Lejos de suavizar el ambiente político, caldeado por la profunda polarización y una de las crisis económicas más atroces que ha enfrentado Venezuela, el gobierno de ese país propinó una nueva y dolorosa estocada a la oposición.
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El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que es la policía política de la presidencia, realizó una escandalosa detención contra el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en un operativo a todas luces cuestionado, en especial por la violenta forma como se produjo.
La gravedad del hecho sacudió no solo al país bolivariano sino al mundo. Desde el Palacio de Miraflores se ordenaba la aprehensión del político que ostenta el segundo cargo ejecutivo más importante del país, después de la presidencia.
Ledezma, una de las fichas clave de la oposición, se encontraba en su oficina cuando un grupo de agentes, algunos encapuchados, irrumpieron amenazantes con sus armas, rompiendo vidrios y puertas, hasta encontrar a su objetivo y sacarlo con brusquedad “como si se tratara del terrorista más buscado”, según declaró su esposa, Mitzy Capriles.
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Durante el operativo no fueron revelados los motivos de la detención. La noticia, que empezó siendo descrita como un “secuestro político”, se regó como pólvora por el continente.
Pocas horas más tarde, el presidente Nicolás Maduro confirmó lo temido: Antonio Ledezma era objetivo político del chavismo, y se utilizaría al sistema judicial para someterlo a juicio.
"Lo llaman el vampiro, pero no lo llamo yo, lo llaman varias generaciones de venezolanos, el señor Ledezma, Antonio Ledezma", dijo Maduro y afirmó que el dirigente opositor "estuvo en el golpe de Estado" contra su antecesor, el presidente Hugo Chávez, en abril de 2002, y en "todas las conspiraciones". "(Ledezma) Va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la Constitución", sentenció el mandatario.
La pasada semana el alcalde del municipio Libertador de Caracas, el chavista Jorge Rodríguez, había acusado a Ledezma y al diputado opositor Julio Borges de ser los autores intelectuales del intento de golpe de Estado, supuestamente desarticulado el pasado miércoles.
Nicolás Maduro, antes que las autoridades judiciales, notificó al país y a Ledezma sobre su captura, en un discurso en cadena nacional.
El presidente del parlamento venezolano, el oficialista Diosdado Cabello, aseguró por su parte que en el supuesto complot, identificado como "plan Jericó", estaban involucrados los opositores Ledezma, Borges, María Corina Machado y Diego Arria, exembajador de Venezuela en la ONU.
Un manifiesto desató la ira de Maduro
La prueba reina que dice tener el gobierno de Nicolás Maduro para vincular a Ledezma en el supuesto plan golpista es un documento publicado hace algunos días en el diario 'El Nacional' y denominado “Acuerdo Nacional de Transición”.
Ledezma, quien es alcalde de la capital desde 2008, firmó con Maria Corina Machado y Leopoldo López ese manifiesto, que en un análisis objetivo no contiene planes para propiciar la caída de Maduro del poder.
La frase más fuerte que tiene el Acuerdo, calificado como plan golpista, advierte sobre las consecuencias de la crisis económica sobre la gobernabilidad nacional. “Es claro que el régimen no resolverá la crisis y que el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal”.
Leopoldo López (izq) y Antonio Ledezma (der), son los dos máximos líderes de oposición que están encarcelados.
Las propuestas de ese manifiesto incluyen una “agenda política- institucional” para “restituir las libertades conculcadas”. También sugiere “restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas y los derechos humanos, liberar a los presos políticos, facilitar el inmediato retorno de los exiliados y solicitar del sistema judicial la apertura de los procesos a que haya lugar para el castigo de delitos graves cometidos al amparo del poder gubernamental”.
Lea también: “Maduro es una mala copia de todo”, dice María Corina Machado.
También exigen “reponer el ejercicio efectivo de la libertad de expresión” y enseguida plantean una agenda para “atender la emergencia social”, dentro de lo que se expone “Restablecer a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos (y) Enfrentar como prioridad de Estado la emergencia de seguridad ciudadana”.
El oficialismo estima que este documento es prueba suficiente de una nueva conspiración que se gesta contra el chavismo, en el poder desde 1998.
“Habrá un puño de hierro chavista” contra los opositores, anunció el mismo Nicolás Maduro, al tiempo de advertir que el presidente del parlamento, Diosdado Cabello, tiene la misión de planear una iniciativa legislativa para castigar a quienes “hacen política armada y luego vienen con caras de corderitos a participar en elecciones".
