El Gobierno del Presidente Santos se ha caracterizado por sus constantes anuncios y el rezago de sus metas en materia de política de vivienda, restitución de tierras e infraestructura. La improvisación y descoordinación de los ministerios responsables de la ejecución de dichas políticas, tienen a estas locomotoras paradas y con la imagen del mandatario cuesta abajo a mitad de su mandato.
Las cifras oficiales hablan por sí solas. De 186.804 subsidios para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social que debía haber entregado al finalizar el 2011, solo había adjudicado efectivamente, 17.302 subsidios, un cumplimiento del 9% de la meta. El nuevo ministro de la cartera, el doctor Germán Vargas Lleras, lanzó un ambicioso plan de construir cien mil viviendas anuales, lo que equivale a construir y entregar 274 casas diarias. Si no resuelve urgente el tema de los predios que deben aportar los alcaldes, se le puede repetir la historia de su antecesora. Amanecerá y veremos.
En la política de restitución de tierra a población despojada vamos peor. De los 160.000 predios que el Gobierno se comprometió a entregar antes del 7 de agosto de 2014, a la fecha se tramitan en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, unas 11.200 reclamaciones de predios, que abarcan más de 770.000 hectáreas. Es decir, un cumplimiento de solo el 7%. Lo que se ha hecho hasta el momento, es la titulación de 800.000 hectáreas de predios baldíos, entregados en los gobiernos anteriores.
Lo más preocupante de esta política de restitución de tierra, es la tremenda confusión que le han creado al Presidente Santos y a la opinión pública respecto a las competencias asignadas en virtud de la ley 1448 del 2011. Esta institucionalidad está conformada por la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas adscrita al Ministerio de Agricultura y por los recién nombrados jueces y magistrados de restitución de tierras. No en cabeza del Incoder.
No entendemos porqué el Presidente de la República y el mismo ministro Restrepo, se empeñan en asignarle esta responsabilidad al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), cuya función misional es la de ejecutar políticas de desarrollo rural, facilitando el acceso de los pobladores rurales a los factores productivos y sociales, para contribuir a mejorar su calidad de vida y al desarrollo socioeconómico del país.
Dentro de su marco de acción no se encuentra, ni se ha encontrado nunca, la restitución de tierras de población desplazada. Ellos podrán participar de este proceso en la medida que los jueces de restitución así se lo ordenen.
Lo que sí debe hacer urgente el Gobierno Nacional en cabeza del Ministro de Agricultura, es preocuparse y velar por la asignación de los recursos presupuestales con los que debe contar el Incoder para la financiación de estos proyectos productivos en razón a que en la fecha no se ha podido formular ni financiar un solo proyecto por falta de recursos.
Es hora de ponerle maquinista a esta locomotora, para ver si por fin sacamos el campo colombiano de esta indigencia. Mientras en las ciudades los pobres son el 30% y los indigentes el 7%; en el campo los pobres son el 65% y los indigentes el 33%. Este es el resultado de décadas de formulación de políticas agropecuarias ineficientes que han sumergido al campo en el abandono y olvido.
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