Ramos, preso político no parapolítico

10 de septiembre del 2013

Me confieso delincuente del delito de opinión. Desde el Catatumbo, donde se arrinconan los Barí en el último reducto de su resistencia y se percibe la omnipresencia de Megateo con sus leyendas de poder y riqueza, la coca sembrada por campesinos descuaja la selva y sirve para pegar ladrillos y generar los empleos que el […]

Me confieso delincuente del delito de opinión.

Desde el Catatumbo, donde se arrinconan los Barí en el último reducto de su resistencia y se percibe la omnipresencia de Megateo con sus leyendas de poder y riqueza, la coca sembrada por campesinos descuaja la selva y sirve para pegar ladrillos y generar los empleos que el gobierno ofrece de mentiras.

Este no es el mismo país de la Plaza y del Paseo de Bolívar, sin embargo el aislamiento vial del paro agrario, nos unificó a los colombianos en la conciencia de haber elegido y vuelto a elegir gobernantes ciegos para mirar al campo con ojos de reforma agraria, y también nos unificó en la sorpresa de saber lo fácil que el país se enciende de violencia, mientras el presidente clama la firma de la paz fariana, -al precio que fuere- porque cree que ella tiene el pegamento mágico para adherirlo por otros cuatro años al solio presidencial.

La popularidad de Santos bajó a un punto tan peligroso que podría quitarle al país la posibilidad de votar su reelección, pero se afirma que todo fue  premeditado, y que con declaraciones oportunas, populistas y populares como las del fallo de La Haya, la levanta. Se sospecha, incluso, que fue cheff del caldo cocinado en la cacerola del paro, cuyos ingredientes causaron el malestar que bajó su imagen y que me llevaron a titular mis últimas columnas: “No hay tal paro nacional” y “O damos el golpe, o lo dan las FARC”.

“No hay tal paro nacional”, dijo Santos, cuando el país hervía en el caos. Luego, el 29 de agosto a las siete de la mañana, en pleno clímax del incendio social, en lugar de hablar de la tragedia, habló de su “paz” en Cuba y generó asombro nacional, solamente Marcha Patriótica parecía tener claro que en el cacerolazo de Boyacá, resucitado en la plaza de Bolívar y replicado en todo el país, germinaba la posibilidad de un golpe de mano al presidente. El 30 de agosto, día siguiente a la misma hora, otro Santos, éste enérgico y puntual, pronunció las frases mágicas y tomó control de la situación.

La farsa concluyó. El objetivo principal se había alcanzado. En la mitad del caos, entre muertos y bloqueos, al tiempo que la nación se desangraba,  Santos aseguraba su reelección con el encarcelamiento de uno de sus más duros contendores, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, cuyas victorias electorales son paradigmáticas. Los medios nacionales pagados por el Estado con millones de dólares, o con estampitas como la monja del cuento, escondieron la importante noticia tras el bloqueo nacional. Ramos fue conducido a las mazmorras casi subrepticiamente, con la misma estrategia que utiliza el gobierno para anunciar alzas de gasolina y nuevos impuestos en puentes festivos.

El paramilitarismo es un conveniente instrumento de la moderna inquisición política, que ejerce la Corte Suprema de Justicia, para decapitar prestigios y quemar en la hoguera de los calabozos a personas inocentes, pero inconvenientes, igual que hicieron los católicos del medioevo asesinando brujas y ateos. Solo basta un testigo preso, -no importa que sea falso- que en su desespero por rebajar la propia condena, involucre a quien le ordenen y le endilgue acusaciones, reuniones y recepción de recursos de los paramilitares.

Los testigos presos son vulnerables a la presión, por eso el valor probatorio de sus testimonios debería ser mínimo, pero para algunos magistrados es más que suficiente y los toman como testigos estrella, o “ventiladores”. Ruth Marina Díaz, Presidente de la Corte reconoció a la Revista Semana el 26 de enero de 2013, la existencia del problema con los testigos falsos y que habría que mirar si lo que está fallando es la legislación, o son las personas “el hecho de que haya tanta rebaja de penas, pensaría uno, los lleva a mentir”

La Corte Suprema de Justicia es la más alta instancia judicial de la jurisdicción ordinaria, lamentablemente clientelizada y en consecuencia politizada, que parece utilizar sus potestades legales para mandar a la cárcel a quienes no convienen, como los amigos de Uribe, casi todos con sentencias sustentadas en testigos falsos, presos, lo que desprestigia a la Corte y afecta el respeto moral que por naturaleza debería irradiar.

