El viernes pasado causó sorpresa la declaración que dio el presidente Juan Manuel Santos en la que propuso crear un tribunal especial para juzgar a los guerrilleros de las Farc en el posconflicto.
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Este tema junto con la implementación de los acuerdos sería estudiado por una comisión legislativa especial, propuesta que reemplazó a la del congresito que no tuvo eco, el cual integrarán congresistas de las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes y delegados de las Farc. A su vez esa comisión legislativa especial será creada a través de una reforma constitucional que el Gobierno radicará en los próximos días en el Congreso de la República.
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Kienyke.com consultó a varios expertos en temas judiciales sobre la pertinencia de un tribunal especial y cómo debe estar integrado, pues será no sólo el encargado de impartir las penas que deberán pagar los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad, sino también eventualmente también a agentes del Estado.
En lo que sí coincidieron estos especialistas es que a las Farc se les debe garantizar una doble instancia en el juzgamiento, sin importar qué clase de tribunal los vaya procesar.
De un lado, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar criticó la posibilidad de crear un tribunal especial.
“No concibo que un tribunal se cree después de ocurridos los hechos. Nuremberg, ciudad alemana donde se creó un tribunal especial para juzgar nazis, fue un atentado contra ese principio, por eso la humanidad tuvo que desarrollar un acuerdo y crear el tribunal de Roma y la Corte Penal Internacional. Cualquier forma de juzgamiento debe ser con tribunales preexistentes, y mucho menos donde vayan a participar los guerrilleros o sus delegados”, dijo.
Por su parte, el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez, también se mostró partidario de no crear un tribunal especial, sino dejar el juzgamiento de los guerrilleros en manos de la justicia ordinaria.
“En principio pienso que con los instrumentos actuales de justicia transicional se puede afrontar ese juzgamiento del posconflicto, y no veo tan indispensable la creación de un tribunal especial porque se han venido ajustando los organismos de justicia para hacer frente a esta justicia transicional. Sin embargo, hay que esperar además qué tipo de justicia se van acordar y qué temas salgan de los acuerdos de La Habana que no puedan implementarse desde el punto de vista judicial con los instrumentos actuales”.
Según señaló el también exprocurador general, hay un precedente en Colombia donde la justicia ordinaria juzgó a exguerrilleros.
“En el proceso de paz del presidente Virgilio Barco, los jueces de la República ordinarios juzgaron a los exintegrantes del M-19, sin cambiar la Constitución. No obstante, en el caso de justicia y paz, mediante una ley que tramitó el Congreso se creó un mecanismo especial que todavía persiste hoy día, los tribunales y jueces de justicia y paz para el proceso de paz con los paramilitares”.
De otro lado, la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, sí se mostró de acuerdo en crear un tribunal especial que juzgue a los guerrilleros que se vayan a desmovilizar, y dio detalles de cómo debe estar integrado.
“Las Farc han dicho que no creen y no se van a someter a la justicia colombiana. Bajo esa perspectiva, siendo yo miembro de la comisión de paz, le entregué al presidente Santos un documento sugiriéndole la creación de un tribunal mixto en Colombia, el cual ya tiene unos antecedentes internacionales, como en el caso de Camboya, Kosovo y Sierra Leona. Ese tribunal mixto estaría integrado por magistrados nacionales e internacionales, y le daría garantía al país y a las Farc de que va haber una aplicación imparcial de justicia”, dijo.
Según explicó la también excandidata presidencial, “los tribunales mixtos tienen una ventaja, y es que aplicarían la legislación internacional en materia de delitos contra el derecho internacional humanitario. Ahí podrían entrar exfiscales y exmagistrados de la Corte Penal Internacional, y en todo caso puede estar integrado por un número igual de magistrados nacionales e internacionales. Por su parte, los integrantes nacionales en principio deberían ser magistrados actuales, aunque eventualmente podría estar algún exmagistrado o uno de los juristas más reconocidos en materia de derecho penal”.
Ramírez afirmó que de todas maneras estos integrantes del tribunal especial deberán basar sus juicios con base en las investigaciones ya adelantas por las autoridades colombianas.
“Tenemos que garantizar una aplicación eficaz de la justicia, la celeridad es fundamental, y acá no podemos gastarnos varios años investigando de nuevo las grandes masacres en las que han cometido las Farc en el país. Si la Fiscalía ha tenido un aumento significativo de recursos, no nos pueden decir que van a empezar de ceros”.
Por otra parte, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, alertó que no sería viable tramitar en el Congreso un proyecto de acto legislativo para crear esa comisión legislativa especial encargada de constituir ese tribunal del posconflicto.
“Para crear esa comisión legislativa especial tiene que ser incluida en una reforma constitucional, la cual debe ser tramitada en dos períodos legislativos ordinarios y consecutivos, o sea más o menos un año se demoraría. Si es legislativa esa comisión, o sea que va hacer leyes, y no comparto esa idea de crearla porque estaría sustituyendo al Congreso, porque si tenemos al parlamento, para qué crear una comisión especial. Igual, si se crea, tiene que ser por reforma constitucional y habría un problema de tiempo, porque si los acuerdos ya están ad portas, habría que esperar un año para que se cree la comisión, y después hasta que esta apruebe las normas que se vayan aplicar en el postconflicto”.
El exmagistrado sugirió que ese tribunal especial que juzgue a los insurgentes desmovilizados se cree directamente a través de una reforma a la Constitución, y no por una comisión legislativa alterna o una Asamblea Nacional Constituyente.
