La periodista y columnista de El Espectador Cecilia Orozco Tascón escribió una columna titulada 'Pretelt en la pluma de su alma gemela', en la que se refiere al libro del también periodista Ernesto Yamhure sobre el magistrado Ignacio Pretelt Chaljub.
La columna es una visión de la también directora de Noticias Uno del trabajo de Yamhure. Según Orozco Tacón "Yamhure era un asiduo corresponsal de (Carlos) Castaño con el que se cruzaba correos electrónicos para buscar el aval del paramilitar a sus columnas."
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La periodista hace otras menciones sobre la supuesta relación del comunicador con el paramilitarismo y sobre el libro 'Magistrado en la mira' y su autor escribe: "Pues bien, este señor es quien reaparece, no ya a través de sus habituales calumnias trinadas por la vía digital, sino en su doble condición de defensor y juez absolvedor de Jorge Pretelt. No hace falta comentar el pasquín. Lo interesante de esta historia no es el autodenominado libro, sino cómo se unen las almas en este mundo: siempre buscando a su gemela o, al menos, a la que más se le asimile."
KienyKe.com consultó a Ernesto Yamhure sobre la columna de Cecilia Orozco y señaló: "El proceso en mi caso, es cosa juzgada. Si la señora Orozco Tascón, con quien ha conspirado el ministro Cristo para tumbar a las malas a un magistrado, quiere conocer mi estatus de asilo, bien pueda solicitar la información a las autoridades de los Estados Unidos. No me voy a dejar extorsionar mi chantajear. Si tiene interés, que averigüe, para eso es la directora de un noticiero, tiene una columna en El Espectador y tiene una página en ese periódico todos los domingos para hacer sus publireportajes. Que haga lo que le dé la gana. Algún callo habré pisado para que tenga tanta ira la señora. Seguiré en mis asuntos, pero le repito: no me dejo ni extorsionar ni chantajear de esa ni de ningún otro perseguidor."
Yamhure, radicado en Miami, añadió: Orozco "no ha leído el libro. Es decir: descalifica un texto, lo fustiga por su odio enfermizo al autor y no por el contenido del mismo. Ella misma, en esa basuraa que escribió está delatando su mediocridad y su estilo de hacer periodismo mercenario: matonea a las personas sin leer."
El periodista también anotó que gracias a la polémica el libro se agotó. "Acaba de salir la tercera edición de urgencia para cumplir con los pedidos en las librerías", comentó Yamhure.
Este es el preámbulo del libro:
El ex magistrado Nilson Pinilla, quien estuvo en el memorable paseo en el planchón sufragado por Pacheco, arremetió contra Pretelt acusándolo de ejercer su cargo por intereses personales. La enemistad entre los dos juristas tiene una naturaleza bastante singular. Jorge Pretelt fue el magistrado que impulsó la sentencia que buscaba ponerle tope a las mega pensiones que recibían los altos funcionarios del Estado, decisión que tuvo millones de beneficiarios en el país y un puñado de perjudicados, entre los que se cuenta el doctor Pinilla.
Sin haber sido oído, ni haber revisado las pruebas y sin si quiera tener certeza del desembolso de los dineros de que habla el abogado Víctor Pacheco, Pretelt Chaljub fue condenado en una suerte de juicio popular en el que los periodistas ejercieron de acusadores y el pueblo enardecido de juez. Nadie salió en su defensa. Antes bien, se generó un clima de histeria colectiva que demandaba la renuncia inmediata del magistrado y su posterior enjuiciamiento. Lo paradójico es que la versión de Pacheco fue cambiando paulatinamente. Empezó diciendo que la coima solicitada era de $500 millones y días después bajó la cifra a $400 millones de pesos. Cuando se le inquiría por la manera como supuestamente fue pagada, sus respuestas eran gaseosas y evasivas.
Quien estas líneas escribe hizo parte en principio del grupo de los indignados. Creyó firmemente en las primeras versiones y se sumó a las voces que exigían un castigo riguroso a Pretelt.
El gobierno nacional metió baza en la discusión. El ministro de Justicia, el prestigioso jurista Yesid Reyes Alvarado, quien en los días en que se destapó el escándalo se encontraba en la ciudad de Viena, Austria, atendiendo una reunión del Consejo de la Naciones Unidas sobre el tráfico de estupefacientes, emitió una declaración en la que sostuvo que “los hechos que han venido ocurriendo en los últimos días, las revelaciones que han ido apareciendo en la prensa, han terminado por complicar aún más la imagen que la gente tiene de la Corte Constitucional que es hasta ahora es la institución con el concepto más favorable de la administración de justicia frente a los colombianos. Creo que llegó el momento de que el magistrado Pretelt, aun cuando no tenga ninguna obligación jurídica de hacerlo, se aparte de su condición de magistrado para enfrentar los problemas que tiene sin que salga salpicada la corte”.
Las palabras de ministro Reyes confirman una vez más que la batahola contra Pretelt estaba sustentada en versiones de prensa. Hasta ese momento, ni él ni nadie conocía pruebas judiciales que sustentaran los señalamientos que se le estaban haciendo al magistrado.
La defensa de Pretelt reaccionó apresuradamente frente a las declaraciones del doctor Reyes Alvarado. Era la primera vez que se veía en el país a un miembro del Ejecutivo solicitando la renuncia de un magistrado de la República. La intervención del jefe de la Cartera de Justicia y del Derecho, generó dudas respecto de los intereses del gobierno nacional en este episodio. Pretelt, por su parte, le envió una dura carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en la que le recordó que “al menos han pasado cuatrocientos años desde los tiempos oscuros en que bastaba con que el dicho de cualquiera para someter con saña a un acusado al escarnio público y sin permitirle mediar prueba o palabra para demostrar su inocencia se llevara a la hoguera y se mancillara su nombre sin piedad ni límite. No son tiempos en que a alguien se le puede llamar corrupto sin haberse adelantado primero un juicio justo, y tampoco la Constitución de 1991 se hizo para darle a la figura del alto gobierno la potestad de pedir renuncia a los jueces y Magistrados de la República…”.
En referencia a las salidas en falso del gobierno sugiriendo la dimisión, en una de sus columnas dominicales, la periodista María Isabel Rueda se preguntó “¿ A qué horas dos de sus ministros se sintieron con la atribución de pedirle a un magistrado retirarse de su cargo sin que él haya sido oído ni acusado formalmente? ¿Qué tal que a un magistrado le diera por hacer lo mismo, pero viceversa?”.
