Sergio Fajardo al tablero, coalición por la justicia y Contraloría en perlas

Vie, 30/03/2012 - 01:02
Sergio Fajardo tendrá  que explicarle en términos de ética política a sus electores, al país y formalmente la justicia electoral y la Procuraduría General de la

Sergio Fajardo tendrá  que explicarle en términos de ética política a sus electores, al país y formalmente la justicia electoral y la Procuraduría General de la Nación, por solicitud nuestra, por qué guardó silencio, desde sus épocas como alcalde hasta ahora como gobernador, sobre su relación estrecha y vinculación como directivo con la Fundación Carulla, la cual celebró y ejecutó al menos dos contratos con el Icbf-regional Antioquia durante su campaña a la gobernación.

Fajardo aceptó la invitación a incorporarse como directivo de la Fundación Carulla al final de su alcaldía. En febrero de 2008 atiende su primera junta, solo dos meses después de dejar la alcaldía, donde la fundación pasa de la atención de los empleados de Carulla Vivero, para erigirse en la primera entidad privada destinada al apoyo de la infancia en el país.

Tal condición directiva la ostentó Sergio Fajardo según un documento de renuncia hasta noviembre de 2011, es decir siendo candidato a la presidencia, candidato a la gobernación, durante el proceso electoral, lo cual contrasta con el certificado de la Cámara de Comercio, donde aparece como directivo hasta el año 2012, cuando ya desempeñaba como gobernador.

Siendo Fajardo tanto candidato a la gobernación de Antioquia como miembro de la junta directiva, la Fundación Carulla ejecutó dos millonarios contratos suscritos con entidades públicas que se ejecutaron en el mismo departamento. Estos dos contratos  tenían por objeto protección a la infancia, como muchos otros de aquellos firmados durante la alcaldía de Fajardo con el Icbf. Como si fuera poco, el director del Icbf declaró haber firmado esos contratos por la reconocida presencia de Fajardo como directivo de la fundación. Uno de ellos, suscrito el 25 de febrero de 2011, por $113.553.759, con el Icbf-regional Antioquia.

El segundo y más importante contrato firmado por Carulla con Fajardo como directivo, fue suscrito el 3 de diciembre de 2010, mediante un convenio de asociación por $2.948.224.931 con El Icbf-regional Antioquia y el municipio de Medellín -$2.029.972.479 fueron puestos por la administración del alcalde

Alonso Salazar, quien acaba de ser destituido e inhabilitado por doce años por la Procuraduría General de la Nación por intervención en política.

Dichos convenios se ejecutaron en plena campaña, el más jugoso terminará de ejecutarse el último día de este año 2012, el 31 de diciembre próximo, cuando Fajardo cumple su primer cuarto año de mandato.

Cabe preguntarse bajo cuáles estándares de probidad es ético pertenecer a una prestante  organización privada que contrata con el Estado, y al mismo tiempo presentarse el juego electoral para ganar el favor de los electores, y si esto no rompe la igualdad en la participación política. Más aún, Fajardo no era socio sino directivo de la entidad, de igual forma el interrogante que surge es si esta regla aplicaría para candidatos a todas las corporaciones públicas, y de ser así, los ciudadanos tendrían la misma oferta electoral, es decir, las mismas posibilidades de seleccionar libremente sus candidatos. Y si es así, en qué quedan los topes de campaña y la incidencia en los libros de contabilidad, los gastos de publicidad particularmente, porque estos contratos se celebraron y ejecutaron en el mismo departamento donde aquel era candidato.

Postdata

Nace Coalición Ciudadana por la Justicia

Los ciudadanos y ciudadanas, exconstituyentes, voceros de organizaciones sociales y entidades no gubernamentales incluida la Red de Veedurías acabamos de constituir la Coalición Ciudadana por la Justicia a efecto de hacerle veeduría a la reforma a la justicia, participar  proactivamente en la misma y en nuestro caso  contener los embates regresivos de la mal llamada reforma a la justicia.

