La Fiscal: ni ternable, ni reelegible y atentado contra el veedor

Vie, 02/03/2012 - 00:02
Viviane Morales ni puede integrar la nueva terna para Fiscal General de la Nación, ni mucho menos puede ser reelegida por la Corte Suprema so pena de prevaricar abiert

Viviane Morales ni puede integrar la nueva terna para Fiscal General de la Nación, ni mucho menos puede ser reelegida por la Corte Suprema so pena de prevaricar abiertamente. En efecto, el cargo de Fiscal General de la Nación no es reelegible por expresa prohibición del artículo 249 de la Constitución, que en su inciso segundo dice: “El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido”. De Perogrullo, si no puede ser reelegida menos puede ser ternada. Lo contrario conllevaría a colocar como virtualmente candidatizable a alguien que no puede desempeñar de nuevo tal cargo por el desempeño previo.

La norma ampara la independencia, imparcialidad, y autonomía de la Administración de Justicia misma, a efecto de que la permanencia en el cargo, como Fiscal General, en ningún caso pueda ser usada u ostentada como privilegio para obtener en condiciones de clara ventaja la posibilidad de su reelección. Tal ruptura al derecho a la igualdad y la selección por méritos a cargo de la Corte Suprema de Justicia, así como el acceso a la postulación por parte del Gobierno Nacional, vienen dados no solo por la planta de personal que esta oficina de investigación y acusación judicial ostenta, sino por su actividad instructiva misma, por la potencialidad incriminatoria frente al conjunto de ciudadanos, y más aún dentro del actual régimen acusatorio donde se cuenta con una amplia estela de facultades de negociación con los procesados e investigables en general.

El Gobierno Nacional mal puede desafiar el contenido de la Constitución, y por un afán de congraciarse con la Fiscal General actual, y quienes la sustentan políticamente, incluirla en una terna cuando la misma sería imposible de ser reelegida, lo que conllevaría un contrasentido ilegal.

Si la Fiscal es incluida en la terna nosotros nos veríamos en la obligación de hacer respetar el mandato constitucional, y si resultara reelecta, repetiríamos el escenario actual de la nulidad de su elección, pero con la clara advertencia que se habría advertido desde un comienzo, por lo que se generarían faltas de distinto orden, no solo disciplinarias sino incluso penales por desconocer abiertamente el claro mandato constitucional.

Lucio tumba a la Fiscal: una caída que hasta la misma Corte debe agradecer

El archicuestionado Carlos Alonso Lucio tumbó a su esposa y exesposa a la vez, la fiscal general de la nación Viviane Morales. Para nadie es un secreto que la presencia del condenado –falsa denuncia– esposo de la Fiscal General, Carlos Alonso Lucio, fue quien generó los mayores cuestionamientos a la gestión de Viviane Morales como Fiscal General de la Nación que contribuyeron decisivamente a otorgarle peso al argumento jurídico en contra de su elección, por lo que su aparición en una nueva terna pasa de ser poco posible, no solo por asuntos políticos, sino legales –pues equivaldría a su reelección o el anuncio de una derrota abierta a la misma.

Samper, Santos y la Corte Suprema le fallaron al país y Consejo de Estado los rectificó: la justicia cojea…pero llega

Después de la elección de Viviane Morales la Corte Suprema de Justicia advierte la trapisonda de Lucio como el fiscal en la sombra, pero por si misma nada podía hacer para sacar al país de ese gran problema en el que lo había metido, particularmente cuando a la Fiscalía le había aparecido una especie de sida o inhabilidad ética sobreviniente, derivada no solo de relación sino matrimonio desafiante, con un reo de la propia Corte Suprema, Carlos A. Lucio –asesor de paras, aliado de narcos, cercano a contratistas censurados–, quedó claro que aquella le falló al país, y que tal instrumentalización de la Fiscalía afectaba la legitimidad de justicia en su conjunto; no había otra salida que facilitar el relevo.

Nada mejor para la Corte Suprema que la decisión del Consejo de Estado, y nada mejor para el Consejo que haber salvaguardado la justicia penal de la feria de descuentos, y ejercicios sesgados de la justicia –salvo contados casos como el de las chuzadas, y Agro-ingreso Seguro–.

Fuentes consultadas confirman cómo Viviane Morales era cuota samperista en la Fiscalía General.

El presidente Santos y La Corte Suprema deben desquitarse: dime con quién andas…

El presidente Santos y la Corte Suprema vuelven a enfrentar el desafío histórico de integrar una terna pulcra y capaz de asumir en esta coyuntura excepcionalmente crítica de la justicia penal colombiana, así como de elegir a él o la mejor Fiscal –liberados del fantasma de Carlos A. Lucio–. Sera inevitable que en adelante haga carrera no como exigencia legal sino moral indagar por los-las- esposos-esposas- y-o compañeros -as- permanentes de quienes estén al frente de los altos cargos de libre nombramiento y remoción del país, como Fiscal General, Procurador, Contralor, Defensor de Pueblo, ministros del despacho… no solo a nivel central sino descentralizado….

En su momento, años atrás, efectuamos un seguimiento del proceso penal que terminó con la condena de Carlos A. Lucio, y ahora al proceso administrativo de su esposa Viviane Morales como Fiscal General de la Nación, respecto de los cuales el país ya merece pasar la página.

