La ministra de Educación, Gina Parody, informó que son tres las entidades que presentan irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar en la región Caribe y el Norte de Santander, estas habrían manejado cerca de dos billones de pesos que debieron ser destinados en la alimentación de niños de escasos recursos.
“Estas redes se han sofisticado cada vez más para ganar contrataciones de alimentación escolar, una de sus tácticas es el cambio de nombres”, afirmó Gina Parody en una rueda de prensa.
La ministra y el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Víctor Saavedra, dieron a conocer los nombres de quienes integran estas entidades y pidieron a la Contraloría General de la República, la Procuraduría y a la Fiscalía que las investigan.
La primera entidad está integrada por Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo, quienes usaban fundaciones, consorcios y unidades temporales para celebrar contratos por un monto aproximado de $449.613 millones. desde 2007.
Las contrataciones se han realizado por medio de fundaciones como: Corporación para el Desarrollo de la Serranía del Perijá, CORPERIJÁ, Consorcio Años Dorados, Consorcio Nuevo País, Asoalimentarce, Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesa y Fundación Acción Social Integral, antes (Kábala) y antes (Fundación Pa Todo El Mundo).
La segunda entidad está integrada por Adiela Álvarez y Hugo Mario Álvarez, los encargados de celebrar contratos por un monto aproximado de $129.011 millones desde 2012. Para realizar estos contratos se usaron fundaciones como la Corporación Gestión del Recursos Social y Humano, el Consorcio Alimentos del Cesar, Consorcio Maná, Unión Temporal Nutrisantander (GERS - Nutricol), Fundalimentos y UT Ananias.
José Antonio Manrique es el titular de la tercera entidad, que se ha encargado de celebrar contratos de $262.426 millones desde 2012 en el Norte de Santander. Dichas contrataciones se han realizado mediante fundaciones como la Corporación Paz y Futuro y UT “Dadle vosotros de comer” Corporación Social Diócesis - Corporación Paz y Futuro).
Luego de realizar auditorías en Córdoba y Norte de Santander por las denuncias que se hicieron por el Programa de Alimentación Escolar, se encontraron 7.638 niños inexistentes, ante eso Parody afirmó que es necesario un control a las entidades que obtienen los contratos de alimentación.
"Estas redes han venido tejiéndose por años, son empresas que en muchas ocasiones no cumplen con los estándares y lineamientos para prestar el servicio y se han apoderado históricamente de este negocio. Por primera vez le estamos poniendo el rostro a quienes se esconden detrás de estas empresas", concluyó.