El ambiente adverso hacia Pretelt se agudizó. Él mismo reveló que la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá le había informado que su visa para ingresar a ese país le había sido cancelada. Tal vez desde el episodio de Ernesto Samper, el país no había vuelto a tener noticias de que un alto funcionario del Estado fuera objeto de una decisión de ese calibre.
Agobiado por todos los frentes, sobrevino un anuncio de la Fiscalía General de la Nación, respecto de la esposa de Jorge Pretelt, Martha Ligia Patrón López, a quien se le inició una investigación por los supuestos delitos de despojo de tierras y desplazamiento forzado, crímenes que son considerados de lesa humanidad. El organismo de investigación designó un equipo de 7 fiscales y 10 investigadores y analistas de la denominada unidad de contexto. El Fiscal General de la Nación informó que había enviado copias de la investigación a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue a Pretelt por estos mismos hechos. Conocida esta noticia, una vez más el ministro de Justicia Reyes pidió la renuncia del magistrado.
Buscando aliviar el ambiente, Pretelt, a mediados del mes de marzo de 2015, le envió una carta al Senado de la República –su nominador- solicitando licencia de 60 días para efectos de poder defenderse de las acusaciones que se le hacían alejado del cargo. Desde el comienzo, Pretelt ha exaltado su inocencia y ha descartado renunciar, puesto que al hacerlo, según él, estaría dándole la razón a sus detractores. En sesión plenaria, el Senado no aceptó conceder la licencia suplicada. Los senadores Claudia Nayibe López, Iván Cepeda Castro, Horacio Serpa y Armando Benedetti, fueron los encargados de liderar el bloque parlamentario que se opuso a que el magistrado se pudiera apartar temporalmente de su cargo.
La negativa de la mayoría de senadores, incluidos los integrantes de la coalición de gobierno, tenía un trasfondo político: ellos no se conformaban con nada distinto que la cabeza de Jorge Pretelt Chaljub. Autorizar los 60 días de licencia era, según su razonamiento, concederle una inmerecida victoria al magistrado.
Estaba perfectamente acorralado. En palabras suyas “se le vino el mundo encima”. Ahora su familia se veía envuelta en el escándalo. Rompió su silencio en una extensa entrevista concedida a la emisora W Radio donde se defendió airadamente de todas las sindicaciones e hizo delicadas indicaciones contra algunos de sus colegas y el fiscal Montealegre a quien acusó de comprar conciencias en la Corte Constitucional. De manera directa señaló a los Magistrados Palacio, Vargas y Mendoza de tener familiares y amigos trabajando en distintas dependencias de la Fiscalía General de la Nación, una evidencia más del nocivo canje de favores burocráticos en las altas esferas de la rama judicial.
Aquella comparecencia de Pretelt ante la radio resultó dramática. Su voz alterada era el reflejo de un hombre agobiado por las últimas decisiones de la Fiscalía en relación con su familia. A pesar de las circunstancias adversas, el magistrado se mantuvo firme en su decisión de no dimitir y de continuar dando la batalla por defender su honor desde la posición que ocupaba.
Alegando que su caso era una persecución con visos políticos e ideológicos, Pretelt anunció que ejercería su derecho a la defensa en el proceso que comenzaba a hacer tránsito en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Reivindicó su inocencia y se mostró extrañado de que lo quisieran condenar públicamente por haberse reunido con un abogado que llevara un caso ante la corte. Al decir suyo, esa era una práctica común en la que incurrían todos los magistrados y cerró su explicación con una frase que retumbó en todos los rincones de la opinión pública: “Si me voy yo, nos vamos todos”.
El periódico El Espectador reaccionó fuertemente ante las declaraciones de Pretelt en su nota editorial, calificando su intervención radial como “una estrategia ruin”. Para el editorialista del diario capitalino, “la inocencia de Pretelt sigue intacta hasta que se demuestra lo contrario. Pero muchas son las razones, y esta salida pública es una más, por las que el todavía magistrado debería retirarse”. Al parecer no cayeron bien las palabras del magistrado en la élite bogotana que tantas veces le ha dado la espalda a los graves problemas que aquejan a la justicia y que siempre ha creído que con una renuncia o una modificación normativa basta para solucionar las crisis.
La Constitución de 1991 estableció una serie de fueros especiales para la investigación y juzgamiento de algunos altos funcionarios del Estado. El Presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación deben ser investigados y sometidos a un antejuicio político en el Congreso de la República, ente que de hallarlos culpables los puede declarar indignos del cargo obligándolos a renunciar para luego acusarlos formalmente ante la Corte Suprema de Justicia donde serán sometidos al proceso penal correspondiente.
La comisión de acusaciones es una célula carente de músculo investigativo e integrada por congresistas de diferentes partidos políticos. La confianza en la comisión es muy reducida, pues la ley no obliga a que sus integrantes sean profesionales del derecho. Los procesos que allí reposan no tienen ningún resultado. Cuando el expediente de Jorge Pretelt llegó a estudio de esa corporación la presión mediática para que, al decir popular no durmiera el sueño de los justos, fue palpable. El editorial del diario vallecaucano El País, no le auguró celeridad a la investigación al señalar que la “comisión de acusaciones, conocida por su incompetencia y por la larga lista de procesos contra funcionarios aforados que nunca han tenido y ha sido inútil para permitir que se haga justicia”.
Julián Bedoya Pulgarín es un parlamentario del partido liberal. Pasó de la Asamblea de Antioquia a la Cámara de Representantes bajo la tutela de su padrino político el cuestionado dirigente César Pérez García, condenado a 40 años de cárcel por haber sido el determinador de una masacre en la que murieron 43 habitantes del municipio de Segovia en Antioquia.
Bedoya es una político hábil que en poco tiempo logró abrirse un espacio en el sector en el que milita. Su llegada al Congreso y su designación como integrante de la comisión de acusaciones había pasado desapercibida por la opinión pública hasta que su nombre tomó relevancia nacional por ser el encargado de llevar a cabo la fase de indagación en el expediente de Jorge Pretelt. En ese momento reaparecieron los fantasmas de su pasado.