 Se trata de:

  1. Promover una reforma soportada en un amplio consenso institucional y social, que fortalezca el equilibrio de poderes más que la politización de la justicia en beneficio exclusivo de las restantes ramas del poder.
  2. Velar por el mejoramiento del acceso a la justicia, del cual parece alejarse más el proyecto.
  3. Asegurar el  respeto de las competencias de la Corte Suprema de Justicia en la investigación y juzgamiento de los congresistas.
  4. Contener la anulación de la figura de la silla vacía y grave retroceso en el régimen de pérdida de investidura de los congresistas.
  5. Evitar que el gobierno de la rama judicial sufra una mayor  politización.
  6. Promover la independencia de los órganos de control.También resulta inconveniente entregar a la Cámara de Representantes la elaboración de la lista para elegir Contralor General y devolver al Presidente la facultad de postular al Procurador.

 El proyecto introduce otros cambios que no han sido explicados a la opinión pública. Uno de ellos es el habeas iuris que, como está planteado, prorrogaría el tiempo de duración de los procesos, sería una figura paralela a la acción de tutela e impediría que la Corte Constitucional actúe como el órgano de cierre de los derechos fundamentales.  De igual forma respaldamos la decisión del Gobierno de retirar su apoyo a la reforma al régimen del fuero militar.

Algunos de quienes integramos este ejercicio de control social  y convocatoria amplia son entre otros Armando Novoa  director de Plural,  constituyentes  como  María Teresa Garcés, Gustavo Zafra, Iván Marulanda, Otty Patiño, Jesús Pérez, y representantes de organizaciones sociales entre los cuales están Elizabeth Ungar –Transparencia por Colombia–, Moe –Misión Electoral de Observación–, Gustavo Gallón –Comisión Colombiana de Juristas–, Pedro Santana –Viva la Ciudadanía–, León Valencia –Corporación Nuevo Arco Iris– Oscar Ortiz –Acción Ciudadana–, Pedro Mestre –Fundescol.

 Contraloría  General de la República  en perlas

Al parecer varios altos directivos de la Contraloría  General (CGR) designados por la propia Contralora  General tendrían el mismo problema por el cual se halla  demandada la elección de la Contralora General, cual es la falta de experiencia relacionada de mínimo cinco años en control fiscal.

María  del Pilar Yepes, alega dos o tres años como miembro de la Sala Jurisdicción Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cuyas funciones por ser jurisdiccionales no cuentan como experiencia para ser nombrada inicialmente, quizás en el cargo más importante de la CGR, como  contralora  de investigaciones, juicios  fiscales y jurisdicción coactiva. La misma  es actual directora de la oficina de capacitación y su hermana es la actual directora de la oficina de capacitación.

El jefe de sistemas Ortiz Krone no está habilitado para ejercer la profesión de ingeniero, pues según una certificación carece de la tarjeta profesional que lo habilita para ejercer tal profesión, y por ende ser contratado como tal. El contralor delegado para vigilar el sector defensa y seguridad, Lastra Fuscaldo, es un exconcejal de Bogotá quien como tal perdió su investidura en el 2009, por contratos celebrados que lo inhabilitaban. La pérdida de investidura es una sanción disciplinaria vitalicia, cuyos  efectos éticos hacen censurable tal designación para un cargo que demanda un servidor público íntegro, sin ninguna  mancha. Una persona que viola la ley no debería estar llamada a investigar cómo se maneja el presupuesto de los contratos de uno de los sectores más estratégicos del país: el de la defensa.

 El señor Emilio Echeverri Mejía, exgobernador, excandidato a la Contraloría exjefe de la contralora en la Federación Nacional de Cafeteros y actual asesor del despacho de la Contralora devenga un salario mínimo diario, incluidos fines  de semana y feriados, escabrosa suma que igualmente devenga otro asesor de la misma Víctor Rafael Beltrán. Veremos que dicen los órganos de control fiscal y disciplinario al respecto.

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