La paz no es exclusiva de nadie

Al a analizar la historia de la política colombiana, nos podremos dar cuenta que es el radicalismo político el que ha desencadenado los numerosos conflictos armados internos. Tanto la violencia partidista que inició a finales de los años cuarenta, la consolidación de las guerrillas que surgieron a partir de 1960 y la posterior aparición de los paramilitares; fueron resultado de sobreponer la imposición de los planteamientos ideológicos a la construcción de una sociedad verdaderamente democrática e incluyente. “El hermetismo doctrinal”, sólo nos ha conducido a la violencia sistemática, al desarraigo y la marginalidad social. Siguiendo ese orden de ideas, resulta absolutamente necesario sobreponer el valor de la paz a los colores políticos y el bien común a los liderazgos individuales.

La paz no puede depender de la reelección de Santos. Para que sea duradera, la paz debe ser una política de Estado, uno de cuyos elementos es el  actual proceso con las Farc y su futura implementación. La “política de paz”, debe trascender a través del tiempo, sin que se vea afectada por el cambio de mandatario. Por más de que Juan Manuel Santos sea el principal gestor y líder de esta iniciativa, el derecho a la paz le  pertenece tanto a él como a 44 millones de colombianos. Gran error sería considerar la paz como una política de gobierno, que dura mientras esté vigente el presidente que la concibió. La paz obedece a un interés fundamental de la nación, por lo tanto debe empezar a ser forjada como una  política de Estado. La paz no puede depender de los chantajes de Maduro. Los esfuerzos de las partes interesadas en lograr una solución duradera al conflicto interno no pueden verse afectados por las pataletas del presidente de Venezuela. Si lo que se pretende es resolver de forma efectiva este conflicto, evitando la coacción por parte de las Farc, es lamentable que ahora el gobierno de Venezuela nos imponga condiciones para seguir mediando  en el proceso. Un “facilitador” es aquel que ayuda  entender los objetivos comunes y contribuye a crear un plan para alcanzarlos y no el que en su condición de mediador  entorpece el proceso y de paso, saca provecho. Se tiene que persistir en el esfuerzo de mantener las mejores relaciones posibles con Venezuela, pero hay que establecer unos límites basados en el respeto. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia, que  sea Maduro quien eche abajo el anhelo de un país con vocación de paz. La paz no puede depender de lo que le guste a Uribe. No podemos negar que en las democracias modernas,  la oposición política es necesaria, enriquecedora y un elemento fundamental para la formación de la cultura política. Pero no olvidemos que la oposición debe tener también muy presentes los intereses de la nación. Es difícil concebir en este momento, ideal político más beneficioso que la de la paz. Por eso le corresponde a ella la obligación de ejercer un liderazgo positivo. Uribe, que lo tuvo durante su primer mandato, ahora podría ser considerado como el principal exponente del  liderazgo negativo, que divide, desmotiva, aísla y desintegra. Hay muchos que se oponen al proceso de paz simplemente por una predisposición de obediencia a la imagen infalible de Uribe. Esta falacia  se conoce como “Argumentum ad verecundiam” y consiste en defender algo como verdadero sólo porque quien lo afirma tiene cierta autoridad. El actual proceso de paz, no puede ser considerado como inconveniente porque así lo concibe Uribe, ni beneficioso porque  así lo aprecia Santos. Lo que hay que  considerar  es que el uso de la razón debe predominar sobre la fuerza, y por eso hay que buscar una salida razonable al conflicto, porque Colombia no puede admitir que la violencia continúe, y porque nosotros y las generaciones venideras  nos merecemos un país en paz.