En diferentes hojas de vida públicas, Bedoya asegura ser abogado de la universidad de Medellín. Al preguntársele a ese claustro académico por la formación de su egresado, grande fue la sorpresa por la respuesta proveída: Bedoya cursó algunos semestres de derecho, pero no había culminado sus estudios razón por la que no tiene título y por supuesto no tiene tarjeta profesional que lo acredite como abogado.
Congreso Visible es uno de los observatorios políticos de mayor confiabilidad que hay en Colombia. Se trata de una iniciativa académica liderada por la facultad de Ciencia Política de la prestigiosa Universidad de Los Andes que tiene como objeto hacer un seguimiento desde 1998 de la labor de los congresistas. En el perfil de Julián Bedoya publicado en el portal de ese observatorio se lee que él es “un joven político liberal antioqueño, nacido en Medellín. Estudió en el colegio José María Córdoba (sic) y derecho en la Universidad de Medellín”.
Las dudas sobre la solvencia de Bedoya se acrecentaron cuando se supo que a comienzos de siglo fue depuesto de la escuela General Santander al haber estado involucrado en el robo de una pistola calibre 9mm. El centro de formación policial se abstuvo de graduarlo como sub teniente, expulsándolo faltando pocos días para la terminación de sus estudios de oficial al descubrirse que el entonces cadete había escondido el arma en el interior de la cisterna de un baño con el fin de poderla sustraer para posteriormente venderla en el mercado negro.
La suerte de Jorge Ignacio Pretelt Chaljub estaba en manos de una persona que ha mentido sobre su formación profesional y que había estado envuelta en un vergonzoso caso de robo de armas. La poca confianza en la rigurosidad de la investigación se acrecentó por cuenta de la presencia del abogado Juan Pablo Duque en el proceso.
Duque había sido funcionario de la Fiscalía General de la Nación con la responsabilidad de servir de enlace entre el despacho del fiscal Montealegre y el Congreso de la República. Es, al decir en el argot de la política nacional, una cuota de Montealegre.
Al instalarse el nuevo Congreso en julio de 2014, las mesas directivas de las diferentes comisiones sufrieron cambios en su composición. Al partido liberal –integrante de la coalición de Gobierno- le correspondió la secretaría de la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones. De acuerdo con las versiones de algunos parlamentarios que integran esa célula, el Fiscal Montealegre ejerció presión política para que ese cargo fuera ocupado por su leal subalterno Juan Pablo Duque.
El lobby de Montealegre surtió efecto y con los votos de los congresistas afectos al Gobierno resultó electo el doctor Duque quien ejerció como funcionario de la fiscalía hasta el 29 de julio y al día siguiente tomó posesión de su nueva responsabilidad profesional en la Cámara de Representantes.
El interés de Montealegre en el caso de Pretelt resulta evidente. A través de declaraciones y de decisiones en materia de investigación, el fiscal es un protagonista de primera línea en el proceso. –paradójicamente, cuando ejercía el derecho en su oficina particular él emitió un concepto por el que Fidupetrol le pagó $80 millones de pesos-.
Abelardo De La Espriella, apoderado del magistrado Pretelt recusó de manera inmediata a Juan Pablo Duque. La defensa consideraba que la indiscutible cercanía entre el secretario de la comisión y el Fiscal General minaba las garantías procesales del investigado. La recusación, que fue discutida por quienes habían elegido a Duque, no prosperó y así las cosas, Montealegre lograba mantener en el cargo a alguien que no dudaría un instante en informarle los pormenores que fueran de su interés respecto del caso Pretelt.
UN CAPÍTULO DEL LIBRO
Finalizando el mes febrero de 2015 Colombia se estremeció con un titular del periódico El Espectador: “Denuncian al magistrado Jorge Pretelt por, supuestamente, pedir $500 millones para fallar una tutela”. La nota periodística narraba cómo desde el mismo instante en que Pretelt resultó elegido presidente de la Corte Constitucional -4 de febrero de aquel año-, uno de los togados, el magistrado Luis Ernesto Vargas le dio a conocer a su colega Mauricio González Cuervo una grabación que tenía en su poder y en la que se oía la voz del abogado Víctor Pacheco narrando cómo supuestamente Pretelt le había solicitado una gruesa suma de dinero para lograr que el pleno de la Corte Constitucional votara a favor una acción de tutela que pretendía reversar un fallo de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba a la Fiduciaria Petrolera S.A –Fidupetrol- pagarle al departamento de Casanare la suma de $22.500 millones de pesos, más intereses. La ponencia de la tutela para ser llevada a la sala quedó en el magistrado Mauricio González. En la grabación se oye a Pacheco diciendo que el día 18 de octubre de 2013 se reunió con Pretelt en su apartamento. Al decir del abogado, el magistrado le expresó que “tú sabes que el único que habla con González soy yo y a él definitivamente no le gusta la plata, pero que se la dé a Marcela Monroy (***) y a su hijo de 17 años”. Terminada esa frase, se oye la voz de Vargas preguntando de qué dinero se estaba hablando, a lo que Pacheco respondió: “de $500 millones de pesos”. (*** Marcela Monroy, abogada, egresada de la Universidad del Rosario. Estuvo casada con Mauricio González Cuervo, con quien tuvo un hijo.) Fidupetrol fue una de las entidades que hizo parte del mal manejo administrativo de las regalías que por concepto de la explotación de petróleo recibe el departamento de Casanare. Durante la administración de Witman Herney Porras como gobernador de ese departamento, se hicieron giros por más de $63.000 millones de pesos a patrimonios autónomos y a entidades particulares. De esa feria de giros irregulares, en la que Camilo Benedetti -hermano del senador Armando Benedetti Villaneda- jugó un papel protagónico, Fidupetrol recibió la suma de $22.500 millones de pesos. En una sentencia ejemplarizante, la Corte Suprema de Justicia condenó al ex gobernador Porras a más de 18 años de cárcel por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales. Así mismo, en ese mismo fallo se condenó a Fidupetrol, obligándola a reintegrar la totalidad de ese dinero más los correspondientes intereses al departamento afectado. La fiduciaria intentó tumbar la sentencia