Negociar en medio del conflicto

Con resignación, tristeza y desilusión, me veo obligada a escribir sobre la coyuntura actual: el paro de los maestros colombianos. Resignación por esta realidad que afecta de manera considerable al sistema educativo; tristeza y desilusión por presenciar el desmoronamiento del sector en vez de su fortalecimiento, como se vio durante el periodo 2010-2014 y contrario a las promesas de cambio formuladas hace un año. El presupuesto asignado para este año y el proyectado para los siguientes deja mucho que desear y el Plan de Desarrollo presentado al Congreso no incluye ni remotamente las reformas estructurales que se requieren para cumplir la supuesta meta de ser el país más educado de Latinoamérica en el 2025 y, mucho menos, representan coherencia con el planteamiento de que la educación es uno de los pilares de este cuatrienio. Existía, desde hace más de una década, un acuerdo tácito entre los actores del sector de responsabilidad compartida hacia los beneficiarios de la educación en Colombia: los niños y jóvenes de nuestro país. Por esta razón, desde el 2001 el país no había presenciado un paro de esta magnitud. Y no precisamente porque los diferentes representantes del sistema educativo estuvieran complacidos con las acciones de unos y las políticas de los otros, sino porque el costo social de ir a paro es tan alto para la sociedad, que los actores involucrados reconocían lo importante que es evitar a toda costa llegar al punto en el que nos encontramos actualmente. En este momento, tanto el gobierno como Fecode están contribuyendo a violar el derecho fundamental de cerca de nueve millones de niños y jóvenes colombianos a recibir educación; es muy tarde clamar por sus derechos cuando el paro ya está en marcha, y envalentonarse cuando ya el daño está hecho. Adicionalmente, se percibe con preocupación un irrespeto entre las partes que sólo puede perjudicar al sector. Ni los docentes están pidiendo limosnas ni lo que está en discusión es la vida privada de los miembros del gobierno. Se les debe recordar a los directos implicados la importancia de las personas que representan; este es un diálogo entre miembros del gobierno y los maestros de nuestro país (los dos, interlocutores de mucha valía). Independientemente de la simpatía que se pueda sentir por algunas de las demandas, señalar culpables es demasiado tarde y solo contribuye a generar más tensión. El llamado a las partes es para que demuestren su valentía y honor y se sienten a la mesa a resolver esta infortunada situación, sin importar los perjuicios políticos y sobreponiendo los aspectos técnicos estructurales sobre todas las demás consideraciones. Importante también mencionar, que el sector, con relativo éxito, hasta hace unos meses venía surtiendo un proceso de despolitización. En la administración de la educación siempre deben primar los criterios técnicos, siendo esta la única forma de lograr realizar las reformas estructurales que se requieren para contar con un sistema educativo robusto y de excelente calidad. Para alcanzar las metas sociales y económicas que sabemos se logran en un país con un sistema educativo fuerte, éste se debe blindar de la politiquería. No es conveniente manosear el sector, no se debe usar como plataforma política ni por los unos ni por los otros. La política, así sea limpia y bien intencionada, debilita la gestión educativa. El paro es un claro indicador de un preocupante resurgimiento de un nuevo proceso de politización del sector. El otro actor, de apariencia invisible pero permanente en este conflicto, son los medios de comunicación. La información y el análisis en estas situaciones son indispensables, pero la responsabilidad de los medios es mayor que en momentos de calma. Ignorar los acontecimientos o generar análisis desbalanceados y tendenciosos es muy peligroso. El llamado para ellos es a no contribuir con el debilitamiento del sector educativo. Reconstruirlo tomará décadas. No le hagan el juego a quienes quieren utilizarlo para su propio beneficio, más bien ayuden a restaurar el orden y a promover que efectivamente se realicen las reformas para lograr educación de calidad para todos los colombianos. En el ambiente hay una angustiosa sensación de que puede ser demasiado tarde para recomponer el rumbo. Cada día que pasa es un día más sin clases para nuestros niños; cada día que pasa se polariza más la situación; y cada día que pasa se politizan los actores del sector y sus condiciones para una negociación. El llamado es a sentarse y consensuar las políticas y las reformas estructurales que requieren y no a reducir la negociación a un simple pliego de peticiones. Los acuerdos se pueden lograr con la participación de todos los actores, pensando en un solo fin: que todos los niños y jóvenes colombianos reciban educación de excelente calidad en condiciones óptimas para ellos y para sus maestros. Hagamos de este impasse un ejercicio que demuestre que es posible negociar el fin del conflicto social (armado o no) que agobia a nuestro país. Hagámoslo a partir del respeto a la diferencia y del acuerdo por la búsqueda de un bien común superior: el derecho a la educación de nuestros niños.