A la exfiscal Viviane Morales, en relación con el cartel de la contratación, se le quedaron casi todos los “peces gordos” por fuera. Podemos citar algunos como Julio Gómez —con quien se suscribió un preacuerdo que dejó muchas dudas— igualmente, poco y nada se adelantó respecto de Álvaro Dávila, Emilio Tapia y sus lugartenientes Luis Eduardo Montenegro y Néstor Eugenio Ramírez; también contratistas como Manuel Sánchez se quedaron en el tintero, quizás explicable por la cercanía profesional de algunos con el exfiscal samperista Alfonso Gómez Méndez. Por lo pronto, en esta materia seguimos a la espera de que el fiscal general Eduardo Montealegre “se ponga las pilas” y eche a rodar su promesa anticorrupción para recuperar el tiempo perdido contra la cartelización contractual tanto a nivel distrital como nacional.
En la Contraloría General varios de estos cuestionados personajes han prácticamente pasado de agache en lo relativo a la investigación de idénticos carteles. ¿Esto guardará relación con la designación de Nelson Izaciga León como director de la Delegada para Infraestructura, uno de los “brazos derechos” de la Contralora General? No olvidemos que Izaciga León en la administración de Samuel Moreno suscribió varios contratos jugosos de asesoría contractual y jurídica con el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, el 024 de 2010, el 054 de 2009, el 015 de 2009, y el 017 de 2008. Su jefe, Juan Pablo Camacho, se posesionó como alcalde local de Usaquén, por nombramiento hecho directamente por Samuel Moreno, ante quien se posesionó, irónicamente, un 19 de abril, esta vez de 2008.
¿Arriendo o regalo? Y la defensa del patrimonio público
Para julio 12 de 2002, Nelson Izaciga celebró un cuestionado contrato de arrendamiento de once máquinas entre impresoras y encuadernadoras, y una bodega de 400 metros cuadrados con Edicundi, la única empresa editorial del departamento de Cundinamarca. En ese caso se denunció un detrimento patrimonial, toda vez que dicho contrato “no le generó ninguna entrada” al ente territorial. Tal fue el contrato 004 de 2002, que contemplaba una editorial montada y equipada, todo por un módico canon mensual de $1.500.000. Y claro, a largo plazo para percibir las mieles de tan nefasto negocio para el departamento de Cundinamarca: no uno o dos años, no señor. Directamente, por cinco años…cuando la maquinaria prácticamente terminaría siendo inservible. Además, el mantenimiento de la maquinaria con las que Izaciga pondría en marcha la empresa impresora era parte del arriendo, es decir lo pagaba como parte del precio del contrato, $650.000 mensual. El departamento le pagaba incluso el mantenimiento de la maquinaria, y a partir de ahí las utilidades completas para el hoy contralor delegado.
Los criterios para determinar el canon no tuvieron en cuenta los avalúos comerciales, que sugerían un valor de por lo menos el doble.
Ni uno menos en las aulas y ni uno más en las arcas públicas
Izasiga fue igualmente representante legal de la Unión Temporal “Un Uno Menos en las Aulas”, que mediante resolución 486 de 2010 fue contratada por la Gobernación de Bolívar, a efecto de “evitar la deserción escolar”. El Gobernador de Bolívar fue objeto de denuncia penal, por cuanto varios de estos procesos obviaron la contratación pública con el “único requisito de que los contratistas [estuvieran inscritos] en el Banco de Oferentes”.
Izaciga, finalmente, tampoco da cuenta de experiencia específica de control fiscal en los últimos cinco años anteriores a su vinculación como actual cabeza de la vigilancia de las obras públicas en el país, tal y como lo exige la ley. Tan solo reporta asesorías ajenas al tema entre otros a Constructécnicas, Servioftalmus, Disconfites, Dislicores, Canal Capital, Fixing, Plásticos Saifer, y por su puesto el infaltable “Lujos Arani”.
Postdata:
Aberrante desmonte de la pérdida de investidura en la reforma a la justicia. La reforma a la justicia que tramita el Congreso según la cual ya no habrá “muerte política” sino una sanción “gradual” o irrisoria por las mismas faltas, y donde igualmente se suprimen algunas causales de desinvestidura, muestran como se convirtió en la reforma donde compiten injusticia e impunidad. Esta reforma con la venia de Santos, Partido de la U, Partido Liberal, Partido Verde y Partido Conservador deja claro del lado de qué pedazo de país están nuestros legisladores y dirigentes, y cómo juntos han roto el pacto político del 91. Estos si están refundando el Estado en condiciones superiores a las de Ralito, con la idea autoritaria del poder sin justicia, del poder sobre la justicia, que es al final poder sin democracia. El anterior crimen a la justicia y al control democrático se da justamente cuando debía ser el momento de endurecer las penas, agilizar el procedimiento e incluir nuevas causales de pérdida de investidura, e incluso ampliarla para otros servidores públicos. Nosotros como los mayores exponentes de tal figura, denunciamos cómo este Congreso nos arrebata las herramientas de defensa ciudadana contra la corrupción, y a eso le llaman “reforma a la justicia”. También nos sorprende como ningún órgano de control, ni aun la Procuraduría General, ni la Fiscalía se han pronunciado contra tal contrarreforma, y su silencio resulta complaciente. Lo único digno han sido la Corte Suprema y el Consejo de Estado, todo lo demás es ilegitimidad y desolación por un Congreso indigno que merece ser revocado en cuanto el mismo se erige en su propio juez: la ruina del Estado Social de Derecho, transmutando en estado social de derecha. Frente a la cual llamo a la desobediencia civil y anuncio que comenzaremos pronto.
Roy Barreras devuelve “el regalo” al Procurador. La nueva esposa del senador Roy Barreras, Gloria Elena Arizabaleta, habría presentado renuncia al cargo en el que “como regalo de bodas” el Procurador General la había designado en este órgano encargado de vigilar a los congresistas. Ojalá hagan lo mismo aquellos funcionarios familiares de parlamentarios, miembros de la rama judicial que laboran como “cruce de favores” no solo en la Procuraduría sino en la Contraloría General y demás órganos de control y vigilancia.
