¿Reforma a la Justicia?
La reforma Santos pasará. Que sea buena es otra cosa. Al Presidente no le gusta perder, y sacará adelante esta reforma que no resuelve mucho porque deja vivas las obsolescencias de nuestro sistema judicial.
Lo primero que no cambia es la forma de elegir al Fiscal. Lástima. Es irrazonable que quien encauza la política criminal e investigaciones, sea escogido por la Corte Suprema de Justicia. Sobre todo porque cada Fiscal General queda sicológica y prácticamente “encadenado” a la comprensible sensación de ser subalterno del máximo tribunal, que apenas lo elige empieza a mandarle hojas de vida.
Para un inglés, un alemán o un norteamericano, resulta una incoherencia institucional que los jueces elijan al acusador. Lo menciono porque el sistema acusatorio surge precisamente del derecho anglosajón. El Fiscal, la fiscalía toda, debe ser independiente, técnica, estable. Pero la reforma no toca el asunto para no causar hirsutismo a los magistrados, que hace tiempo mandan en la Fiscalía.
Tampoco se modifica el fuero. El fiscal Montealegre —un hombre atinado— se atrevió a proponer que la Fiscalía investigara a los aforados y no la Corte Suprema. Lógico, porque la única Corte Suprema del mundo democrático que investiga es la colombiana. Pero el meollo del asunto no es quien juzgue aforados, sino el fuero mismo; para nadie es claro por qué un congresista o un ministro tenga derecho a un “juez especial”. ¿Por qué? El fuero, filosóficamente, es un privilegio, y en las democracias contemporáneas los privilegios simplemente no caben.
No obstante, en la práctica, el fuero es un factor de injusticia: los congresistas creyeron que el privilegio consistía en que los juzgaran sus “pares” magistrados, en decisiones inapelables de única instancia. Jamás calcularon que un sector de la Sala Penal se volvería un grupo de presión política, y cuando eso pasó, cada cual creyó que no lo tocarían, pero los siguen tocando, aunque los que quedan no crean. Así que, suavecito, la Corte se tragó al Congreso, que vive aterido ante su avidez por encarcelar parlamentarios. Pero no se atreven a poner en cintura las excesivas facultades penales de la Corte, porque también le tiemblan a la prensa, que se los come vivos cuando algo de su dignidad institucional asoma.
Lo moderno sería acabar el fuero y que solo el Presidente tuviera la prerrogativa de ser juzgado por la Corte, previo examen político del Congreso. Aparte del Presidente, cuyo poder emana del voto mayoritario del pueblo, nadie debería vivir parado en la trampa mortal que es el “privilegio” del fuero sin derecho a doble instancia. Simplemente, cuando fuera necesario denunciar un ministro o un congresista se acudiría a la Fiscalía y ésta procedería igual que con cualquier ciudadano.
Pero no. El Congreso ya no fue capaz de sacudirse el escorpión de la espalda. Y Santos tampoco ve razones para enfrentarse a la Corte, aunque sepa cuan absurdo es que ella elija fiscal e investigue y juzgue aforados. En campaña lo tenía tan claro, que prometió cambiarlo. Pero, si los afectados callan paralizados ¿ya para qué?
La cúspide del descaro es el aumento del periodo de los magistrados a 12 años. Hace poco el Presidente del Consejo de Estado anunció que solicitaría una “veeduría internacional” pues la reforma era “una revancha del Congreso”, pero bastó ofrecerles que su periodo aumentaría de 8 a 12 años, para que la perversa reforma se volviera un camino de rosas. ¡Increíble! Los mismos que se rasgaban las vestiduras porque “Uribe torció el cuello a la Constitución para reelegirse”, avalan ya esta reforma, y también por cuatro añitos más de poder real. ¡Y eso sí no es nada!
Ojalá —acordándose de cuanto han despotricado de Uribe— tengan el recato de declarar que la extensión del periodo debe regir solo para nuevos magistrados, porque si no, sería lo mismo que “concertarse” en beneficio propio; y una especie de cohecho, no penal, pero sí político: “Yo me siento contigo y te avalo, si tu ¨autónomamente¨ me extiendes el periodo.” ¡Qué lindos! Ese concierto para transigir, no es prevaricato ni cohecho, ni nada… es solo alta política.
Quizá lo peor es la invasión constante del Poder Judicial en la autonomía del Legislativo. Es incomprensible que nadie mande a los jueces a juzgar mientras los legisladores producen las normas constitucionales. Pero no, los unos sudan impudicia y los otros transpiran indignidad. Aquí no hay separación de poderes.
Qué desilusión para los estudiantes de Ciencias Políticas o Derecho, cuando comparan sus textos, con las noticias que dan cuenta del devenir político del país: tan incoherente y disímil en su dinámica y fondo, en contraste con la inmaculada redacción y el bien expresado espíritu de las instituciones; perfectas en la letra, pero obsoletas, injustas y mezquinas en la práctica.
Por eso nadie se sorprendió cuando la última encuesta mostró las dos instituciones más desprestigiadas para los colombianos. Pensé que ganaría el Congreso porque 65% de la gente dijo no tenerle confianza. Pero a la pregunta “¿Usted cree que el sistema Judicial en Colombia es corrupto?” el 5% contestó no saber, y solo el 7% dijo “No es corrupto”. El 88% restante, cree que el sistema judicial es corrupto. Ganó la justicia.
No me sorprende que Congreso y justicia estén tan jodidos ante la opinión pública, porque mientras el crimen campea, la única forma que se le ocurre a la justicia para aprestigiarse, es judicializar a los políticos.
___________________________________
De otro tema: La ley de Justicia y Paz no era una ley de delación. Se pensó para que cada actor armado, a cambio de ocho años de pena, confesara todos sus crímenes y así, la inmensa verdad expuesta, pudiera ser la contraprestación que la sociedad recibiera a cambio de tan bajo castigo. Pero la malicia colombiana volvió esa “ley de verdad” una ley de “sapeo” y extorsión. “Me da tantos millones, o digo que Ud. hizo tal cosa” …Y con esa modalidad surgieron carteles de extorsión de desmovilizados y abogados inescrupulosos que articulan legalmente cada trama.
Ahora el Fiscal General anuncia 60 capturas, y me pregunto: ¿Cuantos inocentes caerán? ¿Cuántos culpables se salvaron con plata? Y ¿Cuándo cerraremos este capítulo cuyo origen real fue el abandono del estado que permitió el imperio de las armas criminales? ¿Hasta cuándo esto?
