Una puja entre el Concejo de Bogotá y el Distrito se vive por estos días en torno a un proyecto de acuerdo que busca salvar vidas con la instalación de desfibriladores o equipos de reanimación en sitios públicos de la ciudad.
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Aunque la Secretaría de Salud ve con buenos ojos la iniciativa, que está a un paso de ser aprobada en el Concejo, tanto las secretarías de Hacienda y de Gobierno rechazaron la misma por su alto impacto fiscal.
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¿Qué es un desfibrilador? ¿Cuál es su valor? ¿Cuántos se van a instalar? ¿En qué sitios?
El desfibrilador externo automático, DEA, es un dispositivo médico electrónico portátil que genera corriente de descarga al corazón a través del tórax, para que este detenga la contracción desordenada de las fibras musculares y permita que el corazón vuelva a un ritmo normal saliendo del paro.
Con la instalación de estos equipos se busca “reducir las cifras de muerte súbita ocurrida como consecuencia de paro cardíaco e infarto ocurridos en espacios de uso público o en entidades distritales”, dice el proyecto de acuerdo cuyo autor es el concejal liberal Horacio José Serpa.
De hecho, el concejal afirmó que según estadísticas sobre las muertes más comunes que hay en la ciudad, la más relevante es producida por el infarto y el paro cardiorrespiratorio. “Según reportes del año 2012, del total de muertes por enfermedades crónicas, 16.312, el infarto representa la causa del 16.1% y del total de muertes por todas las causas, 189.903, el 1.3%”.
Según el proyecto, estos equipos de reanimación se instalarán en entidades públicas del Distrito, bibliotecas, parques, centros educativos, universidades, estadios, coliseos, lugares para la realización masiva de actividades deportivas, terminales de transporte, el aeropuerto El Dorado, estaciones y portales de Transmilenio, “y en general cualquier espacio público donde exista alta afluencia de personas o población flotante estacionaria o temporal de 500 o más personas”. Esta iniciativa ya se ha implementado en otros países como Uruguay y España.
De aprobarse este proyecto de acuerdo por el Concejo y una vez sea sancionado por el alcalde del Distrito, éste último tendrá que escoger de una lista de proveedores el que más crea conveniente para comprar los equipos. KienyKe.com conoció la información y precios que ofrecen estos proveedores, consignados en un informe hecho por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, del que hace parte el Ministerio de Salud, cuya misión es contribuir al desarrollo de mejores políticas públicas y prácticas asistenciales en salud.
Uno de los proveedores ofrece cada desfibrilador en nueve millones de pesos, que incluye una visita de un técnico por año de garantía y el entrenamiento para manejarlo. El proveedor más barato oferta el equipo en cuatro millones de pesos sin incluir el entrenamiento de la persona encargada de manipularlo.
El concejal Serpa le explicó a este medio digital que para hacer viable la iniciativa, cada entidad donde se vaya instalar el desfibrilador debe costear su valor y la respectiva capacitación de su uso, para no dejar la financiación de la norma en cabeza de una sola.
Concejal Horacio José Serpa.
“Las entidades distritales tienen unos recursos asignados para gastos de funcionamiento y operación. Dentro de estos gastos, hay unos recursos para prevención de accidentes, que se pueden aprovechar para comprar estos equipos”, dijo.
De igual manera, este medio digital conoció los distintos conceptos que rindieron varias secretarías del Distrito frente a esta iniciativa. A mediados de este año la Secretaría Distrital de Salud indicó que el proyecto es viable “y necesario para la ciudad, y para la Secretaría no generaba gastos adicionales, aunque sin embargo para cada uno de los destinatarios sí se genera un costo en la medida en que deberán comprar el desfibrilador”.
Por su parte, la Secretaría de Educación indicó que “comparte plenamente la intencionalidad del proyecto", pero agrega: "No la consideramos viable si permanece radicada en cabeza de las entidades públicas o de particulares”, pues en la mayoría de los casos su misión no es la prestación del servicio de salud, por lo que sugirió que la responsabilidad debería llevarla la Secretaría de Salud”.
De otro lado, la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno consideró que “el Concejo de Bogotá no tiene la competencia para presentar la iniciativa, toda vez que el objeto de la misma corresponde a la órbita de la acción administrativa, cuya dirección compete al Alcalde Mayor”.
Por último, la Secretaría de Hacienda también rindió concepto negativo argumentando el gran impacto fiscal que tendrá la implementación de la iniciativa.
Por otra parte, KienyKe.com habló con la ponente de la iniciativa, la concejal Lucy Jimena Toro, quien descartó que el valor de los desfibriladores sea trasladado a las entidades que tendrán que adquirirlos, por ejemplo en el caso de los terminales de transporte y Transmilenio.
Concejal Lucy Jimena Toro.
Uno de los cambios que hizo la concejal Toro al proyecto inicial es que su implementación se hará de manera gradual, empezando por los sitios donde haya más aglomeración de personas, como el estadio El Campín, parques como el Simón Bolívar y los portales de Transmilenio.
Concejal Horacio José Serpa.
“Las entidades distritales tienen unos recursos asignados para gastos de funcionamiento y operación. Dentro de estos gastos, hay unos recursos para prevención de accidentes, que se pueden aprovechar para comprar estos equipos”, dijo.
De igual manera, este medio digital conoció los distintos conceptos que rindieron varias secretarías del Distrito frente a esta iniciativa. A mediados de este año la Secretaría Distrital de Salud indicó que el proyecto es viable “y necesario para la ciudad, y para la Secretaría no generaba gastos adicionales, aunque sin embargo para cada uno de los destinatarios sí se genera un costo en la medida en que deberán comprar el desfibrilador”.
Por su parte, la Secretaría de Educación indicó que “comparte plenamente la intencionalidad del proyecto", pero agrega: "No la consideramos viable si permanece radicada en cabeza de las entidades públicas o de particulares”, pues en la mayoría de los casos su misión no es la prestación del servicio de salud, por lo que sugirió que la responsabilidad debería llevarla la Secretaría de Salud”.
De otro lado, la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno consideró que “el Concejo de Bogotá no tiene la competencia para presentar la iniciativa, toda vez que el objeto de la misma corresponde a la órbita de la acción administrativa, cuya dirección compete al Alcalde Mayor”.
Por último, la Secretaría de Hacienda también rindió concepto negativo argumentando el gran impacto fiscal que tendrá la implementación de la iniciativa.
Por otra parte, KienyKe.com habló con la ponente de la iniciativa, la concejal Lucy Jimena Toro, quien descartó que el valor de los desfibriladores sea trasladado a las entidades que tendrán que adquirirlos, por ejemplo en el caso de los terminales de transporte y Transmilenio.
Concejal Lucy Jimena Toro.
Uno de los cambios que hizo la concejal Toro al proyecto inicial es que su implementación se hará de manera gradual, empezando por los sitios donde haya más aglomeración de personas, como el estadio El Campín, parques como el Simón Bolívar y los portales de Transmilenio.