adversa recurriendo a la acción de tutela, una práctica muy común cuando las grandes empresas ven afectados sus patrimonios como consecuencia de decisiones judiciales. Luego de tres intentos en los que la pretensión fue negada por diferentes jueces, la tutela llegó a la Corte Constitucional. Los magistrados Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio, fueron quienes decidieron seleccionarla para ser llevada a la sala plena del máximo tribunal constitucional de Colombia. Se ha sabido que el representante de Fidupetrol para ese caso, el abogado Víctor Pacheco, pactó unos honorarios de $100 millones de pesos más una comisión de éxito del 2%. En tratándose de un negocio de $22.500 millones de pesos, Pacheco recibiría $450 millones más si lograba que la mayoría de los 9 magistrados de la Corte Constitucional acogieran sus argumentos. Ahí empiezan a entenderse las maniobras de Pacheco para lograr, al precio que fuera, que la tutela en cuestión fuera admitida y aprobada por el máximo tribunal constitucional de Colombia. Pacheco es un abogado que ejerce su profesión ante los despachos judiciales, pero también en los restaurantes y en los salones de fiesta. Buen anfitrión, es muy dado a lisonjear a quienes llevan los procesos en los que tiene intereses. En 2012, con ocasión de un viaje de la Corte Constitucional a la ciudad de Barranquilla, organizó un paseo en planchón por el río Magdalena para agasajar a los magistrados Nilson Pinilla, Mauricio González, Jorge Iván Palacio Palacio, Luis Guillermo Guerrero, Luis Ernesto Vargas, Gabriel Mendoza, Juan Carlos Henao –hoy rector de la Universidad Externado de Colombia- y Humberto Sierra Porto –hoy juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-. Entre los convidados, a quienes se les atendió con toda suerte de viandas, música y bebidas espirituosas, no estaba Jorge Ignacio Pretelt. No resulta muy decoroso que los magistrados del más alto tribunal de un país se encaramen a un planchón pagado por un abogado que litiga ante ellos y mucho menos cuando la invitación incluye cantidades importantes de licor. En octubre de 2014 llegó la tutela de Fidupetrol al pleno de la Corte Constitucional. Los magistrados estudiaron la ponencia negativa presentada por Mauricio González y todos, sin excepción, estuvieron de acuerdo con que las pretensiones de Fidupetrol no debían ser tuteladas. Así, sin mayor discusión, negaron la tutela, dejando en firme la sentencia de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba a la fiduciaria devolverle al departamento de Casanare los $22.500 millones que había recibido de manera irregular por parte del ex gobernador Witman Porras. Era, al decir popular, un caso cerrado hasta que los medios de comunicación conocieron la grabación de la charla sostenida entre Víctor Pacheco y el magistrado Luis Ernesto Vargas. El escándalo se regó como pólvora e invadió todos los medios de comunicación y las redes sociales. La historia es en extremo atractiva para los periodistas y generó un clima de indignación en todas las esferas nacionales. Fue presentada como una “prueba” más del estado de descomposición de la justicia en Colombia cuya credibilidad y confianza venía en caída libre desde el hundimiento de la reforma que en 2012 objetó el gobierno nacional cuando se descubrió que en el articulado se habían colgado unos muy convenientes micos que favorecían altamente a los intereses particulares de los magistrados de las altas cortes. Titulares en los noticieros, extensas entrevistas radiales, editoriales de prensa, analistas y expertos coincidían en que el magistrado Jorge Pretelt, elegido el 4 de febrero de 2015 como presidente de la Corte Constitucional debía renunciar no solo a esa dignidad sino que también estaba “obligado moralmente” a dimitir de la corte. Para quienes habían emitido “sentencia condenatoria” con base en las informaciones de prensa, era inaudito que él continuara ejerciendo el cargo para el que fue electo hasta el año 2017. Hasta ese momento, el nombre de Pretelt no aparecía por ningún lado: no hizo parte de los magistrados que seleccionaron la tutela y cuando le llegó el turno de votarla se unió a sus demás colegas que, por unanimidad, rechazaron las razones que Fidupetrol pretendía le fueran tuteladas. La revista Semana en un mes le dedicó dos carátulas al asunto. En la primera de ellas, “La justicia tocó fondo”, sentenció que el escándalo dejó “herida de muerte la revisión de tutelas por parte de la corte”. 15 días después, bajo el titular “¡Vergüenza!” Semana fue más allá y sugirió la renuncia colectiva de todos los magistrados de la Corte Constitucional. Para la revista, “…lo cierto es que la cúspide de la justica ha quedado envuelta en un halo de duda. Si le sumamos a este escándalo la creciente falta de confianza en la rama del poder y en especial en las cortes el panorama institucional del país es preocupante”.
El ex magistrado Nilson Pinilla, quien estuvo en el memorable paseo en el planchón sufragado por Pacheco, arremetió contra Pretelt acusándolo de ejercer su cargo por intereses personales. La enemistad entre los dos juristas tiene una naturaleza bastante singular. Jorge Pretelt fue el magistrado que impulsó la sentencia que buscaba ponerle tope a las mega pensiones que recibían los altos funcionarios del Estado, decisión que tuvo millones de beneficiarios en el país y un puñado de perjudicados, entre los que se cuenta el doctor Pinilla.
Sin haber sido oído, ni haber revisado las pruebas y sin si quiera tener certeza del desembolso de los dineros de que habla el abogado Víctor Pacheco, Pretelt Chaljub fue condenado en una suerte de juicio popular en el que los periodistas ejercieron de acusadores y el pueblo enardecido de juez. Nadie salió en su defensa. Antes bien, se generó un clima de histeria colectiva que demandaba la renuncia inmediata del magistrado y su posterior enjuiciamiento. Lo paradójico es que la versión de Pacheco fue cambiando paulatinamente. Empezó diciendo que la coima solicitada era de $500 millones y días después bajó la cifra a $400 millones de pesos. Cuando se le inquiría por la manera como supuestamente fue pagada, sus respuestas eran gaseosas y evasivas.
Quien estas líneas escribe hizo parte en principio del grupo de los indignados. Creyó firmemente en las primeras versiones y se sumó a las voces que exigían un castigo riguroso a Pretelt.
