Lo niquelado de Cerro Matoso
La fe a ultranza en la ‘seguridad jurídica’ puede convertir a Cerro Matoso en la guillotina de los funcionarios públicos responsables de decidir sobre la prórroga del contrato de operación.
El ministro Cárdenas manifiesta ceñirse a lo legal. Lo legal es un acuerdo (contrato 051-96M, mediante el cual se cambian los términos de la concesión inicial, otorgada por los contratos 0866-63 y 1727-71) suscrito en 1996 entre el Ministerio de Minas y BHP Billiton, según el cual la empresa podrá seguir explotando la mina hasta 2029. ‘Tengo que honrar lo que está en ese contrato’. ‘Nunca ha sido demandado’. ‘Sobre esa base se ha adelantado la negociación’. Argumentó en el debate de la Comisión V del Senado de la semana pasada. Varias voces autorizadas, entre ellas la de la Contralora y la de consultorías contratadas por Ingeominas, advierten sobre el riesgo de ilegalidad y de daño patrimonial estatal de ese contrato. Estas son el soporte de quienes le han solicitado demandarlo. Luego esa demanda estaría lejos de hacerse por un capricho, como lo dijo en El Tiempo del pasado viernes.
Sandra Morelli, Contralora General de la República, en ejercicio de su función de Advertencia, les dice a él y a la presidenta de la Agencia Nacional Minera, que para adelantar una nueva negociación debe haber, entre otras consideraciones, especial claridad sobre el cumplimiento de las condiciones previas en lo legal, en lo económico y en lo ambiental. Claridad es lo que no ha habido. La institucionalidad del gobierno no cuenta con esa información. Expertos sostienen que la que existe es generada por la propia empresa operadora. Lo que ha arrojado dudas a la hora de liquidar regalías, impuestos, y compensaciones. Fonade aún no termina el proceso de selección de los privados que harán la supervisión del cumplimiento de los operadores mineros en todos los ámbitos de su actividad.
El problema de la seguridad jurídica, ya lo hemos dicho, es que en la fidelidad de nuestros gobernantes a los mandatos del libre mercado, la constante en contratos y negocios con el gran capital y las multinacionales, es el detrimento de los intereses nacionales y las ventajas y beneficios para éstos. Es lo que no se entiende. Se ponen la camiseta de los inversionistas. No la del país.
No nos engañemos: en este caso, si no fuera porque el próximo 30 de septiembre se vence el contrato de explotación suscrito por el Estado y Cerro Matoso, la empresa seguiría operando como viene, nadie presionaría, el gobierno no estaría hablando de exigir una mayor rentabilidad para la Nación, ni de una cláusula social, ni de aumentos en compensaciones. Tampoco los medios estarían registrando los padecimientos de pobreza y salubridad de los habitantes de Monte Líbano (Córdoba).
Dos cosas deben quedar claras:
Primera: si el gobierno supera el cuestionamiento sobre la ilegalidad de la prórroga, obligatoriamente tendrá que jugarse en la obtención de las mejores condiciones para el país, los trabajadores y la comunidad. Es lo que salió a aclarar Cárdenas dos días después del debate: la inversión social debe ser superior al 1% de la extracción y las ventas. Tomando como referencia las ventas de US$800 millones de 2011, esta inversión sería de aproximadamente US$8 millones, cifra muy lejana a los US$1,5 millones propuesta por la empresa en la negociación de la prórroga que ya se viene adelantando. Algo muy importante: esas reivindicaciones deben marcar la pauta para revisar los contratos celebrados desde que decidimos perder la autoestima ante la inversión extranjera y para firmar los que vengan de aquí en adelante. Nada menos.
Segunda: si el gobierno no logra salvar la legalidad de esa prórroga, luego de las consultas jurídicas que dice que adelantará, por más amor a la ‘seguridad jurídica’ tendrá que aceptar que la del contrato 051-96 se soporta sobre bases indebidas y dar paso a un proceso para escoger un nuevo operador. Argumentos le sobrarán para mantener su prestigio internacional de cumplidor y no ser castigado por los mercados financieros internacionales a la hora de fijarle el precio por el dinero que le prestan. Algo a lo que tanto teme, sin detenerse a pensar que lo que gana por buena calificación para obtener crédito barato lo pierde en lo que deja de ganar por regalar sus recursos naturales.
Si aun así, por su fidelidad ciega al modelo, persiste en pasar de agache los vicios que sostienen a la ‘seguridad jurídica’ de este caso, cabezas corren el riesgo de pasar por el cadalso.
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