Precisamente en 2008 Uribe acusó a Petro y a Piedad Córdoba de montar investigaciones por paramilitarismo sobre versiones de falsos testigos, entre ellos las de Libardo Duarte preso en la Picota, quien confesó que Piedad Córdoba le había pagado cinco millones de pesos por involucrar a Uribe en la masacre de El Aro. Duarte trabajaba para Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso Sierra”, ahora testigo “estrella” en el caso de Luis Alfredo Ramos.

Por esa acusación, Petro denunció a Uribe ante la Sala de Casación Penal de la Corte, cuyo presidente es el magistrado José Leonidas Bustos Martínez, quien formuló la ponencia para la sentencia en junio de 2012, que dice:

“Visto el material probatorio recaudado, en relación con los contactos realizados entre los ex congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro con Libardo Duarte y Sergio Tovar, en el cual se cuenta la versión que directamente ofrecieron los mencionados señores, no queda opción diferente a la de concluir que el mencionado delito de soborno nunca existió”…”son claros y contundentes los testigos supuestamente manipulados –según las informaciones con que se contaba, al inicio de la presente indagación- en señalar que los congresistas indiciados no les pidieron que declararan falsedad alguna…”

O sea que Libardo Duarte y por extensión su jefe “El Tuso Sierra” fueron avalados en esa sentencia como testigos idóneos, por el mismo magistrado que lo utiliza ahora para  mandar a la cárcel a Luis Alfredo Ramos, a quien se le expide una orden de captura para oírlo en indagatoria, no se le cita,  y se le recluye en el Cantón Norte por considerársele un peligro para la sociedad.

Definitivamente nuestra justicia nada tiene que envidiar a la justicia de Torquemada, ni a la justicia que Hitler utilizó para matar millones de judíos, ni a la justicia de los musulmanes que matan a pedradas a sus mujeres infieles,  ni a la justicia de Nerón que la utilizó para iluminar la Vía Appia con cristianos vivos convertidos en antorchas.

Hay que admitir que el magistrado José Leonidas Bustos es un mago de la palabra jurídica, algo así como un poeta de los códigos, que salva o arruina vidas con sus versos, y es también clientelista, y por lo tanto con intereses políticos. En  2010 se acercó a Uribe para apoyarle su candidato, Camilo Ospina al cargo de Fiscal General de la Nación. Uribe era entonces el poder.

Fernando Londoño Hoyos había denunciado en 2004 que las esposas de 6 magistrados tenían puesto en la procuraduría. La señora Ana Josefa Velasco, esposa del doctor Leonidas Bustos, es desde 2010 Procuradora Judicial II y su amiga cercana, Martha Cristina Pineda desempeña cargo similar en la procuraduría, las malas lenguas lo señalan con más cargos en el Estado, y esto se cobra y se paga, nada hay gratis. Incluso llegaron a vincularlo con la general Luz Marina Bustos Castañeda quien pese a estar recién ascendida y a cursar  en su contra una investigación de la Fiscalía General de la Nación, fue nombrada por Santos como nueva Subdirectora de la Policía Nacional, descabezando a generales como Gustavo Adolfo Ricaurte, Luis Ramírez, Santiago Parra, José Guzmán, Edgar Vale y Luis Alberto Pérez, quienes deberán pasar a retiro, a pesar de sus brillantes hojas de vida y haber sido preparados para el cargo que hoy ocupa su subalterna.

Para el magistrado José Leonidas es un sacrilegio ponerlo en evidencia y en agosto del año pasado amenazó con denunciar por los delitos de injuria y calumnia a las periodistas Cecilia Orozco y María Jimena Duzán, por sus críticas a la Corte desde la Revista Semana y El Espectador, por eso me anticipo a sus acciones y me confieso delincuente del delito de opinión.

Así está Colombia con sus paros, así los candidatos con sus penas, así  la justicia con su burocracia y así Santos su reelección.

@mariojpachecog

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