La ofensiva hasta ahora comienza
Hace apenas un año uno de los máximos líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López, fue recluido en la prisión de Ramo Verde bajo acusaciones de conspirador y ser responsable por las muertes que dejaron las jornadas de protesta que tuvieron su clímax el 12 de febrero de 2014.
La detención de Ledezma es el segundo mayor golpe a la baraja de líderes populares del antichavismo. Y al parecer, el feroz “Madurazo” contra sus contendientes políticos no se detendrá acá.
En cadena nacional, el presidente Nicolás Maduro confirmó la captura de Ledezma y anunció la inminente detención de otros líderes, que en su opinión, amenazan con la estabilidad de su gobierno.
Los siguientes en caer podrían ser dos diputados y un excandidato presidencial. La semana entrante, el bloque oficialista parlamentario prepara una solicitud de “allanamiento a la inmunidad” de los disputados Julio Borges y María Corina Machado, según anticiparon diputados chavistas a KienyKe.com.
De esta forma, solicitarán a la Fiscalía que se abra una investigación contra Borges, para propiciar su captura. El mismo destino le podría esperar a María Corina Machado, quien ya ha reconocido en entrevistas y a través de Twitter que es cuestión de “horas” o de “días” para que la policía política gubernamental la sorprenda.
(De izquierda a derecha) Julio Borges, Henrique Capriles y María Corina Machado estaría en la mira del chavismo.
En la lista también estaría el excandidato presidencial, Henrique Capriles, a quien -para muchos- Maduro aludió durante sus declaraciones en la noche del miércoles. En espera dejarían al exembajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, quien vive en Estados Unidos y es calificado como uno de los “conspiradores” contra el gobierno actual desde el exterior.
Una estrategia de cara a las elecciones
En la misma alocución en la que informaba sobre la detención de Antonio Ledezma, Nicolás Maduro reconocía que tienen pensado adelantar para junio las elecciones en las que se debe renovar la Asamblea Nacional.
El chavismo tiene mayorías parlamentarias, pero la crisis del país y el descontento popular podría amenazar su control sobre el órgano legislativo.
Es común que esas elecciones se realicen entre noviembre y diciembre, pero las últimas encuestas hablan de un constante descenso en la popularidad de Nicolás Maduro y su gobierno, que ronda su aceptación entre el 10 y 20%.
No resultaría extraño que la arremetida judicial contra las principales cabezas de la oposición busque, entre otros objetivos, dejarlos muy debilitados para las campañas a la Asamblea. Esa debilidad debería ser aprovechada lo más pronto posible, y por ello el interés por realizar las elecciones con prontitud.
De otro lado, Maduro se jugó la posibilidad de poner en boca del mundo a Venezuela, en momentos en que la escasez de alimentos sigue implacable. Insistió en que su país es víctima de una conspiración, ahora dirigida entre Bogotá-Miami-Madrid, y que hay intenciones por hacerle daño a Venezuela.
Líderes del mundo y organizaciones internacionales reclamaron a Maduro por esas acusaciones. Estados Unidos fue contundente y le pidió dejar de “distraer de los problemas reales” que enfrenta el país caribeño.
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Nicolás Maduro, antes que las autoridades judiciales, notificó al país y a Ledezma sobre su captura, en un discurso en cadena nacional.
El presidente del parlamento venezolano, el oficialista Diosdado Cabello, aseguró por su parte que en el supuesto complot, identificado como "plan Jericó", estaban involucrados los opositores Ledezma, Borges, María Corina Machado y Diego Arria, exembajador de Venezuela en la ONU.
Un manifiesto desató la ira de Maduro
La prueba reina que dice tener el gobierno de Nicolás Maduro para vincular a Ledezma en el supuesto plan golpista es un documento publicado hace algunos días en el diario 'El Nacional' y denominado “Acuerdo Nacional de Transición”.
Ledezma, quien es alcalde de la capital desde 2008, firmó con Maria Corina Machado y Leopoldo López ese manifiesto, que en un análisis objetivo no contiene planes para propiciar la caída de Maduro del poder.
La frase más fuerte que tiene el Acuerdo, calificado como plan golpista, advierte sobre las consecuencias de la crisis económica sobre la gobernabilidad nacional. “Es claro que el régimen no resolverá la crisis y que el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal”.
