Para el próximo tres de agosto se fijó la audiencia de imputación de cargos contra dos antiguos funcionarios del expresidente Álvaro Uribe por haber participado de un plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia.
La medida afecta a Edmundo del Castillo, quien fue secretario Jurídico de la Presidencia y a César Mauricio Velásquez, exsecretario de Prensa de Uribe, además de los abogados Sergio Augusto González Mejía y Diego Álvarez Betancur.
Todos ellos serán inquiridos por los delitos de concierto para delinquir y, en el caso de Del Castillo, también el de violación de comunicaciones y peculado al haber usado bienes del Estado para usos ilegales.
Una de las razones por las que se ha tomado esta decisión es la visita del exlíder paramilitar Antonio López, alias "Job", a la Casa de Nariño, el 23 de abril de 2008.
Ese encuentro hizo parte de una operación para preparar "montajes" con el fin de desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, así como a la excongresista Yidis Medina, quien confesó haber vendido su voto para favorecer la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006, según la investigación.
La Corte dirigía entonces una investigación sobre la denominada "parapolítica" un escándalo por vínculos de políticos con grupos paramilitares.
La Fiscalía, que no pidió prisión preventiva contra estas cuatro personas, sí solicitó que se tomen medidas para que no puedan abandonar Colombia.
Otros destacados colaboradores de Uribe, como María del Pilar Hurtado, exdirectora del ahora liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y Bernardo Moreno, quien fue secretario general de la Presidencia durante parte de su Gobierno, fueron condenados hace dos meses a penas de prisión por el escándalo de las chuzadas.
También tienen procesos en la justicia el excomisionado de Paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo y, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Con información de la agencia de noticias EFE.
