Teresita García y su extravagante elección como vicepresidenta del Senado

Les hablo sobre la nueva vicepresidenta del Senado, que debió tener el visto bueno del gobierno del presidente Santos (suele suceder en el Congreso) y que representa al partido Opción Ciudadana, que antes se llamaba PIN y meses antes ADN y antes cualquier cosa, como ocurre con los bares de mala muerte que cierran en Bogotá y reabren después con otro nombre. La llamada Unidad Nacional debió agradecer con su elección el apoyo electoral recibido, aunque el tratamiento que le da es vergonzante, algo así como la novia que entra por la puerta de atrás, o en cine cuando apagan la luz. Tiene razones el gobierno para actuar de tal manera. Teresita (es su nombre de pila) porque a sus padres les pareció brusco y muy frío “Teresa” a secas. Por más de una década “nos representó” como diplomática en Alemania (cónsul general en Frankfurt), mientras su hermano -el “gordo Álvaro García Romero- promovía la muerte y el incendio de este país, según la Corte Suprema de Justicia. Teresita, tierna y dulce, regresó a Colombia -cuando condenaron a su hermano- para liderar el movimiento “Nueva Esperanza”, que pretendía reivindicar el nombre familiar. La consigna de su campaña, en serio o en broma, proclamada por ella o por sus enemigos (hace cuatro años), parece extraída de una película de terror: “Lo llevo en la sangre”. El entonces gobernador de Sucre, Jorge Barraza, eterno segundo en las listas de García Romero, elegido con su apoyo, se erigió como jefe de debate de la nueva congresista. Todo el peso de la burocracia regional fue puesto a su servicio. Teresita prometió en pueblos y veredas (entre otros Ovejas, su pueblo natal que no visitaba hace 30 años) “trabajar por la educación, las vías y el empleo”. En el Partido Liberal no la recibieron. Tampoco en el Conservador. Estuvo en ADN pero, como es sabido, le suspendieron la personería jurídica. Obviamente aterrizó en el PIN, Partido de Integración Nacional, conformado por condenados por la parapolítica y todos en la cárcel La Picota, de Bogotá, “su centro de operaciones”. Ella, tantos años por fuera de estas tierras tan violentas, considera “una injusticia” la sentencia a 40 años de cárcel a que fue condenado el “gordo”, por financiar a grupos paramilitares y colaborar en sus crímenes. Y fue más lejos: “Tenemos una justicia politizada, que ha querido que los senadores y representantes de la Costa Atlántica sean detenidos. No lo podemos permitir”, dijo en la plaza pública en el municipio de San Benito Abad. La decisión de la Corte Suprema de Justicia argumenta que García no solo conspiró para crear, entre 1996 y 1997, las bandas armadas que provocaron decenas de muertes y desplazamientos en Sucre, sino que los financió y colaboró para que realizaran algunas de sus acciones criminales. Fue autor intelectual de la masacre de Macayepo, donde 15 campesinos fueron decapitados por paramilitares. Según comprobó la justicia y resumen de notas periodísticas, basadas en decisiones judiciales, a mediados de los 90, con el apoyo de García y el de otros dirigentes de su estructura política, se fundó el frente paramilitar de La Mojana y se reforzó el de Montes de María, que estuvieron bajo el mando de alias Cadena y alias Diego Vecino. A manos de la estructura de poder que conformaron políticos, miembros de la fuerza pública y paramilitares murieron miles de sucreños, víctimas de asesinatos selectivos, masacres y desplazamiento forzado. Las víctimas de Sucre y el sur de Bolívar, donde operaban esos frentes paramilitares, fueron abatidas por las propias instituciones que se suponía debían protegerlos. A la par del despliegue paramilitar creció la estructura electoral de Álvaro García. En 1997 impuso mediante fraude electoral a Erik Morris como gobernador. De ese fraude fue testigo la profesora Georgina Narváez y por ello García y alias Cadena la asesinaron. En las elecciones nacionales de 1998, García fue elegido senador junto con dos representantes a la Cámara. Dos años después, en las elecciones locales del 2000, con su apoyo se eligieron tres diputados y 11 alcaldes y entre todos retuvieron la gobernación en cabeza de Salvador Arana. Arana fue luego condenado a 40 años de cárcel por concierto para delinquir agravado con los paramilitares y por el asesinato del exalcalde del Roble, Eudaldo Díaz, quien denunció los vínculos con el paramilitarismo de Arana y García en un Consejo Comunal, en presencia del Presidente Uribe. Luego de la denuncia, Díaz fue asesinado y Arana fue nombrado Embajador en Chile por Uribe. En las siguientes elecciones, García y los paramilitares siguieron creciendo electoralmente. En las nacionales de 2002 se reeligió senador y sacó nuevamente dos representantes a la Cámara: Erick Morris y Jorge Fris Chadid. Morris fue uno de los primeros condenados por parapolítica. En las locales del 2003, con su apoyo se eligieron al menos cuatro diputados y 16 alcaldes sucreños. Ganó nuevamente la gobernación con Jorge Anaya, también condenado después por concierto para delinquir agravado y la promoción y conformación de grupos paramilitares. Dice la Corte Suprema, según las evidencias, que un grupo liderado por el senador Álvaro García Romero organizó en 1997 una banda armada financiada con dineros públicos que años más tarde realizó masacres como la de Macayepo. La banda de alias 'Cadena' y alias 'Diego Vecino' surgió cuando el senador García, el exembajador en Chile Salvador Arana, el exalcalde del municipio de Sucre (Sucre) Ángel Daniel Villarreal Barragán y el ganadero Joaquín García habrían optado por conformar una organización armada para dominar la región de La Mojana y frenar la amenaza guerrillera. Los políticos buscaban establecer una estructura político-militar que pusiera a su servicio las administraciones públicas del departamento y de algunos municipios. Esto lo lograrían a través de acciones de sangre y terror. La Corte encontró que mediante actos de violencia este grupo se fue financiando con dineros públicos. Los habitantes de Sucre han denunciado, en los últimos años, por lo menos 5 mil víctimas, entre desaparecidos, asesinados, amenazados y desplazados, especialmente en San Onofre.