Luego de que la Corte Constitucional incitará al Congreso de la República, en el 2011, para que en un plazo no mayor a dos años regulara las uniones entre homosexuales, aclarando que si no lo hacía en ese período las parejas del mismo sexo podrían acudir ante un juez o notario para formalizar sus vínculos mediante un contrato de unión solemne, el alto tribunal recibió varias tutelas pidiendo que se aceptará su matrimonio, como el de los heterosexuales.
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Este jueves, una ponencia negativa presentada por el magistrado Jorge Ignacio Pretelt fue votada en contra, en un caso que agrupó algunas acciones interpuestas por diversos ciudadanos. Con esa decisión, la Sala Plena de la Corte determinó aprobar estas uniones maritales, brindándoles los mismos derechos que a aquellas que están conformadas por un hombre y una mujer.
La propuesta del mencionado togado únicamente fue apoyada por dos de sus colegas, Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Mendoza, mientras que Alberto Rojas, Alejandro Linares, Gloria Ortíz, Jorge Palacio, Luis Ernesto Vargas y María Victoria Calle decidieron respaldar a los demandantes. Pretelt aseveraba que cambiar el tipo de uniones entre parejas del mismo sexo era función únicamente del Congreso de la República y no de su tribunal.
Luego de esta decisión, un nuevo togado, que en orden alfabético será Alberto Rojas, quien se ha mostrado a favor de la comunidad LGTBI, tendrá que presentar una nueva ponencia favoreciendo los matrimonios homosexuales.
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La sentencia C577 de 2011, mediante la cual la Corte Constitucional aceptó que las parejas del mismo sexo constituyen una familia y le daba un plazo al Congreso para regular ese fallo o, después de dos años, le permitía a estas personas acudir ante jueces o notarios para celebrar contratos de unión solemne, fue la que comenzó a abrir las puertas de la histórica decisión.
La comunidad LGTBI siempre indicó que poder acceder al matrimonio era un derecho que ya debía ser considerado y aprobado de esta forma en el país.
