Directivos de ADRES serán investigados por la Procuraduría

Tres funcionarios de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), pertenecientes a la dirección de tecnología, serán investigados por la Procuraduría General de la Nación por cometer presuntas faltas disciplinarias en la celebración de contratos, que comprometen más de 140 mil millones de pesos. Los señalados son Juan José Trillos Ramírez, jefe de la oficina jurídica y encargado de las funciones de director administrativo y financiero; Hisnardo Ubaque, director de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones; y por último Laura Beltrán, directora de Otras Prestaciones.

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Según el Ministerio Público, las investigaciones buscan corroborar la existencia de presuntas faltas disciplinarias en la celebración y ejecución del contrato #080 de 2018, el cual fue suscrito con la Unión Temporal de Auditores de Salud. https://twitter.com/PGN_COL/status/1174738772623335426?s=20

La Procuraduría alega que todo se debe a "un supuesto incumplimiento del negocio jurídico que tenía por objeto realizar la auditoría integral a las solicitudes de recobros por servicios y tecnologías no incluidas en el plan de beneficios con cargo a la UPC (Unidad de Pago por Capitación)".

Otros investigados

La Procuradiría abrió además una indagación premilinar a otros funcionarios del ADRES por una presunta falta de gestión eficiente en la dirección de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). “Al parecer, se estarían presentando inconsistencias en la aprobación y el pago de los recobros con cargo a los recursos del sistema”, expresó el Ministerio Público, agregando que la “presunta dilación en la toma de decisiones de los encargados de proteger el derecho fundamental a la salud y falta de transparencia en el uso de los recursos”. De la misma manera, el órgano de control establecerá si los hechos forman parte de una falta disciplinaria, además de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos. Cumpliendo así con la Sentencia de la Corte Constitucional T-760 de 2008.