El gobierno nacional metió baza en la discusión. El ministro de Justicia, el prestigioso jurista Yesid Reyes Alvarado, quien en los días en que se destapó el escándalo se encontraba en la ciudad de Viena, Austria, atendiendo una reunión del Consejo de la Naciones Unidas sobre el tráfico de estupefacientes, emitió una declaración en la que sostuvo que “los hechos que han venido ocurriendo en los últimos días, las revelaciones que han ido apareciendo en la prensa, han terminado por complicar aún más la imagen que la gente tiene de la Corte Constitucional que es hasta ahora es la institución con el concepto más favorable de la administración de justicia frente a los colombianos. Creo que llegó el momento de que el magistrado Pretelt, aun cuando no tenga ninguna obligación jurídica de hacerlo, se aparte de su condición de magistrado para enfrentar los problemas que tiene sin que salga salpicada la corte”.
Las palabras de ministro Reyes confirman una vez más que la batahola contra Pretelt estaba sustentada en versiones de prensa. Hasta ese momento, ni él ni nadie conocía pruebas judiciales que sustentaran los señalamientos que se le estaban haciendo al magistrado.
La defensa de Pretelt reaccionó apresuradamente frente a las declaraciones del doctor Reyes Alvarado. Era la primera vez que se veía en el país a un miembro del Ejecutivo solicitando la renuncia de un magistrado de la República. La intervención del jefe de la Cartera de Justicia y del Derecho, generó dudas respecto de los intereses del gobierno nacional en este episodio. Pretelt, por su parte, le envió una dura carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en la que le recordó que “al menos han pasado cuatrocientos años desde los tiempos oscuros en que bastaba con que el dicho de cualquiera para someter con saña a un acusado al escarnio público y sin permitirle mediar prueba o palabra para demostrar su inocencia se llevara a la hoguera y se mancillara su nombre sin piedad ni límite. No son tiempos en que a alguien se le puede llamar corrupto sin haberse adelantado primero un juicio justo, y tampoco la Constitución de 1991 se hizo para darle a la figura del alto gobierno la potestad de pedir renuncia a los jueces y Magistrados de la República…”.
En referencia a las salidas en falso del gobierno sugiriendo la dimisión, en una de sus columnas dominicales, la periodista María Isabel Rueda se preguntó “¿ A qué horas dos de sus ministros se sintieron con la atribución de pedirle a un magistrado retirarse de su cargo sin que él haya sido oído ni acusado formalmente? ¿Qué tal que a un magistrado le diera por hacer lo mismo, pero viceversa?”.
El ambiente adverso hacia Pretelt se agudizó. Él mismo reveló que la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá le había informado que su visa para ingresar a ese país le había sido cancelada. Tal vez desde el episodio de Ernesto Samper, el país no había vuelto a tener noticias de que un alto funcionario del Estado fuera objeto de una decisión de ese calibre.
Agobiado por todos los frentes, sobrevino un anuncio de la Fiscalía General de la Nación, respecto de la esposa de Jorge Pretelt, Martha Ligia Patrón López, a quien se le inició una investigación por los supuestos delitos de despojo de tierras y desplazamiento forzado, crímenes que son considerados de lesa humanidad. El organismo de investigación designó un equipo de 7 fiscales y 10 investigadores y analistas de la denominada unidad de contexto. El Fiscal General de la Nación informó que había enviado copias de la investigación a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue a Pretelt por estos mismos hechos. Conocida esta noticia, una vez más el ministro de Justicia Reyes pidió la renuncia del magistrado.
Buscando aliviar el ambiente, Pretelt, a mediados del mes de marzo de 2015, le envió una carta al Senado de la República –su nominador- solicitando licencia de 60 días para efectos de poder defenderse de las acusaciones que se le hacían alejado del cargo. Desde el comienzo, Pretelt ha exaltado su inocencia y ha descartado renunciar, puesto que al hacerlo, según él, estaría dándole la razón a sus detractores. En sesión plenaria, el Senado no aceptó conceder la licencia suplicada. Los senadores Claudia Nayibe López, Iván Cepeda Castro, Horacio Serpa y Armando Benedetti, fueron los encargados de liderar el bloque parlamentario que se opuso a que el magistrado se pudiera apartar temporalmente de su cargo.
La negativa de la mayoría de senadores, incluidos los integrantes de la coalición de gobierno, tenía un trasfondo político: ellos no se conformaban con nada distinto que la cabeza de Jorge Pretelt Chaljub. Autorizar los 60 días de licencia era, según su razonamiento, concederle una inmerecida victoria al magistrado.
Estaba perfectamente acorralado. En palabras suyas “se le vino el mundo encima”. Ahora su familia se veía envuelta en el escándalo. Rompió su silencio en una extensa entrevista concedida a la emisora W Radio donde se defendió airadamente de todas las sindicaciones e hizo delicadas indicaciones contra algunos de sus colegas y el fiscal Montealegre a quien acusó de comprar conciencias en la Corte Constitucional. De manera directa señaló a los Magistrados Palacio, Vargas y Mendoza de tener familiares y amigos trabajando en distintas dependencias de la Fiscalía General de la Nación, una evidencia más del nocivo canje de favores burocráticos en las altas esferas de la rama judicial.
Aquella comparecencia de Pretelt ante la radio resultó dramática. Su voz alterada era el reflejo de un hombre agobiado por las últimas decisiones de la Fiscalía en relación con su familia. A pesar de las circunstancias adversas, el magistrado se mantuvo firme en su decisión de no dimitir y de continuar dando la batalla por defender su honor desde la posición que ocupaba.
Alegando que su caso era una persecución con visos políticos e ideológicos, Pretelt anunció que ejercería su derecho a la defensa en el proceso que comenzaba a hacer tránsito en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Reivindicó su inocencia y se mostró extrañado de que lo quisieran condenar públicamente por haberse reunido con un abogado que llevara un caso ante la corte. Al decir suyo, esa era una práctica común en la que incurrían todos los magistrados y cerró su explicación con una frase que retumbó en todos los rincones de la opinión pública: “Si me voy yo, nos vamos todos”.
El periódico El Espectador reaccionó fuertemente ante las declaraciones de Pretelt en su nota editorial, calificando su intervención radial como “una estrategia ruin”. Para el editorialista del diario capitalino, “la inocencia de Pretelt sigue intacta hasta que se demuestra lo contrario. Pero muchas son las razones, y esta salida pública es una más, por las que el todavía magistrado debería retirarse”. Al parecer no cayeron bien las palabras del magistrado en la élite bogotana que tantas veces le ha dado la espalda a los graves problemas que aquejan a la justicia y que siempre ha creído que con una renuncia o una modificación normativa basta para solucionar las crisis.