Atentado contra el Veedor

Una banda organizada de no menos de cinco sujetos armados trataron de acuchillarme el sábado pasado a plena luz del día, como se dice a mansalva y sobreseguro.

Esto ocurrió tres días después de anunciar que a los Nule los podían envenenar, de lograr convencer a los Nule –después de seis meses de silencio– que declararan dentro del proceso donde buscamos la “muerte política” del exparlamentario Germán Olano por el cartel de la contratación, y un día después de protestar en esta columna por el arrodillamiento de la Fiscalía con los restantes integrantes del cartel de la contratación.

En efecto, Julio Gómez, está libre y según la Fiscalía así deberá seguir, gracias al regalo de una ofrecida condena de tres años, y el pago de la irrisoria suma de solo 270 millones de pesos, según el acuerdo que por estos días se cocina a marchas forzadas en la Fiscalía a espaldas del país; Álvaro Dávila, permanece en Estados Unidos disfrutando de cuanto le esquilmó al erario público; Emilio Tapia se pasea de carnaval en carnaval, con muy peculiares figuras y beldades de la vida nacional.

El turno en la victimización de líderes sociales le correspondió a este veedor cívico. Veníamos de anunciar la sanción del exalcalde Alonso Salazar. De preconizar los complicados apoyos del orondo alcalde de Cartagena, de señalar el peligro para la justicia de contar con un improbo “fiscal en la sombra” léase Carlos Alonso Lucio, de denunciar el atentados contra el dirigentes políticos y líderes veedores en el Tolima y el Chocó entre otros…

Como frentero defensor cívico de la integridad pública, y como ser humano, expreso mi hondo agradecimiento a las innumerables expresiones de solidaridad y apoyo que inmerecidamente he recibido, en la certeza de que cada vez somos más los que nos echamos el país al hombro, y los dispuestos a bajo ningún precio dejarnos callar.

Perpetrador que a yerro trata de matar… debe confesar

Los tiempos cambian. Los corruptos cartelizados ya no tratan, como en la década de los 80 y 90 de eliminar a sus contradictores de manera abierta y desenfadada, con incontestables disparos a quemarropa desde endiabladas motos imposibles de alcanzar; ahora empero corren los vientos de los atentados disfrazados de inseguridad ciudadana a 80 metros de un CAI, como en mi caso. Los cinco asaltantes –bien vestidos, entre los 16 y los 30 años– todos armados, me empujan hacia delante, separándome del escolta, a quien también amenazan; todos me cogen hasta inmovilizarme por completo, disponiendo mi vencido cuerpo para que uno de ellos se dirigiera certeramente contra mi humanidad un puñal, como en una corrida se estoca un toro de lidia, pero con el toro amarrado.

El escolta –una especie de superman silencioso– logra zafarse y le dispara al perpetrador justo cuando se dirigía a asestarme el golpe letal, y lo hiere gravemente al punto que no puede terminar su cometido. Huye sangrando, cae unos metros más adelante en la sórdida calle y luego es capturado por una patrulla que de inmediato lo ingresa a una panel policial, salvándole la vida. Hoy no se sabe si el agresor sobreviva; los papeles se invirtieron, de victimario paso a víctima.

Otro de los asaltantes, como de costumbre por las ventajas penales, era menor de edad, también capturado. Al momento de aprehendérsele arrojó sus armas en una alcantarilla cercana. Todo esto sobre el asolado separador de la desde antes trágica vía de Transmilenio cuyos desfalcos y desfalcadores tanto he denunciado.

Agencia Nacional de Desprotección entutelada

La certeza de un atentado crecía días antes del atentado de la semana pasada, pero la seguridad adecuada nunca me fue brindada, tras mi regreso del país después de cerca de seis años de exilio. Fueron otros los tiempos cuando el trabajo veedurial se sostenía solo con medidas de autoprotección para librarme de los embates de los colmillos del elefante.

Siete años después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano velar por mi seguridad y en efecto lo hizo, pero no fue suficiente, y tuve que exiliarme obteniendo la sobreprotectora ciudadanía canadiense en el tránsito a la ciudadanía global. Regresé solo a retomar mi actividad escrutadora, mi dosis personal de lupa tropical, a hacer uso de la chequera en blanco que otorga la dignidad ciudadana universal, y el Estado colombiano y justo el Estado colombiano –mi entrañable patria natal– me levanta casi por completo las medidas de seguridad que tenía antes de partir.

Curiosamente, mi archivo había desaparecido por completo en el DAS, en el Ministerio del Interior –Derechos Humanos– y aún en la Policía Nacional. Hoy por hoy, la Agencia Nacional de Protección ha desoído los requerimientos protectivos a favor del columnista tanto por la Corte Suprema como por el Consejo de Estado.

Tutelazo como desagravio

Llevo casi dos décadas en la lucha contra la corrupción. Y créanme, me ha tocado hasta en seguridad la peor parte. Mi familia está aún fuera del país y no hay apoyo efectivo por parte del Estado. La verdad de la lucha contra la corrupción en materia de garantías efectivas es que ésta parece más bien una suerte de mentira…un sida tratado con pañitos de agua tibia…

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