“El marco jurídico para la paz le otorga al presidente de la República una serie de atribuciones, pero creo que tratándose de la conformación de un tribunal, podría ameritar una reforma constitucional, aunque todo depende del contenido de la norma que sea convenida en La Habana”.
Hernández de todas maneras aseguró que de crearse ese tribunal especial, sus integrantes no pueden ser actuales jueces o magistrados, sino que debe ser una norma la que establezca los requisitos para ser el juez o magistrado de ese tribunal y cómo será el proceso de selección. Entre los requisitos debe establecerse como base que sea un abogado penalista y acreditar la respectiva experiencia.
“No concibo que un tribunal se cree después de ocurridos los hechos. Nuremberg, ciudad alemana donde se creó un tribunal especial para juzgar nazis, fue un atentado contra ese principio, por eso la humanidad tuvo que desarrollar un acuerdo y crear el tribunal de Roma y la Corte Penal Internacional. Cualquier forma de juzgamiento debe ser con tribunales preexistentes, y mucho menos donde vayan a participar los guerrilleros o sus delegados”, dijo.
Por su parte, el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez, también se mostró partidario de no crear un tribunal especial, sino dejar el juzgamiento de los guerrilleros en manos de la justicia ordinaria.
“En principio pienso que con los instrumentos actuales de justicia transicional se puede afrontar ese juzgamiento del posconflicto, y no veo tan indispensable la creación de un tribunal especial porque se han venido ajustando los organismos de justicia para hacer frente a esta justicia transicional. Sin embargo, hay que esperar además qué tipo de justicia se van acordar y qué temas salgan de los acuerdos de La Habana que no puedan implementarse desde el punto de vista judicial con los instrumentos actuales”.
Según señaló el también exprocurador general, hay un precedente en Colombia donde la justicia ordinaria juzgó a exguerrilleros.
“En el proceso de paz del presidente Virgilio Barco, los jueces de la República ordinarios juzgaron a los exintegrantes del M-19, sin cambiar la Constitución. No obstante, en el caso de justicia y paz, mediante una ley que tramitó el Congreso se creó un mecanismo especial que todavía persiste hoy día, los tribunales y jueces de justicia y paz para el proceso de paz con los paramilitares”.
De otro lado, la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, sí se mostró de acuerdo en crear un tribunal especial que juzgue a los guerrilleros que se vayan a desmovilizar, y dio detalles de cómo debe estar integrado.
“Las Farc han dicho que no creen y no se van a someter a la justicia colombiana. Bajo esa perspectiva, siendo yo miembro de la comisión de paz, le entregué al presidente Santos un documento sugiriéndole la creación de un tribunal mixto en Colombia, el cual ya tiene unos antecedentes internacionales, como en el caso de Camboya, Kosovo y Sierra Leona. Ese tribunal mixto estaría integrado por magistrados nacionales e internacionales, y le daría garantía al país y a las Farc de que va haber una aplicación imparcial de justicia”, dijo.
Según explicó la también excandidata presidencial, “los tribunales mixtos tienen una ventaja, y es que aplicarían la legislación internacional en materia de delitos contra el derecho internacional humanitario. Ahí podrían entrar exfiscales y exmagistrados de la Corte Penal Internacional, y en todo caso puede estar integrado por un número igual de magistrados nacionales e internacionales. Por su parte, los integrantes nacionales en principio deberían ser magistrados actuales, aunque eventualmente podría estar algún exmagistrado o uno de los juristas más reconocidos en materia de derecho penal”.
Ramírez afirmó que de todas maneras estos integrantes del tribunal especial deberán basar sus juicios con base en las investigaciones ya adelantas por las autoridades colombianas.
“Tenemos que garantizar una aplicación eficaz de la justicia, la celeridad es fundamental, y acá no podemos gastarnos varios años investigando de nuevo las grandes masacres en las que han cometido las Farc en el país. Si la Fiscalía ha tenido un aumento significativo de recursos, no nos pueden decir que van a empezar de ceros”.
Por otra parte, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, alertó que no sería viable tramitar en el Congreso un proyecto de acto legislativo para crear esa comisión legislativa especial encargada de constituir ese tribunal del posconflicto.
“Para crear esa comisión legislativa especial tiene que ser incluida en una reforma constitucional, la cual debe ser tramitada en dos períodos legislativos ordinarios y consecutivos, o sea más o menos un año se demoraría. Si es legislativa esa comisión, o sea que va hacer leyes, y no comparto esa idea de crearla porque estaría sustituyendo al Congreso, porque si tenemos al parlamento, para qué crear una comisión especial. Igual, si se crea, tiene que ser por reforma constitucional y habría un problema de tiempo, porque si los acuerdos ya están ad portas, habría que esperar un año para que se cree la comisión, y después hasta que esta apruebe las normas que se vayan aplicar en el postconflicto”.
El exmagistrado sugirió que ese tribunal especial que juzgue a los insurgentes desmovilizados se cree directamente a través de una reforma a la Constitución, y no por una comisión legislativa alterna o una Asamblea Nacional Constituyente.
“El marco jurídico para la paz le otorga al presidente de la República una serie de atribuciones, pero creo que tratándose de la conformación de un tribunal, podría ameritar una reforma constitucional, aunque todo depende del contenido de la norma que sea convenida en La Habana”.
Hernández de todas maneras aseguró que de crearse ese tribunal especial, sus integrantes no pueden ser actuales jueces o magistrados, sino que debe ser una norma la que establezca los requisitos para ser el juez o magistrado de ese tribunal y cómo será el proceso de selección. Entre los requisitos debe establecerse como base que sea un abogado penalista y acreditar la respectiva experiencia.
