Las declaraciones de la canciller colombiana María Ángela Holguín, no han sido muy afortunadas sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua que está actualmente en la Corte Internacional de la Haya. Una fue recogida rápidamente por los medios y le ha causado una avalancha de críticas pero otra ha pasado desapercibida. La primera fue el reconocimiento de la posible pérdida de los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, que según sus propias palabras son 50.000 kilómetros de territorio colombiano. Dándole el beneficio de la duda, probablemente la Ministra quiso que el país se fuera preparando para semejante pérdida con un argumento que seguramente es válido. Por lo que ella considera que ha sido el comportamiento de la Corte, es posible que ahora gane Nicaragua. Su tono de resignación y el momento tan inoportuno cuando los abogados de Colombia están planteando sus argumentos ante los jueces de la Corte, han generado con razón toda clase de reacciones negativas.
Pero hizo otra afirmación que para quienes llevamos años haciéndole el seguimiento a este litigio resulta incomprensible. Palabras más palabras menos, afirmó la Canciller que nuestros abogados eran extranjeros porque Colombia no tenía profesionales de ese nivel. Cómo es posible que un país como Nicaragua, mucho más pequeño que Colombia, con menos recursos, que también ha vivido una guerra y que no ha logrado resolver muchos de sus problemas, si tenga a Carlos Arguello, exministro de Justicia y embajador en Holanda desde la década de los 80, nicaragüense como ninguno, al frente de esta situación durante todo el período en el cual el tema ha estado en discusión. Con muy pocas interrupciones en el tiempo, con gobiernos de distinta orientación política, ese país sí le ha dado la importancia que requiere y sí ha tenido a un abogado de su país, de nivel internacional, ocupándose de este tema.
Antes de que salga el juicio en octubre y los colombianos nos rasguemos las vestiduras, es bueno plantearse una serie de preguntas que ameritan no críticas a este Gobierno sino una revisión al manejo que el país le ha dado al tema y que puede llegar a representar una pérdida grande de territorio que aparentemente a la Ministra no la trasnocha. Mientras Arguello ha permanecido como Embajador en Holanda durante todos estos años, ¿cuántos embajadores ha tenido Colombia en los Países Bajos en estas últimas décadas? Pero más que eso; ¿cuántos podían sentarse con el embajador nicaragüense a discutir sobre el tema, cuando Carlos Arguello cuenta con el activo de haberle ganado hace muchos años, el pleito a Estados Unidos en esta misma Corte.
Con honrosas excepciones como el embajador Guillermo Fernández de Soto, cuyo manejo del tema lo mantiene en el equipo colombiano, muchos otros, fueron nombrados desconociendo el papel fundamental que debían desempeñar frente a la Corte donde Colombia ha tenido varios litigios. Sin duda Julio Londoño es una garantía pero la Ministra fue clara al separarlo del equipo de abogados extranjeros, especialistas, que tienen la responsabilidad de Colombia en este caso.
Y para completar el escenario, nadie ha podido contestar otra pregunta: por qué Colombia no ha logrado tener un juez en la Corte, cuando ha pasado el tiempo suficiente para preparar a alguien para que pudiera llegar a esa posición. Desde la década de los 80 se le dijo al Ministerio de Relaciones Exteriores que era fundamental llegar a tener una posición entre los jueces de la Corte, pero, ojalá me equivoque, creo que ese objetivo absolutamente obvio, no se ha cumplido todavía. Por estas y otras razones el nuevo dolor de cabeza puede ser la Corte de Haya.
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