La Constitución de 1991 estableció una serie de fueros especiales para la investigación y juzgamiento de algunos altos funcionarios del Estado. El Presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación deben ser investigados y sometidos a un antejuicio político en el Congreso de la República, ente que de hallarlos culpables los puede declarar indignos del cargo obligándolos a renunciar para luego acusarlos formalmente ante la Corte Suprema de Justicia donde serán sometidos al proceso penal correspondiente.
La comisión de acusaciones es una célula carente de músculo investigativo e integrada por congresistas de diferentes partidos políticos. La confianza en la comisión es muy reducida, pues la ley no obliga a que sus integrantes sean profesionales del derecho. Los procesos que allí reposan no tienen ningún resultado. Cuando el expediente de Jorge Pretelt llegó a estudio de esa corporación la presión mediática para que, al decir popular no durmiera el sueño de los justos, fue palpable. El editorial del diario vallecaucano El País, no le auguró celeridad a la investigación al señalar que la “comisión de acusaciones, conocida por su incompetencia y por la larga lista de procesos contra funcionarios aforados que nunca han tenido y ha sido inútil para permitir que se haga justicia”.
Julián Bedoya Pulgarín es un parlamentario del partido liberal. Pasó de la Asamblea de Antioquia a la Cámara de Representantes bajo la tutela de su padrino político el cuestionado dirigente César Pérez García, condenado a 40 años de cárcel por haber sido el determinador de una masacre en la que murieron 43 habitantes del municipio de Segovia en Antioquia.
Bedoya es una político hábil que en poco tiempo logró abrirse un espacio en el sector en el que milita. Su llegada al Congreso y su designación como integrante de la comisión de acusaciones había pasado desapercibida por la opinión pública hasta que su nombre tomó relevancia nacional por ser el encargado de llevar a cabo la fase de indagación en el expediente de Jorge Pretelt. En ese momento reaparecieron los fantasmas de su pasado.
En diferentes hojas de vida públicas, Bedoya asegura ser abogado de la universidad de Medellín. Al preguntársele a ese claustro académico por la formación de su egresado, grande fue la sorpresa por la respuesta proveída: Bedoya cursó algunos semestres de derecho, pero no había culminado sus estudios razón por la que no tiene título y por supuesto no tiene tarjeta profesional que lo acredite como abogado.
Congreso Visible es uno de los observatorios políticos de mayor confiabilidad que hay en Colombia. Se trata de una iniciativa académica liderada por la facultad de Ciencia Política de la prestigiosa Universidad de Los Andes que tiene como objeto hacer un seguimiento desde 1998 de la labor de los congresistas. En el perfil de Julián Bedoya publicado en el portal de ese observatorio se lee que él es “un joven político liberal antioqueño, nacido en Medellín. Estudió en el colegio José María Córdoba (sic) y derecho en la Universidad de Medellín”.
Las dudas sobre la solvencia de Bedoya se acrecentaron cuando se supo que a comienzos de siglo fue depuesto de la escuela General Santander al haber estado involucrado en el robo de una pistola calibre 9mm. El centro de formación policial se abstuvo de graduarlo como sub teniente, expulsándolo faltando pocos días para la terminación de sus estudios de oficial al descubrirse que el entonces cadete había escondido el arma en el interior de la cisterna de un baño con el fin de poderla sustraer para posteriormente venderla en el mercado negro.
La suerte de Jorge Ignacio Pretelt Chaljub estaba en manos de una persona que ha mentido sobre su formación profesional y que había estado envuelta en un vergonzoso caso de robo de armas. La poca confianza en la rigurosidad de la investigación se acrecentó por cuenta de la presencia del abogado Juan Pablo Duque en el proceso.
Duque había sido funcionario de la Fiscalía General de la Nación con la responsabilidad de servir de enlace entre el despacho del fiscal Montealegre y el Congreso de la República. Es, al decir en el argot de la política nacional, una cuota de Montealegre.
Al instalarse el nuevo Congreso en julio de 2014, las mesas directivas de las diferentes comisiones sufrieron cambios en su composición. Al partido liberal –integrante de la coalición de Gobierno- le correspondió la secretaría de la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones. De acuerdo con las versiones de algunos parlamentarios que integran esa célula, el Fiscal Montealegre ejerció presión política para que ese cargo fuera ocupado por su leal subalterno Juan Pablo Duque.
El lobby de Montealegre surtió efecto y con los votos de los congresistas afectos al Gobierno resultó electo el doctor Duque quien ejerció como funcionario de la fiscalía hasta el 29 de julio y al día siguiente tomó posesión de su nueva responsabilidad profesional en la Cámara de Representantes.
El interés de Montealegre en el caso de Pretelt resulta evidente. A través de declaraciones y de decisiones en materia de investigación, el fiscal es un protagonista de primera línea en el proceso. –paradójicamente, cuando ejercía el derecho en su oficina particular él emitió un concepto por el que Fidupetrol le pagó $80 millones de pesos-.
Abelardo De La Espriella, apoderado del magistrado Pretelt recusó de manera inmediata a Juan Pablo Duque. La defensa consideraba que la indiscutible cercanía entre el secretario de la comisión y el Fiscal General minaba las garantías procesales del investigado. La recusación, que fue discutida por quienes habían elegido a Duque, no prosperó y así las cosas, Montealegre lograba mantener en el cargo a alguien que no dudaría un instante en informarle los pormenores que fueran de su interés respecto del caso Pretelt.
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Pasadas las 8 de la mañana del 9 de abril de 2015, Pretelt y su abogado ingresaron al recinto de la comisión de acusaciones de la Cámara (***) para atender una indagatoria. Llegaba a la diligencia sin saber a ciencia cierta cuáles eran las pruebas que lo vinculaban. Estaba el contradictorio y poco preciso testimonio de Víctor Pacheco, carente de detalles puntuales e incontrovertibles sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se solicitó y se desembolsó el soborno en cuestión. En el voluminoso expediente, cargado principalmente de resúmenes de prensa, no reposaba una sola prueba adicional.
