En medio de la controversia que se generó tras la propuesta de una asamblea nacional constituyente por parte del presidente Gustavo Petro, desde la presidencia se compartió un abecé de lo que se espera con esta iniciativa y los alcances que tendría la misma.
El texto explicativo, que está dividido en varias secciones, inicia aclarando qué es una constituyente, cómo se lleva a cabo y defendiendo, según explica el gobierno, que se trata de un mecanismo democrático.
En primera instancia, se asegura que la constituyente es una posibilidad democrática que se estipuló desde la creación de la constitución de 1991, acotando que es el pueblo quien decide si este mecanismo es utilizado o no. “El presidente no decide el futuro de una Asamblea Nacional Constituyente”, se lee en el texto.
Además, manifiesta que el objetivo de esta propuesta no sería el de recuperar los diferentes proyectos de reforma social que se han debatido en diferentes instancias dentro del Congreso de la República, sino garantizar mejores condiciones de vida para los ciudadanos en aspectos que, al momento, no permite la carta política.
Las razones detrás de la propuesta
Según argumenta el gobierno por medio del abecé publicado, una constituyente no necesariamente busca cambiar todo lo que está estipulado en la actual carta magna, sino que hace parte de una actualización, según las necesidades de los tiempos actuales.
Para el gobierno de Petro, esta propuesta tendría como objetivo “Cambiar el régimen de facto” que actualmente existe en el país, argumentando que la orden de esto la dio el pueblo mediante las votaciones a la presidencia.
Además, asegura que con la constitución del 91, los poderes que en esta se crean no han tenido la oportunidad de ejercer ni de desarrollar sus respectivas labores.
Según argumenta este texto compartido por la presidencia, la constitución de 1991 generó que se creara un régimen mafioso, fallando en la construcción de un estado social de derecho como se estipula en la carta magna.
Los objetivos detrás de la constituyente
El gobierno de Gustavo Petro, con esta propuesta, tiene como propósitos cumplir con seis objetivos que se planteó desde el principio de su gobierno. No obstante, cabe aclarar que dejó fue tajante en que, con esto, no busca la reelección.
En primer lugar, el gobierno buscaría la forma de poder implementar, de manera efectiva, los acuerdos de paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016, en especial los temas de la reforma agraria.
Además, aunque el documento señala que no desea rescatar las reformas del cambio que no han prosperado en el Congreso, manifiesta que quiere garantizar las condiciones dignas de vida de los ciudadanos en lo que se refiere a la salud, pensiones y el acceso a agua potable.
En tercer lugar, se habla de una reforma judicial, la cual tendría como objetivo acercar esta rama de poder al pueblo colombiano y que “tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías en términos de no repetición”.
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Aquí se asegura que se respetaría la independencia de los poderes, como está estipulado en la actual constitución, no obstante se trataría de modificar las entidades para que estén enfocadas en la verdad, la reconciliación y la reparación a las víctimas.
Dentro de los objetivos, también se habla del cambio climático, los procesos de paz en el país y la consolidación de un reordenamiento territorial en donde se prioricen las diferentes autonomías locales.
Por último, se aseguró en el abecé que la propiedad privada seguiría respetándose, por lo que no se presentarían actos de expropiación y también se explicó que, este proceso, no necesariamente debería realizarse antes del 2026, año en el que Gustavo Petro termina su presidencia.
