Paz y justicia: el gran dilema ético

Están muy equivocados quienes piensan que la paz y la justicia son dos conceptos contradictorios, que van en contravía. Tanto el derecho a la paz, como a que se haga justicia, son requisitos indispensables para la realización de cada individuo y la consecución del bien común. Los dos valores son indispensables para llevar una vida digna de ser vivida. También  son interdependientes el uno del otro, no hay una verdadera justicia donde no hay paz y tampoco puede haber paz donde no hay justicia. No se puede considerar que haya una aproximación al valor de la justicia dentro de una sociedad que vive en medio de uno de los conflictos armados más largos del mundo. Como tampoco se podrá llegar a una paz verdadera, si se pasan por alto los más infames crímenes que ha padecido nuestra sociedad.

Aristóteles en la Ética a Nicómaco define la virtud como: “el justo medio entre el exceso y el defecto”, entre lo más y lo menos. Al aplicar este precepto al presente proceso de paz, podemos afirmar que el punto medio, o sea, una solución definitiva y virtuosa con respecto al acuerdo que dé por terminado el conflicto armado, es el punto donde se encuentran a igual distancia los preceptos de justicia y paz. En donde la paz no es un  obstáculo para realizar el valor de la justicia, y  el derecho no es un impedimento  para realizar el valor de la paz. De aplicarse la  justicia transicional de forma sensata, sería la herramienta que nos permitirá alcanzar el equilibrio de la relación entre el derecho y la política; donde los estándares jurídicos sobre los derechos de las víctimas y las dinámicas políticas de las negociaciones con las Farc se encuentran. La justicia transicional permite mecanismos alternos de justicia restaurativa, condicionados a retribuciones en materia de cese de hostilidades, reconocimiento de  la verdad, reparación de las víctimas y garantías de no repetición. La justicia transicional se basa en unos principios de justicia donde se  investigan los delitos de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra, y se establecen disposiciones alternas de cumplimiento de penas, con medidas especiales de ejecución.  De ninguna manera se ignoran u omiten los crímenes graves. Siempre habrá un reconocimiento y una reivindicación  a las víctimas, como sujetos morales y políticos con derechos, que han sido sometidas  a graves violaciones de derechos humanos. Este tipo de medidas alternativas y transicionales terminan fortaleciendo la justicia en sí misma.  En la medida de que las circunstancias sean menos difíciles, aumenta la posibilidad de que la justicia sea más eficaz. También podemos considerar como más justo el Estado donde hay menos víctimas, que el Estado en donde se imponen las sanciones más ejemplares a los victimarios. En últimas, la justicia no pretende otra cosa que la protección efectiva de los bienes jurídicos. Si la justicia consiste en  darle a cada cual lo suyo, no hay ninguna duda de que a todos los colombianos nos corresponde la paz. Quienes están en contra del proceso de paz, argumentan que no están de acuerdo con una “paz con impunidad”. Yo me pregunto, ¿habrá buena voluntad por parte de quienes se atreven a descalificar el proceso de paz a priori, sin saber verdaderamente  que concesiones de justicia se le van a hacer a las Farc, siendo que este tema ni siquiera se ha discutido en la agenda? En vez de asumir una actitud hostil frente a todo lo relacionado con el proceso de paz, si la preocupación es la reivindicación de los derechos de quienes han padecido el conflicto, ¿no sería más constructivo que estas personas concentraran y focalizaran su empeño en lograr que este acuerdo logre un máximo de reivindicación de justicia frente a las víctimas? Por amor al país, ¿qué es más constructivo, aportar y enriquecer el debate sobre la paz o dedicarse únicamente a descalificarlo? Favorecer la búsqueda de un punto de equilibrio tiene más mérito que querer prolongar este Satus Quo, donde no hay justicia ni hay paz.