(***) Los Representantes integrantes de la comisión de acusaciones son: Alejandro Chacón, Angélica Lozano, Berner Zambrano, Candelaria Rojas, Carlos Cuenca, Carlos Osorio, Édgar Gómez, Edward Rodríguez, Federico Hoyos, Germán Blanco, Hernando Padaui, Humphrey Roa, John Molina, Albeiro Echeverry, Nicolás Guerrero y Julián Bedoya.
Los magistrados Mauricio González, Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio, Alberto Rojas, María Victoria Calle y Gabriel Mendoza previamente se habían presentado ante esa célula del Legislativo para dar su versión de los hechos. Hasta el momento, el expediente se mantenía en total hermetismo. La opinión pública, que ignoraba los detalles del caso y fundamentada en el decir de Víctor Pacheco, seguía reclamando la cabeza de Pretelt sin saber con certeza qué era lo que realmente había sucedido. Enjuiciado en los micrófonos y las salas de redacción, desde todas las orillas le exigían que renunciara a su cargo “por el bien de la justicia”. El editorial de El Tiempo planteó el asunto diciendo que “por la majestad de la justicia que representa, por la historia de la corte, que por su situación enfrenta hoy la peor crisis desde su creación, y también por simple decoro, Jorge Pretelt debe entender que su permanencia como magistrado es insostenible y que no tiene la confianza de sus colegas ni la del país. Por eso debe renunciar”. La animadversión hacia Pretelt al interior de la corte era ostensible. Algunos de sus colegas, liderados por María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas se encargaron de nutrir la hoguera filtrando información a los medios sobre episodios internos de la corte. A Pretelt , condenado por los medios de comunicación y por un sector influyente de la opinión pública, lo querían afuera. Su caso parecía insalvable y estaba viviendo en carne propia lo que en su momento sentenció Albert Einstein: es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Surtidas las diligencias en la comisión de acusaciones, el presidente Julián Bedoya propuso ante sus 15 colegas un proyecto de auto de acusación. 9 de ellos lo respaldaron, con lo que por primera vez en la historia republicana de Colombia el caso de un magistrado pasaba a la plenaria de la Cámara de Representantes. Por tratarse un de un hecho de trascendencia, la defensa solicitó que se le entregara copia íntegra del expediente a cada uno de los 166 Representantes a la Cámara que en este caso asumían la función de jueces políticos. Lo mínimo que se demandaba era que quienes fueran a resolver el futuro del magistrado Pretelt tuvieran en sus manos la integridad de los documentos con base en los cuales se sustentaba el auto de acusación propuesto por el representante Bedoya. La respuesta por parte de las directivas de la Cámara resultó un tanto exótica. Se negó la pretensión, alegando que no había presupuesto ni tiempo suficiente para sacar 166 fotocopias de la integridad del expediente. Se resolvió entonces permitir que los congresistas interesados fueran a la secretaría general, lugar en el que podrían estudiar los folios. ¿Los 166 congresistas hicieron la tarea de acudir al lugar señalado para analizar a profundidad el expediente? ¿Cuántos de ellos procedieron a votar la resolución de acusación ignorando los alegatos de la defensa de Pretelt en la comisión de acusaciones y guiados únicamente por publicaciones de prensa? Son interrogantes legítimos en un país en el que sus legisladores han votado reformas constitucionales sin haberlas siquiera leído. Basta con recordar el episodio de Simón Gaviria quien siendo presidente de la Cámara de Representantes votó en 2012 la reforma a la justicia sin leer el contenido de la misma. Durante la noche del 15 de diciembre de 2015, faltando pocas horas para que culminaran las sesiones ordinarias del Congreso de la República y como consecuencia de una feroz presión ejercida por el Fiscal General de la Nación quien amenazó a los Representantes a la Cámara con denunciarlos penal y administrativamente, la corporación procedió a debatir el escrito de acusación del investigador Julián Bedoya. Fue una sesión clandestina en la que Abelardo De La Espriella, abogado defensor, no tuvo oportunidad de intervenir. El país tampoco pudo conocer exactamente el contenido del auto de acusación elaborado por Bedoya y su secretario, el ex asesor de Montealegre, Juan Pablo Duque, pues las mayorías oficialistas se opusieron a que la sesión fuera transmitida por la televisión, tal y como lo demandaba la opinión pública nacional que seguía minuto a minuto los episodios de este proceso. Lo que goza de transparencia no tiene por qué ser ocultado, ni mucho menos tramitado a las escondidas y a una velocidad sospechosamente inusitada. Se contaban por decenas los congresistas que expresaban en privado sus dudas sobre las pruebas y no pudieron hacer uso de la palabra en aquella atropellada sesión. Hubo un fuerte debate entre los que, presionados por la Fiscalía y el Gobierno, urgían por evacuar el espinoso asunto y quienes demandaban más tiempo para estudiar el expediente. De nada sirvieron las solicitudes para el uso de la palabra pues la mesa directiva de la Cámara, presidida por el guajiro Alfredo Deluque, ya había tomado la decisión de abrir la votación sin permitir intervenciones de los congresistas que estaban en contra de la resolución de Bedoya. El resultado: 96 votos a favor de enviar el caso al Senado de la República frente a 45 que lo hicieron en contra. El Representante de la izquierda, Germán Navas Talero, acostumbrado a amedrentar a sus colegas con el código penal, no ocultó su júbilo. De alguna manera se había convertido en el agente del fiscal Montealegre en la plenaria. Echando mano de argumentos jurídicos cargados de vocablos incomprensibles había logrado su cometido: muchos parlamentarios procedieron a votar contra Pretelt para evitar la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia con la que Navas los tuvo amenazados. Apenas se conoció el resultado de la votación en la Cámara de Representantes, las voces críticas a Pretelt reanudaron la exigencia de que debía renunciar. El magistrado Jorge Iván Palacio se apresuró a solicitarle a la presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, “que de manera urgente se convoque a la sala plena para que evalúe la situación y adopte las decisiones que son de su competencia. La sala plena debe exigir la renuncia inmediata del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, para que pueda ejercer su derecho de defensa en el Congreso sin que se continúe afectando la legitimidad de esta corporación”. El pleno de la Corte rechazó la solicitud de Palacio al reconocer que no tenía competencia para exigir la dimisión de alguno de sus integrantes. Un par de días después, el Presidente Juan Manuel Santos en una entrevista con la emisora W Radio, aseguró que el magistrado debía renunciar. En palabras suyas, “como jefe de Estado y yo soy el responsable del Estado, sin meterme en los asuntos internos de la justicia me parece que, por la propia dignidad de la justicia, de la Corte Constitucional, por el funcionamiento de nuestra democracia, un magistrado que llega a esa situación debería retirarse”. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, sumó su voz respaldando el pedido del presidente Santos. Quedaba claro el interés del gobierno en la salida del magistrado de la Corte, interés que Pretelt le asignaba al temor del Ejecutivo respecto de la posición que él pudiera adoptar como juez constitucional en el estudio de las normas que aprobará el Congreso para darle sustento jurídico a los acuerdos de paz que se suscriban con la guerrilla de las Farc en la ciudad de La Habana. La respuesta a los pedidos de renuncia no se hizo esperar. Pretelt, en una enérgica carta le replicó a Santos recordándole que su deber como Presidente empieza por respetar la división constitucional de poderes. Insistiendo en su inocencia, escribió: “Por el ejemplo que debo darle a mi familia, a los amigos y a los miles de colombianos que creen en mí, seguiré ejerciendo el cargo de Magistrado porque una persona inocente no tiene por qué ceder ante las presiones de quienes quieren destruirla. Por eso le digo de manera clara y contundente a Usted señor Presidente de la República: no voy a renunciar”.***********
En la antigüedad, el pueblo judío durante la fiestas de las expiaciones escogía a dos chivos. Uno era sacrificado y el otro era entregado al rabino para que, a través de la imposición de manos sobre la testa del animal, descargara todos los pecados del pueblo. Aquel, llamado chivo expiatorio era enviado al desierto para que, repudiado, con las faltas de todos a cuestas y abandonado a su suerte, muriera de sed en la más ignominiosa soledad. Colombia es un país en el que todo es importante, pero nada es trascendental. Vivimos saltando de escándalo en escándalo. Caímos en la trampa de solucionar todas las dificultades a través de “rigurosas investigaciones” y de emitir condenas apresuradas al calor que produce la legítima indignación cuando nos enteramos a través de los medios de un hecho de corrupción, sin ir al fondo del asunto y curar la fuente de donde emana la podredumbre. La justicia es el bien más preciado de toda sociedad. Es el mecanismo mejor probado de resolución pacifica de conflictos y la verdadera garante de una paz estable y duradera. Una sociedad con una justicia politizada o corrompida, indefectiblemente vivirá imbuida en constante conflicto por la elemental carencia del juez imparcial que le dé a cada quién lo que le corresponde. El caso de Jorge Pretelt despertó un viejo sentimiento de insatisfacción que habita en el alma de los colombianos. La corrupción es el mal que carcome las estructuras de nuestra República. Pero, ¿alguien conoce alguna prueba que incrimine al magistrado en cuestión, más allá del testimonio del abogado Víctor Pacheco el cual ha tenido variaciones con el paso del tiempo? Si Pretelt pidió y recibió el dinero del que se habla, ¿Por qué los accionistas de Fidupetrol quienes debieron ser los pagadores no lo han confirmado? $500 millones de pesos son una suma de dinero que dejan trazo. Sería muy fácil saber en qué banco estaban, el día en que fue retirado ese dinero y la manera como fue puesto nuevamente en el sistema bancario luego de ser pagado. Con un mínimo de rigurosidad investigativa se habría descubierto desde el primer instante el destino de los $500 o $400 millones de que habla Víctor Pacheco, ahora convertido, por arte de birlibirloque, en testigo estrella de la Fiscalía General de la Nación. Fidupetrol es un episodio que bien vale la pena utilizar para destapar de una vez y por todas la cantidad de irregularidades que se viven día a día en la administración de justicia de nuestro país. Se cuentan por decenas los abogados que llevan negocios en las altas cortes que, sin sonrojarse, piden audiencias con los magistrados encargados de llevar sus casos. Lo insólito es que ellos los reciben. Y lo hacen porque la ley no se los prohíbe. ¿Ha sido Jorge Ignacio Pretelt Chaljub el único magistrado que ha recibido en su despacho o se ha reunido con abogados que llevan procesos en la Corte Constitucional? La respuesta es no y en este libro se citarán los casos puntuales que confirman esta aseveración. Nos adentraremos entonces en las zonas más recónditas de la justicia colombiana. Vamos a hacer una suerte de disección para mostrar cómo unas instituciones respetables en el papel se han convertido en bazares por cuenta de las indelicadezas de quienes las integran. A Pretelt lo podrán usar como chivo expiatorio, descargar toda la rabia represada por cuenta de la infinita intolerancia que hemos desarrollado frente a la corrupción. Pero destituyéndolo de su cargo y quizás encarcelándolo y condenándolo –así no haya pruebas- el problema seguirá porque el daño de la justicia colombiana es estructural. No se arregla con una investigación, ni con unas condenas. Tampoco con una ley. La reforma es de fondo y tiene que emanar del constituyente primario. Los hechos que en este libro se narrarán son un sencillo aporte a la radiografía del estado de la justicia de Colombia. No se trata de emitir denuncias infundadas, ni de generar nuevos espectáculos mediáticos. Se pretende poner en conocimiento de la opinión pública situaciones que para ella son desconocidas y que lamentablemente son el pan de cada día. La nuestra es una justicia desdibujada, alejada de sus funciones y convertida en un ente burocratizado y altamente politizado en el que los debates doctrinarios de otrora fueron desplazados por las pugnas mezquinas por el poder de los puestos y la capacidad de nominar funcionarios judiciales en todos los rincones de la geografía nacional. Así mismo, se profundizará en los testimonios y las pruebas allegadas al proceso contra Pretelt para examinar, con total desprevención y absoluta curiosidad, la fuerza de las mismas y con ello proveerles a los lectores nueva información que les permita sacar sus propias conclusiones en un caso que ha estado dominado por versiones de prensa, especulaciones y filtraciones parciales de piezas procesales. La revisión pormenorizada de los señalamientos que se le hacen a Jorge Pretelt y las respuestas que sobre los mismos él ha dado son parte importante para el conocimiento integral de este debate. Aunque él ya fue condenado por los medios de comunicación, aún hay mucha información desconocida que merece ser revelada ante la opinión pública nacional.