Leopoldo López (izq) y Antonio Ledezma (der), son los dos máximos líderes de oposición que están encarcelados.
Las propuestas de ese manifiesto incluyen una “agenda política- institucional” para “restituir las libertades conculcadas”. También sugiere “restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas y los derechos humanos, liberar a los presos políticos, facilitar el inmediato retorno de los exiliados y solicitar del sistema judicial la apertura de los procesos a que haya lugar para el castigo de delitos graves cometidos al amparo del poder gubernamental”.
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También exigen “reponer el ejercicio efectivo de la libertad de expresión” y enseguida plantean una agenda para “atender la emergencia social”, dentro de lo que se expone “Restablecer a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos (y) Enfrentar como prioridad de Estado la emergencia de seguridad ciudadana”.
El oficialismo estima que este documento es prueba suficiente de una nueva conspiración que se gesta contra el chavismo, en el poder desde 1998.
“Habrá un puño de hierro chavista” contra los opositores, anunció el mismo Nicolás Maduro, al tiempo de advertir que el presidente del parlamento, Diosdado Cabello, tiene la misión de planear una iniciativa legislativa para castigar a quienes “hacen política armada y luego vienen con caras de corderitos a participar en elecciones".
La ofensiva hasta ahora comienza
Hace apenas un año uno de los máximos líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López, fue recluido en la prisión de Ramo Verde bajo acusaciones de conspirador y ser responsable por las muertes que dejaron las jornadas de protesta que tuvieron su clímax el 12 de febrero de 2014.
La detención de Ledezma es el segundo mayor golpe a la baraja de líderes populares del antichavismo. Y al parecer, el feroz “Madurazo” contra sus contendientes políticos no se detendrá acá.
En cadena nacional, el presidente Nicolás Maduro confirmó la captura de Ledezma y anunció la inminente detención de otros líderes, que en su opinión, amenazan con la estabilidad de su gobierno.
Los siguientes en caer podrían ser dos diputados y un excandidato presidencial. La semana entrante, el bloque oficialista parlamentario prepara una solicitud de “allanamiento a la inmunidad” de los disputados Julio Borges y María Corina Machado, según anticiparon diputados chavistas a KienyKe.com.
De esta forma, solicitarán a la Fiscalía que se abra una investigación contra Borges, para propiciar su captura. El mismo destino le podría esperar a María Corina Machado, quien ya ha reconocido en entrevistas y a través de Twitter que es cuestión de “horas” o de “días” para que la policía política gubernamental la sorprenda.
(De izquierda a derecha) Julio Borges, Henrique Capriles y María Corina Machado estaría en la mira del chavismo.
En la lista también estaría el excandidato presidencial, Henrique Capriles, a quien -para muchos- Maduro aludió durante sus declaraciones en la noche del miércoles. En espera dejarían al exembajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, quien vive en Estados Unidos y es calificado como uno de los “conspiradores” contra el gobierno actual desde el exterior.
Una estrategia de cara a las elecciones
En la misma alocución en la que informaba sobre la detención de Antonio Ledezma, Nicolás Maduro reconocía que tienen pensado adelantar para junio las elecciones en las que se debe renovar la Asamblea Nacional.
El chavismo tiene mayorías parlamentarias, pero la crisis del país y el descontento popular podría amenazar su control sobre el órgano legislativo.
Es común que esas elecciones se realicen entre noviembre y diciembre, pero las últimas encuestas hablan de un constante descenso en la popularidad de Nicolás Maduro y su gobierno, que ronda su aceptación entre el 10 y 20%.
No resultaría extraño que la arremetida judicial contra las principales cabezas de la oposición busque, entre otros objetivos, dejarlos muy debilitados para las campañas a la Asamblea. Esa debilidad debería ser aprovechada lo más pronto posible, y por ello el interés por realizar las elecciones con prontitud.
De otro lado, Maduro se jugó la posibilidad de poner en boca del mundo a Venezuela, en momentos en que la escasez de alimentos sigue implacable. Insistió en que su país es víctima de una conspiración, ahora dirigida entre Bogotá-Miami-Madrid, y que hay intenciones por hacerle daño a Venezuela.
Líderes del mundo y organizaciones internacionales reclamaron a Maduro por esas acusaciones. Estados Unidos fue contundente y le pidió dejar de “distraer de los problemas reales” que enfrenta el país caribeño.
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