», lanzada sobre el barrio el 16 de octubre con cinco batallones de la IV Brigada, el Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas (FUDRA), el batallón contraguerrillero del ejército, efectivos de la policía metropolitana y de la policía de Antioquia, con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y donde más de 3.000 hombres se fueron con toda una operación de guerra total contra una población. Desde entonces, los llantos y lamentos de los sobrevivientes a la masacre, ordenada desde el mismo Estado, no han cesado porque no saben del paradero de sus seres queridos. Fue en ese momento cuando confirmé que lo que se venía para Colombia era un mar de violaciones a los Derechos Humanos de personas que nada tenían que ver con la confrontación armada que libraba el Estado contra la insurgencia de las Farc y el ELN. Puede el presidente de ese entonces y ahora senador Álvaro Uribe decir que todo se hizo conforme a la ley y basado en la legítima defensa del orden nacional, pero yo le pregunto una cosa: ¿Eso le daba el derecho de ordenar a las Fuerzas Militares y de Policía ejecutar una brutal operación en la que se podían llevar por delante a cualquiera?; ¿Era esa la mejor manera de demostrar efectividad en la guerra? Y lo que es peor: ¿Era necesario mezclar la legitimidad del Estado con el narcotráfico y el paramilitarismo en cabeza de ‘Don Berna’? Fácilmente podría pedirse la responsabilidad en la cadena de mando en estos hechos. Podríamos estar seguros de que los que resultarían perjudicados serían, en primer lugar, el entonces presidente Álvaro Uribe como comandante superior de las Fuerzas Militares, la ministra de Defensa de la época, la doctora Marta Lucía Ramírez, lo mismo que al general Mario Montoya. Sin embargo, como es de imaginarse, nada ganamos pidiendo cárcel para el uno y para el otro, como sí ganaríamos todos si se conoce la verdad de los hechos y se hace un compromiso de no repetición. Insisto una vez más, Colombia no puede darse el lujo de ser vista por la comunidad internacional como un país violador de los Derechos Humanos, mucho menos en momentos en que podemos parar una confrontación armada que durante décadas nos ha vuelto el alma en pedazos. Esto hay que frenarlo, y la mejor manera de lograrlo es con una confesión de los hechos y el firme compromiso de que operaciones salvajes, como fue la Operación Orión, no se volverán a repetir. @ludispalencia